Ecuador y el derecho de asilo
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LA NACION
Como no nos cansamos de señalar desde este espacio, las relaciones exteriores del gobierno de Alberto Fernández están signadas por las contradicciones, los prejuicios, el desconocimiento del derecho y de las tradiciones diplomáticas argentinas, así como de los intereses nacionales permanentes. La búsqueda de conflictos regionales innecesarios se potenció durante los gobiernos del matrimonio Kirchner y en los años en que el actual presidente oficiaba de jefe de Gabinete.
Tuvimos entonces controversias con Uruguay por la cuestión de las industrias papeleras y la falsa contaminación del río Uruguay. No está de más recordar que la empresa que radicó en el país ribereño una planta industrial había tramitado la instalación de otra fábrica en Entre Ríos, iniciativa que no se concretó por razones nunca esclarecidas.
En una conflictiva decisión unilateral, el presidente Néstor Kirchner pretendió cortar el suministro de gas argentino que fluía hacia Chile con gasoductos construidos por inversión privada sin costos ni sobrecostos para el Estado en la década del noventa.
Hoy, peligran las relaciones con la República de Ecuador y el gobierno del presidente Guillermo Lasso. La cancillería argentina reclama la salida de ese país para otorgarle asilo en la Argentina a la exministra de Transporte y Obras Públicas María de los Ángeles Duarte Pesantes. Funcionaria del gobierno de Correa, hoy asilado en Bélgica, ha sido procesada y condenada a ocho años de cárcel por el delito de cohecho entre 2012- 2016. La señora Duarte Pesantes se quitó la tobillera que usaba en prisión domiciliaria y se dirigió a la embajada de la Argentina con un hijo de su exmarido argentino al que ha adoptado, para solicitar asilo. Allí reside desde agosto de 2020.
El gobierno argentino, ante la razonable negativa del gobierno ecuatoriano a conceder la salida del país de una persona condenada por delitos de corrupción en un proceso legal con las garantías del caso, ha recurrido ahora al Consejo Interamericano de Derechos Humanos. El pasado lunes 12 se concretó una presentación de la Cancillería en ese sentido.
Estas sobreactuaciones, probablemente inspiradas en los caprichos personales de la vicepresidenta, no tienen en cuenta que el derecho de asilo está debidamente reglamentado en la Convención de Caracas, como lo ha planteado el canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín. En efecto, los artículos 4 y 12 son muy claros y precisos en esta cuestión. El artículo 3 dice que “no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren imputadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes”.
Duarte Pesantes no solo está procesada, sino también condenada por delito de cohecho, por lo que claramente no le corresponde el asilo. El gobierno argentino debe abstenerse de continuar promoviendo a nuestro país como plácido refugio para quienes delinquen y saquean a sus pueblos.
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