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El Gobierno anunció la presentación de un proyecto de modificación de los artículos más cuestionados de la ley de salud mental que nos rige desde 2010. Uno de los temas que estaría en foco es el de la habilitación de internaciones involuntarias, planteadas como “recurso terapéutico excepcional” en la ley actual, cuya concreción demanda un largo y burocrático camino.
Distintas situaciones, como la que atravesó en su momento el cantante del grupo Tan Biónica, Santiago “Chano” Moreno Charpentier, que obligaron a su madre a pedir su internación, dieron visibilidad a un delicado tema que vuelve una y otra vez al tapete. A partir de la clarificación del criterio por seguir, se autorizarán intervenciones más oportunas y con carácter preventivo ante situaciones de riesgo o daño potencial para el paciente o para terceros.
En este marco, el Órgano de Revisión, que monitoreaba el cumplimiento de la ley, integrado hasta aquí por abogados, sería reemplazado por un equipo interdisciplinario con presencia de técnicos y sanitaristas, clave para abordar adecuadamente las emergencias y los diagnósticos.
También se propondría una aplicación más homogénea de la ley con el fin de ofrecer acceso igualitario a la atención para la población de todo el país. Si bien la disponibilidad de servicios ambulatorios de salud mental y telemedicina se acrecentó, el acceso sigue siendo muy desigual. Solo 18 provincias disponen hoy de hospitales generales con servicios de salud mental y apenas 20 de ellos, generalmente situados en los principales centros urbanos, cuentan con camas de internación. Hay 30 instituciones monovalentes públicas, conocidas como manicomios, y unas 139 privadas, lo que habla de la necesidad de sostener la internación especializada.
El cierre de los hospitales neuropsiquiátricos y su reemplazo por un sistema de atención comunitaria que propuso la ley vigente en un discutible afán por evitar abusos o afectación de derechos de los pacientes, trasladándolos a hospitales generales, no siempre es factible por cuestiones de infraestructura y por las limitaciones que imponen los casos complejos. Se debería poner el acento en reforzar la red de atención de salud mental también en hospitales generales, polivalentes y especializados, según niveles de complejidad.
El 45% de la población sufre algún tipo de trastorno psicológico o emocional, agravado también por conductas adictivas y una mayor longevidad.
La realidad interpela a los gobiernos, que deben aumentar la inversión, históricamente en niveles muy bajos, para la prevención y la atención oportuna de tantas situaciones. Incluso la mejor de las leyes se topará con dificultades en su aplicación porque no se trata de algo abstracto, sino que requiere de adecuado diseño y planificación, tanto como de trabajadores especializados racionalmente distribuidos, espacios de internación, dispositivos de cuidado, medicación y formación profesional inclusive para distintos actores de la comunidad involucrados.
La salud mental no depende de decisiones personales ni puede anclarse exclusivamente a cuestiones presupuestarias, mucho menos ideológicas o políticas. Sin duda, la intervención temprana es el mejor camino para evitar desenlaces graves o fatales, tal como señaló el ministro de Salud, Mario Lugones. El contexto de desfinanciamiento dificulta el diseño de políticas públicas que brinden atención y protección para pacientes, profesionales de la salud, familias y para la sociedad en general. Ante tamaña crisis, el Estado no puede seguir ausente.
