Engaño y abuso de poder, tras el velo de la campaña

La campaña electoral con vistas a las PASO nacionales del domingo próximo está llegando a su fin de una manera irregular, preocupante y abusiva. La ley en vigor permite la realización de actos propagandísticos desde 30 días antes de las primarias y acota el plazo a 20 días cuando se trata de publicidad audiovisual. Sin embargo, la realidad nos muestra que, como mínimo, la actual campaña electoral comenzó el último verano, fundamentalmente con los precandidatos recorriendo las zonas turísticas.

Se trata de otra grosera violación llevada al extremo por quienes corren con mucha ventaja: los oficialismos de todos los distritos, que aprovechan la publicidad de gestión para promocionarse y promocionar sus fórmulas electorales. El efecto "cancha inclinada", como lo denominamos en un editorial de octubre del año pasado.

A partir de una causa iniciada por dirigentes del Partido Socialista, la justicia electoral advirtió sobre esas violaciones en la cartelería vial. Decenas de millones de pesos de los dineros públicos se dilapidaron en publicidades de precandidatos de los cuales muchos ni siquiera llegaron a consolidarse como tales. Calles, avenidas, autopistas, rutas y caminos de todo el país se vieron saturados por gigantografías cuyo único propósito ha sido el de posicionar a determinados dirigentes políticos en internas partidarias para disputar espacios de poder. Poco o nada se sabe del origen de esos fondos y del real costo de cada campaña. De muchas de ellas, probablemente, no se sepa nunca a cuánto ascendieron, pues esas partidas quedarán absorbidas por el gasto general de publicidad de gobiernos como el nacional que no ha reparado en utilizar con fines electorales actos conmemorativos, inauguraciones de obras y monumentos, el Fútbol para Todos y hasta la cadena nacional de radiodifusión.

Pero, como se pudo constatar, no ha sido el único oficialismo con ese tipo de conductas violatorias de la ley. Al respecto, las organizaciones Poder Ciudadano y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentaron ante la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría una denuncia por el uso ilegal de la publicidad oficial en el contexto de la campaña presidencial previa a las próximas PASO.

En su presentación, sostuvieron que los precandidatos José Manuel de la Sota, Adolfo Rodríguez Saá, Daniel Scioli y Mauricio Macri emiten spots publicitarios en fraude a la ley electoral por medio de la publicidad oficial de las provincias de Córdoba, San Luis y Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respectivamente.

Constituye, conforme aseguran los denunciantes, una vulneración de las prohibiciones de hacer campaña en medios audiovisuales por fuera del período habilitado, contratando espacios en radio y televisión, y burlando el sistema de distribución estatal de minutos de aire establecidos para tal efecto. Sólo la pauta publicitaria habilitada en los espacios gratuitos dispuestos por la ley electoral representa unos 13.500 millones de pesos en televisión y radio para esta instancia. Ese monto, además, no se distribuye en partes iguales entre los partidos, sino que está determinado por los votos que cada fuerza obtuvo en los últimos comicios.

Poder Ciudadano y ACIJ reclamaron a la Justicia el cese inmediato del uso ilegal de la publicidad oficial y que, en caso de producirse la sentencia judicial con posterioridad a las PASO, se dicten medidas judiciales idóneas para que no vuelvan a repetirse estos abusos.

• ¿Cuáles son las principales irregularidades tomadas en cuenta por ambas organizaciones para fundamentar su presentación? Básicamente, que están dirigidas a captar el voto hacia un determinado precandidato, pero con forma de publicidad electoral encubierta. Por ejemplo:Cuando al difundir una obra de gobierno distrital, se exalta la imagen, la voz y el nombre del postulante a un cargo electivo nacional.
• Cuando la publicidad institucional utiliza la misma estética y colores de la agrupación política a la que pertenece el precandidato.
• Cuando el contenido del spot asocia supuestos logros del gobierno distrital a la figura del precandidato o se insta a extenderlos a nivel nacional.

Un párrafo aparte merece el descarado aprovechamiento que, en el mismo sentido y hasta ahora con total impunidad viene haciendo el gobierno nacional de los recursos propagandísticos del Estado para instalar a sus candidatos en violación de la ley electoral, pero no sólo de ella. Ya hemos editorializado en estas columnas en numerosas oportunidades sobre el uso y abuso de la cadena nacional por parte de la presidenta Cristina Kirchner, en flagrante violación a lo que establece otra ley: la de medios. También, el gasto sideral que el Gobierno destina a publicidad oficial. Según datos oficiales, hasta el mes pasado se gastaron en 2015 más de 1300 millones de pesos en el rubro Prensa y Difusión, una partida que ya debió ser ampliada y que, seguramente, volverá a serlo como consecuencia de los superpoderes con los que se ha manejado la gestión kirchnerista, reasignando partidas según sus necesidades propagandísticas en desmedro de las reales urgencias del país.

No resulta llamativo, entonces, que esos desembolsos en publicidad oficial se hayan visto incrementados en las últimas semanas en coincidencia con la proximidad de las PASO. Se estima que el gobierno nacional gasta unos 12 millones de pesos por día en publicitar sus actos, lo que incluye la propaganda que también filtra mediante programas como la Anses y Fútbol para Todos, inundados de propaganda partidaria oficialista.

Las cadenas nacionales no sólo son protagonizadas por la Presidenta. Ya es un clásico de sus últimas apariciones ver sentados detrás de ella a los integrantes de la fórmula presidencial del Frente para la Victoria. Lo mismo ocurre con otros mensajes por cadena que la Presidenta ha aprovechado hasta el cansancio para instalar, por ejemplo, la imagen de Mariano Recalde como candidato a jefe de gobierno porteño, la de Miguel Pichetto para la gobernación de Río Negro o la del ministro Florencio Randazzo como postulante a sucederla hasta que ella misma se encargó de sacarlo de carrera después de haberle otorgado minutos y minutos de aire para promocionarse indirectamente a través de su gestión en Transporte.

Ayer, a cuatro días de los comicios, la Presidenta usó la cadena nacional para desacreditar, en términos muy duros y agraviantes, las críticas y denuncias de la oposición contra los candidatos oficialistas. También es habitual la manipulación de las videoconferencias de la primera mandataria con ciudadanos de otros distritos, en los que se promueve sin empacho ni pudores a candidatos provinciales y municipales.

En el caso de la fórmula Scioli-Zannini, hay que recordar la presencia de ambos dirigentes en Entre Ríos, la semana pasada, a bordo de un helicóptero de la policía provincial. El uso de aeronaves para campañas políticas ya había sido denunciado, pues el gobernador de ese distrito, Sergio Urribarri, se apropió del helicóptero policial para promocionar su costosísima, pero también frustrada candidatura presidencial por el FPV.

Como han dicho los denunciantes ante la justicia electoral, "maniobras de esta índole desnaturalizan el sistema de regulación de campañas electorales y generan enormes asimetrías en el acceso a medios de comunicación entre los candidatos, beneficiando a quienes hacen un uso ilegítimo de la publicidad oficial y, en consecuencia, disminuyen con esa presencia hegemónica en los medios las posibilidades de los competidores".

De ello no puede esperarse otro resultado que no sea el empobrecimiento del debate democrático y la limitación del derecho de los electores a elegir de manera informada.