Dos malos candidatos

La disputa por la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta en la Jefatura de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha dado lugar a la aparición de no menos de cinco precandidatos en Juntos por el Cambio.

Entre quienes hasta ahora han anunciado su intención de postularse se encuentran dos funcionarios del gobierno porteño. Son ellos el ministro de Gobierno, Jorge Macri, quien tiene la particularidad de ser intendente de Vicente López en uso de licencia, y el ministro de Salud, Fernán Quirós. Además de ellos, han expresado su voluntad de luchar por suceder a Rodríguez Larreta el senador nacional Martín Lousteau, desde el radicalismo; el diputado nacional Ricardo López Murphy, desde Republicanos Unidos, y, más recientemente, Graciela Ocaña, desde su espacio Confianza Pública.

Dos de los principales precandidatos, Macri y Lousteau, han sido objeto, por diferentes motivos, de cuestionamientos, en principio, justificados.

El salto de Jorge Macri desde Vicente López hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires provocó, con razón, una enorme controversia. El precandidato porteño abandonó el municipio que venía gobernando desde 2011, dejando en su lugar a la concejala Soledad Martínez. Aun así, cuando le parece que alguna circunstancia requiere que retome sus funciones, Jorge Macri regresa a su municipio y se calza los zapatos de titular del Ejecutivo. Esa misma propensión a aferrarse a los cargos se vio claramente en las últimas semanas. El precandidato fue incapaz de renunciar al Ministerio de Gobierno de la Ciudad luego de expresar en público su disidencia con el sistema electoral adoptado por su superior, el jefe de gobierno. Más aún, lanzó sus objeciones antes de que esa decisión se hiciera pública. Estamos ante una peligrosa y significativa liviandad porque la administración de las elecciones es, precisamente, la principal función de su cartera. Su conducta, o inconducta, introduce además otra llamativa anomalía pues, como consecuencia de su falta de apoyo a la medida, dichas funciones le fueron retiradas. Imperturbable, sin embargo, Jorge Macri se mantiene en el cargo.

Incurrió también en cuestionables duplicidades cuando, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, gobernaba Vicente López y a la vez ejercía la presidencia del Grupo Bapro, del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Lo que fue, por decir lo menos, una tan grosera como insolente desprolijidad, inspiró reproches por nepotismo, ya que el máximo líder de Pro, la fuerza política a la que pertenecía el gobierno provincial, era Mauricio Macri, primo del beneficiado. Hoy, el expresidente, lejos de aventar esas presunciones, las convierte en cuasi certezas. En lugar de desempeñar un liderazgo de equilibrio y armonización como el que de él se esperaría, ha reducido su rol a ser el principal impulsor de la candidatura de su primo. Como si la ciudad fuera un patrimonio familiar que demanda continuidades con dudosos fines.

Aquella simultaneidad bonaerense generó controversias institucionales, un problema que vuelve a asomar ahora porque, para muchos juristas, es indiscutible que el precandidato a jefe de gobierno porteño no cumple con el tiempo de residencia exigido por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un requisito ineludible que él se empeña en tratar de justificar.

Para postularse como candidato se debe ser nativo de la ciudad o poseer una residencia habitual y permanente no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección. Se sabe que Jorge Macri no nació en la Capital Federal, sino en Tandil y, si bien hoy habita en el barrio de Palermo, corresponderá a la Justicia local constatar si cumple con los años de residencia ininterrumpida que fija como condición la Constitución porteña.

No es esta la única objeción que se le ha formulado al primo del expresidente Macri. Ocurre que su gestión al frente de la intendencia de Vicente López se ha visto empañada por no pocas decisiones que contradicen promesas de campaña del hasta hace poco jefe comunal de ese partido.

