El escandaloso caso del juez Canicoba Corral

En un sistema republicano, la importancia de un Congreso representativo y laborioso, capaz de legislar teniendo en cuenta el interés general, es ciertamente muy relevante. Sin embargo, el ingrediente clave para la tan deseada como necesaria fortaleza institucional es la calidad de conformación y funcionamiento del Poder Judicial. La Justicia es el ámbito en el que se dirimen los conflictos entre particulares, pero también entre ellos y el Estado. Es allí donde se juegan las libertades, los derechos y las garantías de las personas, poniendo límites a cualquier exceso del poder de turno y a cualquier eventual intento de perpetuar la impunidad.

Todos los fueros en el Poder Judicial son importantes, pero sin que ello implique relativizar ninguno, es indudable que el federal penal de la Capital Federal tiene un rol especial. Esto es así porque se ocupa de hechos o conductas sobre las cuales aplican normas de derecho federal. Quedan bajo su órbita, pues, delitos tales como los de narcotráfico, lavado de activos y contrabando, además de aquellos que involucran a la administración pública nacional, dentro de los cuales los casos de corrupción ocupan un lugar muy destacado. Ya sea por su acción o por su inacción, este fuero concentra la atención ciudadana y se convierte así en la expresión con la cual muchas personas erróneamente engloban a toda la Justicia. Las designaciones de algunos magistrados en este fuero durante los años 90 no se tradujeron en mejoras cualitativas debido a que los pésimos candidatos surgieron del amiguismo con encumbrados dirigentes políticos y, por ende, su idoneidad y honestidad lejos quedaron de estar garantizadas.

Fue así como, entre otros, llegaron a esas altas posiciones en la magistratura personajes como Norberto Oyarbide y Rodolfo Canicoba Corral, siempre complacientes con el poder de turno y remisos a impulsar las denuncias contra funcionarios antes de la finalización de sus mandatos. Los escandalosos y absolutamente injustificables niveles de vida de los que siempre han hecho alarde no encuentran explicación a la luz de sus sueldos de magistrados y abonan una amplia variedad de teorías respecto de sus nada transparentes orígenes.

La puesta en marcha del Consejo de la Magistratura, que entre sus importantes funciones incluye la de remover a los malos magistrados, no ha podido concretar su aspiración. Sin ir más lejos, ese cuerpo estuvo poco tiempo atrás a punto de desestimar fundadas denuncias contra el juez Canicoba Corral. Si bien en el plenario del Consejo se dispuso suspender el tratamiento de un proyecto para desestimar dichas denuncias, con el fin de que se profundice la investigación sobre la exponencial evolución del patrimonio de este juez y del uso reiterado de costosos aviones particulares para realizar viajes de placer, llama la atención que el proyecto desestimatorio contase inicialmente con el apoyo de algunos de los consejeros afines al entonces oficialismo (Juntos por el Cambio), quienes modificaron su posición cuando la cuestión tomó estado público.

El caso Canicoba es paradigmático porque resume un círculo verdaderamente vicioso que caracteriza muchas relaciones entre los servicios de inteligencia, el poder político y la Justicia. El magistrado ha hecho de su juzgado un seguro de impunidad para los funcionarios corruptos de sucesivas administraciones. El Consejo de la Magistratura debería investigar la veracidad de las declaraciones juradas que presentó desde el momento en que ingresó en la Justicia. Su llamativo nivel de gastos incluye la organización de fiestas costosísimas, con la participación de artistas que suelen cobrar altísimos honorarios. Canicoba pretende justificar ese nivel de erogaciones en el éxito profesional de su esposa, Viviana Tejada, la misma persona que compartiría con otros exfuncionarios la participación en distintas sociedades comerciales. El juez sostiene cínicamente que reprocharle vivir de los ingresos de su esposa resulta discriminatorio. Estas y otras dudas se despejarían si el Consejo de la Magistratura no pospusiera el examen de la evolución económica del matrimonio y, a la luz de esa pesquisa, la consistencia de sus declaraciones juradas. Incluso, debería indagarse si existieron períodos en los que la esposa de Canicoba no estuvo empleada en estudios jurídicos o empresas con intereses en causas que se tramitaban en el juzgado de su marido.

El análisis de la situación de Canicoba está a cargo del consejero Juan Pablo Más Velez, representante de los abogados por una lista impulsada por el radicalismo. Es importante que Más Velez ponga todo su empeño en esa investigación y que no la cierre, como estuvo a punto de hacer, con una prematura absolución. Fue providencial que no lo hiciera porque el Consejo sigue recibiendo informes de empresas de turismo y de tarjetas de crédito sobre los extravagantes y sorprendentes movimientos del juez, datos estos que habían sido requeridos por Más Velez. Por eso, resulta incomprensible y hasta misterioso que de golpe pasara a querer cerrar el procedimiento absolviendo al magistrado sin aguardar siquiera la respuesta a sus propias solicitudes.

La importancia del trabajo del Consejo radica en que tiene que quedar totalmente descartada la sospecha de que, en el nuevo mapa de poder, Canicoba pueda ser exonerado de sus responsabilidades cuando en su juzgado se tramitan causas que afectan a funcionarios de la anterior gestión, muchos de ellos del área de inteligencia. Tampoco, que una eventual exoneración sea moneda de cambio frente a las investigaciones sobre funcionarios del gobierno saliente, que el mismo juez ha abierto después de las últimas elecciones primarias.

En el pasado reciente, el mismo Consejo de la Magistratura realizó un examen muy puntilloso de las declaraciones juradas del excamarista Eduardo Freiler, que condujeron a su remoción. Sería no solo reprobable sino también altamente preocupante que se adoptaran criterios diferentes según la identidad del juez cuya conducta se investiga. El consejero Pablo Tonelli, quien lideró la pesquisa sobre Freiler, presentó el pasado miércoles 5 un proyecto ante el secretario de la Comisión de Disciplina y Acusación de la magistratura para pedir nuevas pruebas en el caso Canicoba Corral.

El presidente Alberto Fernández anunció su compromiso de sanear el viciado fuero federal penal de la Capital Federal, para lo cual se propondría impedir que los servicios de espionaje sean quienes, a través de presiones de todo tipo, orienten la tarea de dicha dependencia. Una de sus estrategias sería reflotar la propuesta de Gustavo Beliz, exministro de Justicia hasta 2004 y actual secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, de fusionar este cuestionado fuero con otro, lo cual, sin dudas, ya ha despertado fortísimas resistencias en quienes verían licuarse el poder que han usado para amparar la corrupción que debían combatir. En nuestra opinión, fue aquel proyecto, sumado a la denuncia sobre mafias enquistadas en el sistema de inteligencia, lo que determinó el prematuro alejamiento de Beliz del gobierno de Néstor Kirchner. Como consecuencia inmediata, Beliz y su familia debieron soportar con estoicismo las hostilidades de quienes se habían sentido amenazados por su proyecto de reforma.

Entretanto, es de esperar que la investigación sobre el posible mal desempeño de Canicoba Corral siga su curso y que se agoten todas las medidas de prueba necesarias para esclarecer debidamente su situación patrimonial, lo cual podría confirmar que no cuenta con las aptitudes legales, éticas y morales que demanda el excelso rol de juez de la Nación.