Desazón y desconfianza ante una decisión inexplicable

La sorpresiva decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de pedir con carácter urgente el expediente principal de la denominada causa "Vialidad", con el fin de revisar planteos presentados por las defensas de los acusados, y que podría demorar el comienzo del juicio oral, previsto para el próximo martes, ha provocado crecientes muestras de rechazo y no pocas sospechas.

La mencionada causa judicial tiene como acusados a Cristina Kirchner y a Lázaro Báez, al igual que a varios exfuncionarios, entre quienes se destacan Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner, primo del expresidente. Todos ellos están imputados por presuntas maniobras de corrupción en obras públicas.

Con la firma de cuatro de los cinco miembros del más alto tribunal -solo su presidente, Carlos Rosenkrantz, expresó su disidencia-, la Corte atendió una serie de reclamos procesales de los abogados de la senadora Kirchner y de otros imputados, y requirió el expediente de la causa al Tribunal Oral Federal Nº 2, a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Así, sin esta instrucción en su poder, este tribunal no estaría en condiciones de iniciar el debate, ante la imposibilidad de cotejar las constancias originales cada vez que declare un testigo, por ejemplo.

Ayer, el fiscal general Diego Luciani sostuvo que la mera interposición de un recurso de queja ante la Corte no suspende el trámite del proceso judicial y, por tal razón, corresponde adoptar medidas a fin de asegurar el inicio de las audiencias el próximo martes. Asimismo, anunció que solicitará al máximo tribunal que proceda a devolver el expediente con la suficiente antelación para no demorar el proceso. Y subrayó que, en caso de que ese tiempo sea insuficiente para los ministros de la Corte, se les haga saber que las actuaciones han sido en su totalidad digitalizadas para agilizar la tarea de las partes.

Profunda preocupación han manifestado diferentes juristas por la decisión de la Corte, si esta posterga por tiempo indefinido la realización del juicio oral.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ha expresado que no debe perderse de vista que la Corte solo entiende en casos en que ha mediado una sentencia definitiva, lo que no es el caso, y que antes de elevarse la causa a juicio oral han intervenido tres instancias previas que permiten sostener que se ha garantizado de forma adecuada el ejercicio del derecho de defensa por todos los involucrados en la causa.

Los acusados deberían ser los principales interesados en impulsar el inicio del proceso oral. Es esa la instancia en la cual podrán sostener que las sospechas que pesan sobre ellos son infundadas. Sin embargo, ninguno de ellos parece querer responder públicamente ante los jueces, a pesar de que sobre el Tribunal Oral Federal Nº 2 no hay cuestionamientos que comprometan su independencia e imparcialidad. Son jueces de carrera nombrados durante el gobierno de Cristina Kirchner que han dado muestras de idoneidad.

Todo indica que los sospechados de formar una asociación ilícita apuestan simplemente a un cambio político que elimine la posibilidad de una efectiva y transparente rendición de cuentas. Buscan simplemente impunidad.

En un editorial anterior mostrábamos las dificultades que enfrenta la sociedad para conocer y entender el fenómeno de la corrupción. Decíamos que, en diciembre de 2016, el juez federal Julián Ercolini procesó a quienes ahora son sometidos a proceso oral en una decisión de 794 páginas, en la que analizó una gran cantidad de evidencia, por haber formado parte de una asociación ilícita destinada a cometer múltiples delitos para apoderarse ilegítimamente de unos 46.000 millones de pesos del Estado. La Sala I de la Cámara en lo Criminal Federal, integrada por Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, en septiembre de 2017, confirmó ese procesamiento en una sentencia de 150 páginas, en la cual se sostiene que los expedientes de obra pública en los que intervinieron las empresas de Lázaro Báez estuvieron signados por numerosas irregularidades. La prueba demostraría una evidente maniobra con múltiples abusos y anomalías en la contratación que aparecen reiteradas dentro de un prolongado lapso (2003-2015) y signadas por la gestión de De Vido y José López.

Debido al material probatorio obtenido, el juez Ercolini en marzo de 2018 concluyó la investigación y se abrió la etapa de debate oral. Se pasaba así de una etapa en la cual todo transcurre en actuaciones judiciales de difícil acceso, casi inaccesibles para la sociedad, a una fase en la cual se debe debatir públicamente. Las razones volcadas en aquellas 794 páginas de Ercolini o en las 150 de Ballestero y Bruglia debían comenzar a ser examinadas públicamente.

En ese escenario no es tan sencillo construir un relato, ya que la evidencia está a la vista. El proceso oral transparenta la actuación de los jueces y tiene la ventaja de permitir que quien no es responsable exhiba que los hechos que se le imputan no son verdaderos.

La decisión de la Corte de pedir los expedientes se encuentra en las antípodas de la publicidad reclamada para el juzgamiento de las sospechas de corrupción.

La Corte creó el Centro de Información (CIJ) para generar un nuevo puente de comunicación entre la Justicia y la sociedad. Allí figura solamente el oficio dirigido al Tribunal Oral Nº 2, en el cual el secretario de la Corte en materia penal, Fernando Arnero, solicita el expediente pero no la resolución que tomaron los jueces. Extraña omisión que priva a la opinión pública de conocer las razones que se tuvieron en cuenta.

Esa decisión es claramente inusual. Las estadísticas revelan que la Corte Suprema solo pide los expedientes en circunstancias excepcionalísimas.

¿Por qué el máximo tribunal no difundió su decisión de pedir el expediente? ¿Por qué no se han conocido los argumentos de su presidente en rechazo de la acordada? ¿Qué razones impulsaron a la mayoría a disentir con él? ¿Es cierto que figuras influyentes se reunieron con los jueces pese a que la Corte ha resuelto por otra acordada prohibir ese tipo de encuentros, que dañan su independencia y su credibilidad?

Esas y muchas otras son las preguntas que no ofrecen aún respuestas.

El silencio impuesto por la Corte se manifiesta en el dictado de una decisión que impide la realización de un juicio público, por una parte, y en el secreto que resolvió imprimirle a su actuación, por la otra.

Debe preocuparnos este secretismo, que no hace más que alentar la sospecha de que posiblemente estemos frente a una resolución que juega en el terreno de la política, más que en el de la justicia. Son conjeturas que la sociedad tiene derecho a plantearse, sumida en la desesperanza de no tener las respuestas que espera de uno de los poderes del Estado sobre el cual ya se han comenzado a escuchar voces en la oposición que pretenden ir por él.

LA NACION

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