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Escuelas en malas condiciones
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Resulta muy doloroso tomar conocimiento, merced a una investigación efectuada por La Nación , de las deficiencias estructurales que afectan a una considerable cantidad de edificios escolares porteños. Por muy buena voluntad y empeño que puedan aportar el personal directivo y los cuerpos docentes debe ser dificultoso sembrar conocimientos en tan deteriorados ambientes.
La ciudad de Buenos Aires dispone de 668 colegios de los cuales, según el informe, más del 72% supera el medio siglo de existencia, un centenar -por lo menos- se encuentra en estado crítico y otros noventa son víctimas de las reiteradas postergaciones de los proyectos elaborados para repararlos. Previsible consecuencia de esa injustificable situación es, con mucha probabilidad, el hecho de que los accidentes ocurridos dentro de ellos durante los dos años últimos se hayan incrementado en un 20% respecto de similares períodos anteriores.
No correspondería objetar la utilización de edificios longevos, cuya calidad de materiales y de construcción suele ser, más de una vez, superior a la de muchos inmuebles de menor edad, siempre y cuando dispusieran de constante y adecuado mantenimiento. Pero está comprobado y sabido que cuando escasean o son omitidas tan indispensables tareas -tal como suele ocurrir-, la antigüedad se convierte en obsolescencia y en decrepitud, lo cual, a corto o a largo plazo, provoca riesgos para la integridad física de sus ocupantes.
En trance de justificar esas deficiencias, abundan las explicaciones de los más variados tenores. La ya distante transferencia a la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires de los dos centenares y medio de escuelas que en aquel entonces dependían del Estado nacional, concretada en 1992, de manera inapelable y sin que simultáneamente fuesen cedidas las respectivas partidas presupuestarias, es una de las más frecuentes. Ha transcurrido casi una década y, sin embargo, muchos de dichos inmuebles muestran hondas laceraciones, si es que no fueron clausurados.
Vale reiterar que no hace falta ser experto en pedagogía o en arquitectura para comprender las dificultades implícitas en la obligación de desarrollar eficientes labores educativas y de aprendizaje bajo el supuesto cobijo de edificios tan precariamente conservados. Abundan las denuncias acerca de techos con filtraciones, paredes que muestran abundantes huellas de molestas humedades, pisos y escaleras inseguros y patios que deben ser convertidos en improvisados e inapropiados sustitutos de los ambientes cerrados, sea cual fuere la época del año en la cual es menester apelar a ese insólito recurso.
Aun más graves son las conclusiones reveladas por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Este organismo habría comprobado pasmosas irregularidades -pagos de obras inexistentes o defectuosas y contrataciones ficticias, que se atribuyen a la Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de la Secretaría de Educación local-, que actualmente se encontrarían bajo la lupa de la Auditoria porteña.
Entretanto, las autoridades informaron que han sido efectuadas inversiones y se están realizando obras de variada especie en alrededor de ochenta establecimientos, de los cuales un tercio corresponde a los que padecen instancias críticas.
¿Será suficiente? Los especialistas en infraestructura escolar sospechan que no, porque se carece del imprescindible planeamiento que permitiría, de acuerdo con las experiencias recogidas en los países desarrollados, dictar normas apropiadas para encarar progresivos trabajos de refacción y mantenimiento, de manera tal que ninguna escuela se quede desamparada en ese aspecto fundamental.
Educar es una las misiones esenciales del Estado. Los prodigiosos avances tecnológicos, científicos y culturales que ahora son pan de todos los días demuestran que ninguna sociedad podrá progresar -aunque más no fuere en proporción ínfima- si no le presta atención a los complejos aspectos del quehacer educativo. Y es deber del Estado preocuparse y empeñar sus mejores esfuerzos -no sólo invertir, sino además hacerlo en forma correcta y transparente- para que esa indelegable obligación pueda disponer del sustento de una adecuada y actualizada infraestructura edilicia.
