El procesamiento de Santoro y el camino de la impunidad
1 minuto de lectura'
LA NACION
Los indicadores internacionales sobre corrupción advierten que se trata de uno de los problemas alarmantes que exhibe la República Argentina. Según el último informe de Transparencia Internacional, nuestro país se ubica en el lugar 85 entre 180 países. Notablemente peor rankeado que nuestro vecino Uruguay, que figura en la posición 25. Para combatir este flagelo, que es un factor determinante en cuanto a la generación de pobreza, es imprescindible contar con periodistas dispuestos a investigar al poder y con jueces independientes capaces de llevar adelante, en forma justa y rápida, los procesos en los que los hechos de corrupción intentan esclarecerse.
El reciente procesamiento del periodista de investigación y editor de la sección judiciales de Clarín, Daniel Santoro, por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, genera intranquilidad debido a que hay serios y numerosos indicios que permiten entender que el involucramiento del periodista podría deberse al intento de encontrar un proceso destinado a deslegitimar la mayor causa de corrupción de la historia argentina, conocida como los cuadernos de las coimas, en manos del juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli.
Las débiles conjeturas que presentó Ramos Padilla para sostener que Santoro conocía las andanzas de Marcelo D'Alessio en supuestas extorsiones dejan más dudas que certezas. La fragilidad de los argumentos por los que Santoro fue procesado exige reflexionar sobre la trascendencia de garantizar el ejercicio del periodismo y resguardar las fuentes de información. Y exige indagar cuánto hay de cierto sobre operaciones de inteligencia, con cooperación judicial, tendientes a desmantelar la causa de los cuadernos.
¿Qué le imputa Ramos Padilla a Santoro? El procesamiento se basa en dos maniobras, de coerción y tentativa de extorsión, que habría llevado adelante D'Alessio, en las cuales considera que Santoro habría prestado voluntariamente su colaboración. La primera, contra el exdirectivo de la empresa venezolana Pdvsa Gonzalo Brusa Dovat, y la segunda, contra el empresario Mario Víctor Cifuentes. Según el juez es posible inferir el conocimiento de Santoro sobre las actividades de D'Alessio contra esas personas a partir de un análisis del contexto en que los hechos se produjeron. El relato que realiza Ramos Padilla en su decisión deja interrogantes sin respuestas, si se lo analiza tomando en cuenta los hechos que el propio magistrado emplea para entender que Santoro es prima facie responsable de los delitos investigados.
De acuerdo con la primera imputación, D'Alessio se habría reunido con Brusa Dovat el 26 de enero de este año. Ramos Padilla entiende que en esa reunión D'Alessio, quien se habría presentado como jefe regional de la DEA, le informó a Brusa Dovat sobre una causa que habría armado en su contra Ángel Morales, expresidente de Pdvsa Argentina. D'Alessio le habría dicho que para lograr la protección que le ofrecía era necesario que primero concediera entrevistas al diario Clarín y a los canales Todo Noticias y A24 y que después concurriera a declarar ante el fiscal Stornelli. Pocos días después, el 30 de enero, Brusa Dovat se reunió en un restaurante con Santoro. Cuatro días más tarde, el 3 de febrero, Santoro publicó la entrevista con Brusa Dovat en Clarín. Si bien es injustificable el mensaje que se le atribuye a D'Alessio, no cabe inferir de esa comunicación que Santoro conociera los detalles de la coacción sobre el exempresario de Pdvsa. Brusa Dovat también dio entrevistas similares a Rodrigo Alegre, Eduardo Feinmann y Rolando Graña. Tanto ellos, como Santoro, coincidieron en que el relato de Brusa Dovat era de interés para la opinión pública.
El relato del procesamiento de Santoro pareciera erróneamente indicar que Brusa Dovat concurrió presionado ante el fiscal para hacer revelaciones vinculadas con los casos que lleva la fiscalía. Los hechos parecieran ser muy distintos, ya que Brusa Dovat se limitó a realizar, el 4 de febrero, una denuncia que fue volcada en un acta por la secretaría de Stornelli y, tras ser enviada a sorteo, quedó radicada ante el Juzgado 6. Curiosamente, además, los hechos investigados fueron posteriores al inicio de la causa, el 28 de enero de 2019.
