Una batalla de fondo entre poder y lobby
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LA NACION
En medio del inútil griterío y de las inservibles peleas, un debate profundo está sucediendo lejos de la mirada de la sociedad argentina. Refiere a la posición del país sobre la inscripción de patentes e innovaciones, incluidas las medicinales, pero no solo ellas, aunque tiene a los laboratorios farmacéuticos como protagonistas principales. Sucede algo más grave: la Argentina está fuera del sistema mundial de patentamientos y eso afecta a empresas, innovadores y científicos del Conicet, que no pueden inscribir sus trabajos en el país. Desde ya, los laboratorios medicinales argentinos, que sí quieren seguir siendo una de las pocas excepciones en el mundo fuera del régimen internacional de patentes, son un poderoso lobby a favor del statu quo, en el que rige cierta ilegalidad. Los laboratorios farmacéuticos son un sector económico riquísimo; sus dueños tienen incalculables fortunas y algunos acostumbran a hacer una ostentación de riqueza como no se ve en ningún otro grupo empresario. Ellos venden medicamentos, muchos de los cuales determinan la vida o la muerte de las personas. Se puede vivir sin cambiar el auto o sin comer golosinas, pero a muchos argentinos los aguarda el ocaso de sus vidas si no ingieren ciertos remedios. Paralelamente, gran parte de la dirigencia política histórica local defendió a esos laboratorios en nombre del interés nacional, mientras perjudicaba a la gente común. Hicieron más ricos a los ricos y más pobres a los pobres en supuesta defensa de la industria nacional. Un conocido economista que debe consumir un medicamento para una enfermedad crónica cuenta que en Buenos Aires ese remedio le cuesta 10 dólares y en Barcelona menos de un dólar. Es la misma droga. Los testimonios de los argentinos que deben comprar mensualmente una cantidad importante de remedios dan cuenta de que los precios incluidos en las facturas de las farmacias no han hecho más que aumentar. Tales excesos afectan también a las prepagas, a las obras sociales y al propio PAMI, que deben hacerse cargo de una parte del costo de los medicamentos.
La histórica influencia de los laboratorios nacionales en la política tiene capítulos escandalosos. Cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno de la Capital se encontró un día con una ley aprobada por la mayoría de la Legislatura que fijaba normas que virtualmente prohibían en el distrito federal la apertura de la cadena Farmacity. Los dueños de los laboratorios, que fueron los autores intelectuales (¿y financieros?) de esa ley, adujeron que Farmacity había provocado en Chile una caída importante en el precio de los remedios y que esa situación comprometía la continuidad de las empresas medicinales. Macri vetó la ley y tuvo una fuerte discusión con el dueño de uno de los más conocidos laboratorios argentinos, que lleva su apellido. Pero Farmacity no pudo hasta ahora, en cambio, abrir sus farmacias en la provincia de Buenos Aires, gobernada por el peronismo supuestamente sensible. Mucho más tarde, cuando Macri era presidente de la Nación, convocó a una licitación internacional para comprar medicamentos contra la hemofilia y logró bajar el precio de esos remedios en un 85 por ciento. Fue un 85 por ciento. No es un error. La oposición de los laboratorios nacionales a esa competencia con empresas extranjeras fue dura, ardua y larga. Finalmente, venció la tenacidad del entonces vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, uno de los mejores funcionarios de Macri, quien no vaciló ante la presión de los laboratorios. El PAMI pagó mucho más barato los remedios contra la grave y potencialmente fatal hemofilia, pero ni Macri ni Lopetegui pudieron seguir con la política de licitaciones internacionales porque su gobierno tropezó con los conflictos de su último año. Los dueños de los laboratorios fueron, frente a un gobierno débil, los únicos argentinos contentos ante otra crisis de la nación política.
La histórica influencia de los laboratorios nacionales en la política tiene capítulos escandalosos
Mucho antes, en 1998, el entonces ministro de Economía de Menem, Roque Fernández, chocó con un eventual conflicto político con el gobierno de los Estados Unidos. Era imposible en aquel tiempo imaginar un enfrentamiento de Menem con la administración que mandaba en Washington. Pero no era Menem quien tomaba distancia del gobierno norteamericano. Resulta que Domingo Cavallo había firmado cuatro años antes un acuerdo con los funcionarios de Washington por el que se fijaba un plazo de cinco años para que los laboratorios argentinos comenzaran a pagar los derechos de propiedad intelectual de los medicamentos que se investigan, se prueban y se fabrican en los Estado Unidos. Los argentinos copiaban luego la fórmula en sus laboratorios locales. Roque Fernández se desayunó un día con un proyecto de ley firmado por importantes diputados nacionales del peronismo y el radicalismo. ¿Qué promovía? Una prórroga de cinco años más para beneficiar a los laboratorios argentinos. Un escándalo político de significativas proporciones sucedió entonces, y los que defendieron el respeto de los términos del acuerdo de Cavallo con Washington fueron acusados de vastas e increíbles conspiraciones. De ser cómplices de la CIA, del FBI, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de la KGB y hasta de la sinarquía internacional. Ellos, los firmantes del proyecto, eran defensores de la “inteligencia argentina”, según explicaron entonces, mientras que los que cuestionaban esa ruptura de las reglas establecidas eran simples “cipayos” al servicio del “imperio”. Los diputados peronistas, que habían defendido todas las políticas pronorteamericanas de Menem, volvían a hablar de “imperio” y de “cipayos”. Es increíble hasta dónde el poder del lobby puede despertar la pasión nacionalista.
