En manos de nadie

En los últimos meses, la provincia de Río Negro ha sufrido numerosos ataques relacionados con grupos seudomapuches y, más concretamente, con la llamada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). La semana pasada, un matrimonio resultó herido tras el ingreso de encapuchados a su cabaña, cerca de la localidad de El Bolsón, en un asalto atribuido a esta presunta organización armada, vinculada con diversos actos de violencia en los últimos años.

Río Negro no es la única provincia afectada por estos ataques violentos: el mes pasado se produjo un incendio intencional en una delegación forestal de la Secretaría de Bosques en el paraje El Pedregoso, en la localidad chubutense de El Hoyo, donde también se hallaron panfletos de la RAM. Se trata de hechos que no ocurren en lugares que han sido históricamente habitados por comunidades indígenas que se encuentran integradas a la sociedad argentina y que desarrollan su cultura armónicamente y en convivencia con los habitantes de los pueblos o ciudades donde viven.

Lamentablemente, las autoridades no solo mantienen una clara inacción frente a los hechos relatados, sino que también colaboran con ellos. Pretenden confundir el cumplimiento del mandato constitucional del artículo 75, inciso 17, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, así como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, con el inexistente derecho a delinquir indiscriminadamente, a usurpar cualquier propiedad pública o privada, a pisotear la soberanía y a extorsionar al pueblo argentino. Nuestros gobernantes se han volcado a amparar un dudoso indigenismo cuya violencia la sociedad rechaza.

Se arrogan la propiedad de áreas en las que se podrían desarrollar inversiones medulares para la República Argentina aun cuando hasta ahora no ocupaban las tierras, como requiere nuestra Constitución, afirmando ahora que integran su “territorio ancestral”.

Estas oportunistas intervenciones respecto de lugares como la Meseta de Somuncurá, un área remota en el centro de la provincia de Río Negro, no deberían tener cabida frente al proyecto de producción de hidrógeno verde. Lo mismo ocurre en Vaca Muerta, donde comunidades mapuches sin personería jurídica solicitan un resarcimiento para que las petroleras puedan atravesar el tendido del gasoducto por las que llaman “sus tierras”. Incluso más de una vez se han pedido sumas millonarias para que las empresas puedan realizar sus actividades sin contrariar a los “dirigentes” de las comunidades.

Resulta inconcebible que sea ahora el propio gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, quien proponga a los líderes de grupos autoproclamados mapuches un “Protocolo de consulta” que otorga a estas comunidades, no registradas y con tierras no reconocidas, un derecho de veto al proyecto más importante de la Argentina.

En un país quebrado, renunciar a la capacidad de administrar nuestros propios recursos, pudiendo estar en condiciones de cubrir la demanda interna de energía y al mismo tiempo exportar gas y recibir divisas sin depender de su importación y consumiendo las tan necesarias reservas ante estos inéditos procederes, revela la gravedad de la situación alcanzada. Funcionarios locales y nacionales que proclaman a voz en cuello sus adhesiones al margen de la Constitución y las instituciones que nos unen solo confirman que oscuros intereses se alzan contra nuestra irrenunciable identidad nacional.

Hace años que los vecinos de la Patagonia vienen sufriendo los desmanes de estos grupos violentos, con parques nacionales ocupados parcialmente por encapuchados y autoridades que no reaccionan ni atienden a quienes solo reclaman el respeto de sus derechos. Coronando una preocupante secuencia, se plantea ahora un nuevo absurdo: quienes no tienen un reconocimiento en nuestro país ni tierras registradas a su nombre extorsionan a una sociedad atónita con que si no hay dinero, no hay gasoducto. Sin legalidad y sin justicia, no habrá república.