El campo, ante una difícil situación
Hasta ahora se han escuchado promesas y buenos deseos, pero la realidad sigue siendo no menos apremiante de lo que fue antes de diciembre de 2023
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Mientras la producción agrícola se halla estancada en la Argentina desde hace años, y Brasil, Paraguay y Uruguay no cesan de aumentar su oferta en los mercados mundiales, el tiempo se agota para que el Estado saque el pie de encima de nuestro campo o arbitre nuevas medidas para aliviar el desasosiego.
El presidente Milei ha procurado estar en sintonía con los reclamos de las entidades que representan al sector. Incluso, se ha permitido reconocer públicamente, en tren quejoso, que anteriores gobernantes habían “robado” al campo para asistir a la industria como actor económico privilegiado. Esa ha sido una verdad incontrastable a juzgar por lo ocurrido durante largo tiempo en el país. De modo que, si el conflicto se dirimiera hoy en un plano estrictamente retórico, nadie discutiría que la situación ha cambiado por entero en relación con el lenguaje oficial que acompañó las políticas dominantes en los siniestros dieciséis años de kirchnerismo en el poder. Lamentablemente, la cuestión está lejos de agotarse en el uso del lenguaje y la exposición de sentimientos.
Ahora, por así decirlo, la música es otra respecto del pasado reciente, pero la realidad sigue siendo no menos apremiante de lo que lo fue antes del 10 de diciembre de 2023. Un combo explosivo integrado por una prolongada sequía, precios agrícolas mundiales que están en el piso de los últimos cuatro años, sumado a las grandes cosechas de Brasil y los Estados Unidos, más un dólar sofocado en el frente interno y costos internos –labores, fletes, gasoil– que han subido como consecuencia inevitable de la inflación, ha delineado un cuadro límite para la producción agropecuaria argentina.
La gestión de Milei ha bajado algunos derechos de exportación, como el que pesa sobre cortes de exportación de carnes, del 9% al 6,75%, o sobre aviares, lácteos y productos de economías regionales.
Un presidente, cuyo discurso hacia el campo ha sido de un respeto consonante con el servicio que este presta a la economía nacional en su conjunto. Con todo, ha sido por sí mismo insuficiente para calmar los ánimos por una situación que tiende últimamente a acentuar su perfil más deprimente.
Voceros de la Unión Cívica Radical han dicho, sin que fueran desmentidos, que esa fuerza política fue una de las que evitaron durante la aprobación de la Ley Bases que el Gobierno quedara habilitado, como habría pretendido, a aumentar aún más los derechos de exportación, llamados retenciones. Estos derechos se hallan en el centro de las protestas del sector a raíz de lo importante de su incidencia: 33% sobre la soja y 12% tanto para el maíz como para el trigo.
No hay espaldas que puedan soportar una carga tributaria de casi dos tercios de lo que se produce; no hay otro sector de la economía nacional que enfrente una demasía impositiva de la magnitud de la que soporta el campo
La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) ha hecho saber que, con el aumento de la presión impositiva del 2,8% en septiembre, el total de los tributos que paga el campo ha llegado al 64,3% de los ingresos. De ese porcentaje el 94,7% corresponde a impuestos nacionales, 4,7% a impuestos provinciales y el resto a tasas y sobretasas municipales.
El año abrió con escándalos en varias partes del territorio bonaerense por aumentos de la tasa vial en más del 200% en Henderson e incrementos considerables en San Pedro, General Viamonte, Lincoln y Chacabuco, entre otros distritos. Se invocan razones como la lucha contra la plaga de la cotorra o de la acacia negra, como si la fauna y la flora fueran buenas excusas para elevar el número de rubros de gabelas.
No hay espaldas que puedan soportar una carga tributaria de casi dos tercios de lo que se produce; no hay otro sector de la economía nacional que enfrente una demasía de tal magnitud. El Gobierno ha dicho que para cambiar esto necesita obtener la consolidación del superávit fiscal, que es hasta aquí un éxito, es cierto, como lo es también haber reducido la inflación desde el 25% de enero pasado al 2,4% del último registro mensual (valor, este último, que preocuparía intensamente en un país con tradición de finanzas ordenadas).
Una manera de querer calmar la ansiedad es decir que se bajarán las retenciones: ¿cuándo, con exactitud?
El tema es que se agotan los tiempos para el campo. La realidad impone resultados que el Gobierno no quisiera ver como tampoco oír: por ejemplo, la apreciación que el peso ha tenido a lo largo del año en relación con el dólar. Ha afectado esto a quienes exportan y acentuado los efectos negativos para quienes también aquí producen, por la apertura de las importaciones, tan bienvenida por razones de otro orden.
Es una manera de querer calmar la ansiedad prevaleciente decir que en 2025 se bajarán las retenciones. ¿Cuándo, con exactitud? No hay margen a esta altura para vaguedades. Tres defaults que han comprometido en corto tiempo a reconocidas firmas de plaza han tensado las expectativas y el Gobierno no puede ni debe ignorarlo.
El exministro Domingo Cavallo, a quien mal se podría calificar de adversario de la política económica, ha advertido que la apreciación del peso es del 20% y parecida a la de los tres últimos años de la convertibilidad. Se comprenderá el efecto psicológico que ha producido esa comparación en un contexto en el que Cavallo ha urgido, por lo demás, a avanzar hacia la unificación cambiaria en no más de tres meses.
Los números sobre lo que sucede documentan lo delicado de las circunstancias. Un trabajo muy divulgado de la investigadora de mercados AZ Group ha informado que en campos arrendados –práctica que abarca más del 60% de las tierras bajo cultivo–, y con una soja que cotiza a mayo a 268 dólares la tonelada, se pierden en Córdoba 93 dólares por hectárea. Con ese precio, en el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe se ganan apenas 21 dólares por hectárea si la soja rinde 40 toneladas por hectárea, nada fácil de lograr todos los años, después de haberse invertido para ese resultado 898 dólares por hectárea.
La soja es el cultivo más castigado, tanto por las retenciones como por los precios deprimidos. Esto se refleja en el siguiente punto: si bien ha subido el 6,4% el número total de hectáreas cultivadas, hasta lograrse un total de 18,4 millones de hectáreas, han bajado en esta campaña, sin embargo, en 200.000 hectáreas las que se consagran a la más popular entre nosotros de las oleaginosas. Ha mejorado algo el precio del maíz respecto de meses atrás, pero de diciembre de 2023 a diciembre 2024 la caída de los precios ha sido del 10% para la soja, del 4,4% para el maíz y del 9,3% para el trigo.
La constancia gubernamental en la consecución de los objetivos centrales que se ha trazado ha sido, sin duda, de un mérito elocuente. Pero convendría que se estudiaran algunas alternativas para casos tan especiales como el que se ha descripto en este espacio y en cuya ocurrencia gravitan tanto las políticas oficiales como motivos ajenos a estas. En ninguna empresa, incluida la gran empresa que es el Estado, se puede trabajar seriamente sin estar preparados para atender las contingencias que de pronto asaltan a una conducción. Es el caso palmario de la situación tan preocupante por la que atraviesa la actividad agrícola.
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