Sin embargo, el problema de fondo es mucho más amplio y profundo. Es lo que advirtió a tiempo el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, uno de los funcionarios de Milei más eficaces y valientes. Ese conflicto esencial es que la Argentina no quiso nunca adherirse al PCT, un tratado internacional de protección de patentes. Integran el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) 158 países; es decir el 99,2 por ciento del PBI mundial está dentro del tratado. Los países que acompañan a la Argentina en su resistencia a firmar ese tratado internacional son Afganistán, Andorra, Anguilla, Antillas Holandesas, Aruba, Bahamas y Bangladesh. Es difícil suponer que estos países tengan laboratorios medicinales. Si no los tuvieran, la Argentina sería el único país del mundo, con producción local de medicamentos, que no firmó el PCT. No estar en ese tratado afecta, en efecto, a muchos argentinos que no tienen ni idea de qué hace un laboratorio medicinal. Al revés, si el país fuera firmante de ese tratado beneficiaría, antes que nada, a los actores que no tienen poder de lobby. Por ejemplo, al investigador del Conicet que desarrolla un dispositivo médico, a la becaria que diseña un algoritmo, a una pyme biotecnológica, a una startup de agrotecnología o a un equipo universitario que encontró una aplicación industrial para un proceso químico. Son miles los eventuales beneficiarios, porque sus innovaciones estarían protegidas en todo el mundo. Pero no tienen estudios jurídico propios en Washington ni filiales en Delaware ni pueden pagar agentes influyentes en Ginebra, donde está sede central del PCT. Para ellos, la adhesión del país al PCT significa la diferencia entre patentar o no patentar, entre quedarse con sus creaciones o regalárselas al primero que la copie afuera. También entre construir una trayectoria exportadora de conocimiento o resignarse a la Argentina como destino final y único de un descubrimiento que podría ser global. Un alto funcionario nacional señaló que “la Argentina tiene que salir de ese pequeño lote de países sin seguridad jurídica para la innovación. Debe hacerlo por todos los que inventan y no pueden proteger lo que inventan sin pedirle permiso a una oficina de otro país”. Esta última advertencia es un punto clave, porque los emprendedores argentinos deben patentar sus inventos en las oficinas del PCT en Brasil o Chile, países firmantes del tratado, pero tienen que pagar una comisión allí y perder el control de cómo evoluciona su invento en el mercado internacional. Ocurre que la firma del PCT significa también el respeto inmediato de los argentinos a las patentes de otros países; entre esos argentinos están los laboratorios medicinales nacionales. Los más conocidos entre ellos tienen sucursales en otros países y allí deben respetar todas la reglas de la seguridad jurídica. ¿Por qué respetan la propiedad intelectual fuera de su país y no dentro de él? La inferencia es obvia, aunque sea solo una inferencia: aquí hicieron las colosales fortunas familiares. Altos funcionarios del Gobierno ni siquiera le dan tanta importancia a la cuestión de los laboratorios medicinales. “Confundir el PCT solo con los medicamentos es, en el mejor de los casos, un error de lectura; en el peor, una maniobra deliberada para bloquear una reforma que no tiene que ver directamente con los medicamentos”, dicen. Algo tiene que ver: ese tratado de protección de patentes obliga a los extranjeros a respetar los descubrimientos argentinos, pero también a los argentinos a respetar los derechos intelectuales de los extranjeros.
El acuerdo comercial que Milei firmó con Donald Trump establece, en uno de sus puntos, que la Argentina se compromete a sumarse al PCT antes del próximo 30 de abril. El acuerdo del Senado para que el país suscriba ese tratado data de 1998, cuando Roque Fernández se enfrentó con varios diputados y con los laboratorios argentinos. Ahora, debe aprobar esa adhesión la Cámara de Diputados, porque no lo hizo durante los casi últimos 30 años. El debate se posterga en estos días sin razones convincentes, pero el mileísmo ya aceptó que no podrá poner su firma en el PCT antes de la fecha acordada con Washington. “El lobby de los laboratorios es intenso y permanente”, se resigna un diputado libertario. ¿Cuál es la estrategia de los laboratorios nacionales nucleados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) para postergar hasta el infinito, otra vez, la adhesión argentina a la protección internacional de patentes? Que la Cámara de Diputados le introduzca alguna modificación a lo que aprobó el Senado hace exactamente 28 años; en ese caso, si lograran semejante victoria política, el acuerdo para la firma del PCT deberá volver al Senado. Y el tiempo correrá hasta que todos se hayan olvidado de que existe una reglamentación para la seguridad jurídica de patentes mundiales, incluidas las argentinas que no son de medicamentos, aunque estas últimas no pueden acceder al recinto de las cámaras del Congreso. Los que acceden son los laboratorios argentinos que se escudan en la posibilidad de que haya en el futuro “abusos” de los laboratorios extranjeros en perjuicio de los nacionales porque afectaría el precio de los medicamentos, dicen. Asegurar que los precios de los medicamentos extranjeros son más caros que los argentinos significan una clara intención de cambiar la realidad y contar lo que no es cierto. Según varios estudios hecho por profesionales de la salud, en la Argentina el costo de los remedios es más caro que en Estados Unidos, España, Colombia y Perú, por lo menos. Un informe del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos subrayó que en 2023 el precio de los medicamentos aumentó un 319,1 por ciento mientras la inflación fue del 211,4 por ciento en ese mismo año. Ganaron mucho dinero en un solo año.
La batalla que libra el gobierno mileísta es crucial para la vida de los argentinos que no tienen el buen pasar de la familias que controlan los medicamentos ni la posibilidad de llegar hasta dónde está el poder real del país. Pero también consiste en bajar el precio de un consumo imprescindible para grandes sectores sociales que no pueden pagar el costo de los remedios argentinos. Las escaramuzas actuales enfrentan a los que tienen el poder del dinero con los que tienen el poder de la política. Al final, veremos por fin cuál de esos poderes gobierna la Argentina.
Tipo de trabajo:
análisis