Tal como informó días atrás LA NACION, en 2011, poco antes de asumir la intendencia, Jorge Macri prometió que terminaría con las excepciones inmobiliarias en el distrito. “Las excepciones son corruptas e injustas. Generan corrupción y un mal desarrollo urbano. Quiero asumir un compromiso muy transparente: se acabó la excepción en Vicente López si somos gobierno”, se jactaba en aquel entonces. Sin embargo, en los ocho años en los que Macri estuvo al frente de la gestión municipal, se aprobaron no menos de 364 excepciones inmobiliarias, según registros de la propia municipalidad, aunque de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil ese número podría elevarse a más de 500. Una simple comparación con la gestión anterior del intendente Enrique García, que se prolongó a lo largo de 24 años, entre 1987 y 2011, se registraron menos excepciones: unas 350. Cabe también recordar que, aunque Macri pretenda adjudicarse los méritos de haber construido el corredor costero de Vicente López, fue su antecesor el verdadero artífice de dicha transformación.

No podemos dejar de mencionar tampoco la adquisición en 2014, sin licitación ni concurso público, de unas 20 camionetas para patrullar el municipio en la concesionaria Treos Investment SA, de su hermana Daniela.

Hay antecedentes que tampoco hablan bien de Martín Lousteau. En particular, ligados a su paso por el Ministerio de Economía durante la primera presidencia de Cristina Kirchner y su ferviente impulso a la resolución 125, que establecía las retenciones móviles a las exportaciones agrícolas, de la que fue su autor intelectual y que resultó finalmente rechazada por el Senado por el voto negativo del vicepresidente Julio Cobos en 2008.

Por aquel entonces, Lousteau, a contramano de lo que sostenía su actual partido político, consideraba que la soja tenía “profundos efectos en el resto de la actividad productiva”, ya que “encarece el precio de la tierra, tiene efectos sobre el suelo como monocultivo, tiene impacto laboral muy bajo”, al tiempo que cuestionaba “la concentración de la tierra”.

Además de su polémico pasado como ministro de Cristina Kirchner, Lousteau nunca terminó de aclarar si la consultora de la que sería propietario, según surge de su declaración jurada patrimonial, provee informes al Congreso de la Nación por los que habría facturado importantes sumas de dinero. Según información publicada en el sitio El Disenso, el senador radical es propietario del 60% de LCG SA, una consultora especializada en macroeconomía y política que le habría vendido informes y proyecciones a la Oficina de Presupuesto del Congreso, según se desprende de contratos correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022, por un total de 1.690.500 pesos. La citada consultora tiene como integrantes de su directorio a Lousteau, como presidente, y a Emiliano Yacobitti como director suplente, de acuerdo con el acta de la asamblea general ordinaria del 20 de octubre de 2020. Se trataría, en principio, de negocios incompatibles con la función pública que no deberían ser consentidos por quienes esperan que la mayor coalición opositora encarne una alternativa alejada de la vieja política, que se caracterice por la probidad de sus dirigentes y que vele por la transparencia republicana.

Demasiadas sombras oscurecen la trayectoria ya no de Lousteau, sino del grupo político al que pertenece. Entre ellas se destaca la que se cierne sobre el control del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad, que dirige José Luis Giusti. Las anomalías que, lamentablemente, allí se verifican son habituales en varias áreas del gobierno porteño. En este caso, contratos de concesión con cánones desactualizados en beneficio de empresarios que pagan sumas ridículas para asegurarse millonarios negocios.

La dirigencia de las fuerzas políticas que integran la coalición de Juntos por el Cambio debería reflexionar seriamente sobre los beneficios de postular para la Jefatura de Gobierno porteña a dirigentes flojos de papeles y con tan cuestionables antecedentes como Jorge Macri y Martín Lousteau. Mientras la sociedad espera que dicha fuerza lidere el impostergable proceso de regeneración y saneamiento ético que pueda devolverle la confianza en la política, sus dirigentes se ufanan de ser superiores a sus competidores cuando está visto que, en los casos mencionados, carecen claramente de las más mínimas credenciales que los avalen.