Estado ausente, inseguridad creciente

Ni la posibilidad de que se instale en la Argentina una nueva ola de coronavirus, ni la inflación galopante, ni la corrupción impune, ni la pobreza creciente. Siete de cada diez argentinos están más preocupados por la inseguridad que por cualquier otra amenaza a su vida cotidiana, según encuestas divulgadas recientemente. No es para menos: la cantidad de delitos en el país crece sin respiro, mucho más rápido de lo que las siempre atrasadas estadísticas pueden llegar a reflejar. La Argentina pasó a ser el 20° país con mayor tasa de delincuencia del mundo, asociada por los expertos con el alarmante crecimiento de la pobreza y del narcotráfico.

El botón de muestra más dramático es la ciudad de Rosario, con cerca de 200 homicidios en lo que va del año. El hartazgo ciudadano se vio recientemente reflejado en una marcha multitudinaria realizada en esa ciudad, en la que se increpó al gobernador Omar Perotti por la falta de acción y que concluyó con el descabezamiento de una de las unidades regionales. Hace mucho tiempo que parte de la provincia de Santa Fe está tomada por el narcotráfico, por bandas criminales cuyas máximas figuras siguen manejando desde la cárcel este tan vil como destructivo negocio. Nada de lo que sucede en esa zona santafesina es ajeno ni al poder político ni al judicial. De hecho, se han descubierto vínculos estrechísimos entre policías, funcionarios y delincuentes.

En la Patagonia, muchos ciudadanos viven desde hace tiempo una situación de total desamparo frente a las aberraciones que, en nombre de una supuesta comunidad mapuche, emprenden grupúsculos de terroristas violentos que arrasan todo a su paso, incendiando propiedades estatales y privadas mientras desde el Poder Ejecutivo Nacional se envían fuerzas federales a desgano en lugar de hacer cumplir la ley y prevenir estas situaciones secesionistas. Un Estado que no llega, llega tarde o en forma deficiente está desnaturalizando su función.

La situación es muy grave también en el resto del país. Concretamente, la provincia de Buenos Aires está viendo crecer aceleradamente los delitos asociados al narcotráfico y –al igual que en Santa Fe con la banda Los Monos– su ciudadanía enfrenta también el comprobado accionar criminal de algunos agentes de la policía bonaerense que, en lugar de defenderla, justifican la desprotección y el desamparo de la población, algo que dista de ser una mera sensación.

En el AMBA, unos 20 comercios por hora son víctimas de delitos y se roba un automotor cada cuatro horas, sin contabilizar los saqueos rurales. Cada fiscal que no acusa y cada juez que libera esgrimiendo un falso garantismo, que es en realidad abolicionismo, matan muchas más personas, porque un asesino puede matar y volver a matar. La “puerta giratoria” es una perversión ejercida y legitimada desde el mismo sistema penal, como con razón afirma Diana Cohen Agrest.

Como consecuencia del recrudecimiento del delito, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, ordenó el regreso a las calles de más de 2000 policías retirados. Se trata de una decisión acertada pero tardía, que parece responder más a la urgencia del oficialismo por intentar revertir el resultado de las PASO que por construir una política de Estado frente a la inseguridad.

Ante semejante desidia, vecinos de distintos puntos del país siguen tomando la defensa de sus vidas y patrimonios en sus propias manos mediante la privatización de un servicio que debe ser garantizado por el Estado: quienes pueden no solo financian la colocación de rejas, alarmas, botones antipánico y se turnan para patrullar las calles de sus barrios –con los graves riesgos que ello implica–, sino que han instaurado verdaderas redes de defensa propia, como grupos de WhatsApp, de Facebook y en cualquier plataforma o sistema que les permita estar alertas para tratar de evitar transformarse en las próximas víctimas. Es lo que hacen, entre muchos otros, los vecinos de Lucas Cancino, el estudiante de 17 años que fue asesinado de una puñalada para robarle la bicicleta cuando se dirigía al colegio, en Quilmes: desde que decidieron patrullar ellos mismos las calles, el delito bajó.

Frente a esa cruda realidad, se escuchan nuevas promesas de campaña electoral como si, a partir del 15 de noviembre, todo lo que se propuso tantas veces sin ningún tipo de resultado alentador fuera a cumplirse por arte de magia o mero voluntarismo.

La realidad es que no habrá soluciones de fondo, ni desde la política ni desde la Justicia, hasta que se admita que la inseguridad es hoy uno de los principales problemas de los argentinos y destinemos los esfuerzos necesarios –lo que incluye presupuesto para capacitar, entrenar y equipar debidamente a las fuerzas de seguridad– a revertir una situación ante la que casi siempre se ha hecho la vista gorda, ya sea por complicidad de las partes involucradas o por incapacidad para comprender el tema.

Los ciudadanos no reclamamos nada extraordinario. Pedimos por el derecho a preservar la vida, a educar a nuestros hijos en paz y libertad, y que nadie que haya cometido un delito en nuestro país sienta que puede evadir el consiguiente castigo dando una vuelta más en la puerta giratoria de la impunidad.

El papel protagónico que juega la ideología característica de buena parte de la coalición gobernante es la principal causa de este tan lamentable como peligroso estado de cosas.

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