El financiamiento educativo

Hace pocos días se dio a conocer el segundo informe del año referido a la evolución seguida por la aplicación de la ley 26.075 de financiamiento educativo. Ese monitoreo lo viene realizando el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), cuyo director del área educativa, Axel Rivas, expuso una valiosa síntesis que resume los logros alcanzados, los problemas vigentes y los desafíos por resolver.

La comprobación favorable más relevante es que la suma de las inversiones de la Nación y de las provincias en educación, ciencia y tecnología ha llegado al 5,4 por ciento del PBI del país, con lo cual ha superado en un 0,4 por ciento las previsiones fijadas por la ley para 2005. Esa inversión debe alcanzar el 6 por ciento del PBI en 2010. En términos nominales, en un trienio el presupuesto creció el 79,5 por ciento, aunque en términos reales el aumento se estimó en un 33,6 por ciento, a causa del proceso inflacionario. En este punto se advierten los escollos con que tropieza el seguimiento a cargo del Cippec, pues la precisión deseada se opaca cuando falta transparencia en los datos con los cuales trabaja, sea "por la irrealidad de los supuestos macroeconómicos de la ley de presupuesto de la administración pública nacional" o por la grosera manipulación de los datos del proceso inflacionario provistos por el Indec.

En otro orden, el informe pone de manifiesto que una minoría de provincias no cumplió con las previsiones establecidas. En 2006 lo fueron La Rioja, Salta y San Luis; en 2007, esos mismos distritos y también Buenos Aires, Corrientes y Santiago del Estero. Los actuales problemas financieros del país y del contexto mundial crearán condiciones más difíciles para asegurar el cumplimiento de las metas señaladas por la ley de financiamiento educativo.

Otra cuestión de importancia es que los recursos que recauda el Estado nacional se han ido incrementando, pero no ocurrió lo mismo en las provincias. Las diferencias deberían haberse superado a través de una justa coparticipación de los recursos federales, pero no fue así, de modo que los desniveles se profundizaron a pesar de los aportes del Fondo Compensatorio Nacional. Un ejemplo de situaciones desiguales que se agudizan sin remedio es cuanto ocurre con la provincia de Buenos Aires, que, con la más alta población escolar (38 por ciento), invierte el 34,3 por ciento de su gasto público en educación y, sin embargo, es la menos favorecida en el reparto de la coparticipación. Las desigualdades reclaman correcciones que no deben demorarse en la reglamentación de la ley de financiamiento educativo, según las acertadas conclusiones del Cippec.

Frente a las crecientes dificultades económicas emergentes y a los reiterados conflictos docentes, que impiden cumplir con el mínimo de días de clases en buena parte del país, se torna imprescindible avanzar hacia formas de institucionalización en el tratamiento de los reclamos, de manera de que se garantice la posibilidad de un diálogo informado y constructivo que evite el perjuicio que sufren reiteradamente los alumnos, siempre rehenes en este tipo de medidas de fuerza.

Los progresos concretados en la financiación educativa han sido obstaculizados por el mismo Estado, al fijar una distribución inequitativa de los recursos de coparticipación federal.

Ese comportamiento contradictorio del gobierno nacional conspira contra la eficacia del proceso iniciado con la ley 26.075 y, asimismo, no contribuye a la corrección de las desigualdades educativas en el cuadro de las provincias, en las que tienen que equilibrarse la inversión por alumnos y los salarios docentes.

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