Educar al máximo
La Argentina merece que quienes la gobiernan velen por la inclusión de todos los ciudadanos, dando una verdadera batalla contra la creciente pobreza de conocimientos
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LA NACION
Son muchos los desafíos que presenta el futuro argentino. Quizás el más grave sea la cantidad de personas excluidas del universo del trabajo formal, por falta de educación y que viven de planes sociales. Y el horizonte asoma peor ante una aceleración tecnológica provocada por la pandemia para quienes no pueden insertarse en la era digital.
Un caso extremo es el régimen de Corea del Norte, una nación aislada del mundo, que ha rechazado el sistema capitalista y ahora moviliza a sus maestros para cosechar papas en medio de una crisis alimentaria, en lugar de enseñar. Sin comercio internacional y sin acceso al crédito, los problemas suscitados por la pandemia y por desastres naturales tienen consecuencias mucho peores que en otros países, como Corea del Sur, su vecino capitalista, que décadas atrás también cosechaba papas y sufría grandes hambrunas, hoy integrado al mundo y ejemplo en materia educativa.
La principal política de Estado en la Argentina para llegar a 2023 sin catástrofes autoinfligidas debería ser la educación. Sin embargo, las prioridades de las autoridades son claramente otras: el objetivo no es instruir ni eliminar la pobreza ni crecer, sino revertir a cualquier costo el resultado de las PASO y así tratar de asegurarse impunidad
Evidentemente, la principal política de Estado en la Argentina debería ser la educación. Educar al máximo, para la inclusión de quienes no tienen trabajo y que sufren rezago por los avances de todo tipo que los excluyen cada día más. Sin embargo, las prioridades claramente son otras y las declaraciones públicas de los funcionarios evidencian que el objetivo no es educar ni eliminar la pobreza ni crecer, sino asegurar la impunidad de Cristina Kirchner, a cualquier costo.
La pobreza estructural tiene muchas causas económico-sociales. La pobreza coyuntural es causada por la inflación, que socava las bases del empleo, la seguridad, el ahorro, la inversión y el capital social para una sana convivencia.
El jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, cuya educación en materia de economía no parece robusta, le recordó a Martín Guzmán, titular del Palacio de Hacienda, que “no hay que enamorarse de los números de la economía” y le remarcó la “necesidad de que los números macro lleguen a la gente”.
Quizás por su juventud, el joven Kirchner no sepa que repite un lugar común. En los setenta, el exalmirante Emilio Massera, luego del Rodrigazo, se oponía al plan de ajuste al sostener que “nadie da su vida por la tasa de interés”. Quince años más tarde, Roberto Dromi, cuestionado exministro de Obras Públicas de Carlos Menem, se burlaba de su colega de Economía, Erman González, calificándolo de “contador sin visión política”.
A partir de 2003, el kirchnerismo lo expresó más claramente: la economía debe estar subordinada a la política. Ese postulado es la piedra basal de la inseguridad jurídica, del desequilibrio fiscal y de la emisión sin respaldo. La política económica se puede subordinar, pero la economía no. Ella responde, pero en sus propios términos, casi nunca amables.
Y eso exige el hijo de Néstor y Cristina al ministro de Economía, en emergencia electoralista: “acelerar las medidas económicas para que la gente viva mejor”. En línea con otro pedido del jefe de Gabinete, Juan Manzur para que “afloje la billetera”.
Todas las medidas lanzadas por el Gobierno a partir de las PASO demuestran un único propósito electoralista de reactivar el consumo con emisión monetaria, aun cuando la Argentina ya tiene uno de los índices de inflación más altos del mundo. Incluso, la orden de mantener los subsidios a la energía, uno de los pocos rubros que aquel proyectaba reducir, para paliar el déficit fiscal.
Al ignorar esa durísima realidad, el propio Guzmán, ahora alineado con el plan “impunidad a cualquier costo”, ha optado por soslayar los problemas de fondo y, adoptando un discurso académico, critica a la derecha “por quitar derechos y socavar libertades”, mientras “destruye la posibilidad de soñar con un futuro promisorio”.
Combatir la inflación es un objetivo universal de gobiernos de cualquier tendencia, para que los derechos tengan contenido y no sean letra muerta por falta de medicamentos, techo, comida y vestido. Mientras haya inflación, nadie puede soñar con un futuro promisorio porque no le alcanzan los pesos para vivir. Con inflación, quienes pueden dormir solo tienen pesadillas.
Por definición, la inflación implica quitar ingresos a los más vulnerables para que los políticos se ufanen desviándolos a los bolsillos de otros, en busca de su aplauso y de sus votos. Para luego volvérselos a sacar, en beneficio de quienes reciben la siguiente horneada de la Casa de Moneda.
Eso lo sabe perfectamente el ministro, quien explicó alguna vez, antes de someterse al plan de impunidad, cómo la inflación presiona sobre el dólar y cómo los gobiernos se enredan en un crescendo de controles que paralizan la economía y, al final, terminan en una devaluación.
Máximo, quien dice hablar de macroeconomía, en realidad habla de procesos judiciales. Luego de las elecciones, una política de Estado debería ser educarlo al máximo, para llegar a 2023 sin catástrofes autoinfligidas por escasez de conocimientos.
La República Argentina merece que la prioridad sea la lucha contra la pobreza, generando empleo genuino y educando para la inclusión y no pretendiendo resolver las angustias penales de la familia Kirchner a costa del bienestar general.
Tipo de trabajo:
opinión