¿Cuál fue el real propósito de la propuesta realizada por D'Alessio a Santoro y a otros periodistas sobre la trascendencia de las declaraciones de Brusa Dovat? ¿La víctima era Brusa Dovat o había otra operación cuyo propósito era girar al fiscal y al juez de la causa de los cuadernos? Es muy extraño que todo terminara en una nota de Santoro en Clarín y en una denuncia recibida en la fiscalía de Stornelli, inmediatamente remitida a la Cámara para que sorteara el juzgado que intervendría en la causa.
La segunda imputación se refiere a la presunta extorsión de D'Alessio a Cifuentes y se vincula con hechos ocurridos entre marzo y abril de 2018. Ramos Padilla da cuenta de que Cifuentes, dueño de la empresa OPS, que enfrentaba una situación de quiebra y graves problemas por una millonaria deuda con la AFIP, recibió una propuesta de protección de D'Alessio a cambio de 1.200.000 dólares. D'Alessio, de acuerdo con la decisión de Ramos Padilla, se habría reunido en distintas oportunidades con Cifuentes tratando de demostrarle que tenía el poder suficiente para influir ante la AFIP y la Justicia. Las acciones que el juez le atribuye a D'Alessio son siniestras. Pero el problema radica en saber qué participación tuvo en realidad Santoro en esos hechos. Para Ramos Padilla, el periodista envió una señal a Cifuentes al aludir en dos oportunidades a la empresa OPS (en lugar de OAS), cuando comentaba en el programa Animales sueltos los problemas que enfrentaba el expresidente Lula da Silva por el Lava Jato.
El 7 de abril de 2018 Santoro publicó una nota en Clarín referida a Cifuentes en la que cita información sobre los problemas impositivos y judiciales por los que atravesaban sus empresas. Para Ramos Padilla la confusión de Santoro entre OAS y OPS fue un mensaje extorsivo que se completa con la publicación de la nota. Entiende que Santoro cumple la amenaza de D'Alessio al publicar su opinión. Sorprende el razonamiento ya que el Diario de Río Negro, en noviembre de 2016, también había publicado una amplia columna titulada "Mario Cifuentes: de fallido heladero a poderoso empresario regional". ¿Amedrentó a Cifuentes la noticia publicada por Santoro?
En el análisis de contexto que realiza Ramos Padilla no hay ninguna referencia a la llamada "operación puf", que se tramita ante el juez Bonadio, en la que se investiga la existencia de una operación en la que habrían intervenido personas de los servicios de inteligencia con el objeto de entorpecer la causa de los cuadernos. Se alude a ella como "operación puf" debido al diálogo que tuvo lugar el 17 de enero último entre Eduardo Valdés (embajador en el Vaticano entre 2014 y 2015 y activo dirigente cercano a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner) y Juan Pablo Schiavi (exsecretario de Transporte de la Nación), que fue difundido en los programas La cornisa y Periodismo para todos. Allí se escucha a Valdés diciéndole a su interlocutor, preso por la tragedia de Once, que se quede tranquilo: "Operativo puf... Bonadio, Stornelli, puf...".
En los últimos días se conoció un nuevo dictamen del fiscal de Dolores en el que explica las razones por las cuales Ramos Padilla no es competente para investigar el caso D'Alessio. Afirma el fiscal que de los 28 hechos investigados, al menos 22 tuvieron epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, en tanto que ninguno de los restantes ocurrió dentro de la jurisdicción del juzgado federal de Dolores, más allá de un encuentro puntual entre D'Alessio y el fiscal Stornelli en Pinamar.
Es evidente que la causa tiene tal voltaje político que la senadora Cristina Kirchner pidió, como cuestión de privilegio, en la sesión preparatoria del Senado del 27 de febrero pasado, que la causa D'Alessio se tramite ante la Corte Suprema de Justicia, por la gravedad institucional de los hechos investigados y por el posible involucramiento de la Embajada de los Estados Unidos, según dijo.
La gravedad de los hechos investigados en la causa de los cuadernos desató una tempestad cuyo epicentro es Comodoro Py. Por primera vez políticos y empresarios ven que se transparenta el sistemático ataque a las arcas del Estado. La dimensión del latrocinio, el fundado temor a que se descubran las responsabilidades criminales y la cantidad de recursos económicos, políticos y de inteligencia de la más variada índole y origen, desplegados para impedir que esa cause avance, hace temer que todo quede una vez más en tinieblas.
En el epicentro de la discusión hay un periodista de investigación, como Santoro. Y es motivo de una gran preocupación que nuevamente la libertad de prensa y el secreto de las fuentes de información periodística, garantizadas por la Constitución y los tratados incorporados a ella, sean puestos en jaque.
