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Economía de guerra
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LA NACION
Las medidas dispuestas por el gobierno nacional frente a la pandemia han avanzado en alcance y profundidad. La reciente conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández, flanqueado por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, marcó una inflexión y el punto de partida de una nueva etapa en el ataque a la expansión del coronavirus. En lo político se mostró que cuando la gravedad de la situación lo requiere, la unión de fuerzas antagónicas es posible. Esto comprende también a las dos corrientes dentro del propio gobierno y le ha dado al Presidente un impulso que seguramente él valora. Hay un extendido consenso y apoyo a las medidas adoptadas, que es consecuente con el clima de gran preocupación por el alcance del contagio y la respuesta del sistema de salud.
No hay dudas sobre la gravedad de la pandemia como un problema de escala planetaria. Cada enfermo del Covid-19 contagia a entre dos y tres personas, mientras que en la gripe común el promedio es de 1,3. Esto explica la rápida diseminación y el temor que ha ocasionado. Las noticias de Italia y España han expuesto casos dramáticos de falta de respiradores artificiales que obligaron a los médicos a decidir a quién se deja morir. Frente a esos casos, nuestras autoridades tratan de que no se produzca un aumento súbito y descontrolado del número de contagios que supere la capacidad del sistema hospitalario. Se intenta una curva más gradual y amesetada, como la que lograron China, Singapur y Corea del Sur, países con mayor disciplina social. A la vista de estas experiencias, nuestra sociedad está reclamando y aceptando medidas que la Argentina nunca conoció. En esta etapa se está avanzando hacia una economía de guerra, en la que gobernantes y políticos proponen a diario nuevas medidas.
La lógica priorización de la salud y la vida explican y justifican tanto el apoyo social como la respuesta oficial. Cabe sin embargo poner atención en las consecuencias económicas directas e indirectas, y finalmente, también sociales. Muchos se preguntan si no será peor el remedio que la enfermedad. Esta pregunta vale tanto para la Argentina como también para todos los países en los que entró el virus. Justamente la globalización multiplica los efectos económicos. Una fábrica en la Argentina puede llegar a detenerse si no recibe los insumos o un repuesto desde Italia o Corea.
Es difícil medir el costo económico debido a la importancia que seguramente tienen los efectos indirectos. Las cuarentenas obligatorias, los cierres de fronteras, las limitaciones al transporte, la clausura de restaurantes o la suspensión de espectáculos son instrumentos efectivos para limitar contagios. Pero provocan quiebras, desempleo, angustia y caída de ingresos. Por esa vía pueden finalmente tener consecuencias sobre la salud de los cientos de miles que se ven afectados.
El impacto económico mundial es muy importante y superior a anteriores epidemias virósicas. Las estimaciones referidas al producto global del año en curso hablan de reducciones de entre 1 billón de dólares (Unctad) y 2,7 billones (Bloomberg), o sea, entre dos y cinco veces el PBI argentino. La caída de las bolsas ronda hasta hoy el 25% anual en Wall Street (SP500) y el 45% en Buenos Aires (Merval, medido en pesos). El precio del petróleo Brent cayó desde 59 a 28 dólares el barril. La reacción de los gobiernos ha apuntado a sostener el nivel de actividad y amortiguar la recesión. La Reserva Federal de los Estados Unidos redujo en un punto la tasa de interés y su gobierno se ha propuesto inyectar 850.000 millones de dólares para contrarrestar los efectos del coronavirus. Francia, España y otros países europeos han dispuesto también de partidas presupuestarias.
La Argentina suma esta crisis sanitaria a la que ya venía sufriendo su economía. Sin resto fiscal, según lo confirman los datos del primer bimestre, debe ahora enfrentar una merma de ingresos impositivos y un aumento de los gastos. Como consecuencia del virus se otorgó un bono de 3000 pesos a jubilados, pensionados y receptores de planes sociales, lo que demanda 34.000 millones de pesos. Además, se han reforzado partidas para atender la crisis sanitaria. No teniendo acceso al crédito, nuestro gobierno estará obligado a renovar vencimientos a muy altas tasas de interés y a emitir para financiar su déficit corriente. La reestructuración de la deuda será necesaria, pero no suficiente y no será una tarea fácil. Los analistas internacionales y los inversores ya descuentan un default. El riesgo país superó los 4000 puntos básicos mientras que los países de la región lo mantienen acotado entre 150 y 400.
La crisis sanitaria parece estar dándole al Presidente la oportunidad de un mayor espacio político, pero le está agravando el frente económico. Debe tomar conciencia de que no dispone de recursos y de que cada nueva medida debe ser evaluada detenidamente, considerando sus costos directos e indirectos, para evitar que los efectos económicos generen un aumento de la pobreza y la indigencia y finalmente afecten también la salud, neutralizando el objetivo pretendido.
LA NACION
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