Festival de impunidad
Distintas decisiones judiciales, como la liberación de detenidos y condenados ligados al poder kirchnerista, son un nuevo golpe a la igualdad ante la ley
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LA NACION
El Estado de Derecho se sustenta en principios establecidos por la Constitución nacional, tales como la necesidad de afianzar la justicia, respetar la igualdad ante la ley y proveer al bien común. Regidas por la división de poderes, las autoridades deben velar por su defensa. Lamentablemente, esa moral republicana viene sufriendo severos golpes, a partir de la acción de algunos jueces que, lejos de actuar con la necesaria independencia, han decidido someterse a las presiones de un poder político tendientes a garantizar impunidad a un grupo de delincuentes.
La reciente decisión judicial que le concedió la libertad condicional al exvicepresidente y exministro de Economía Amado Boudou es tan solo un ejemplo acerca de cómo se pretende desconocer, entre otros principios, que nuestra Constitución no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, que no reconoce fueros personales ni títulos de nobleza y que todos sus habitantes son iguales ante la ley.
Al obsceno beneficio concedido a Boudou, hay que sumar, en este festival de impunidad, los tratamientos judiciales que recibieron las causas que involucraban a personajes como César Milani, Carlos Zannini, Fernando Esteche, Cristóbal López, Fabián de Sousa, Carlos Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, Juan Pablo “Pata” Medina, Luis D’Elía, Lázaro Báez, José López y Alberto Samid, para no hablar de la propia vicepresidenta Cristina Kirchner, quien debió haber sido detenida de no ser por sus fueros.
Los mencionados exfuncionarios, empresarios o gremialistas vinculados al poder kirchnerista no fueron encarcelados por una cuestión política o por sus ideas, sino porque existían pruebas de gravísimos delitos, tales como asociación ilícita, cohecho, lavado de dinero, instigación a la violencia, defraudación contra la administración pública, enriquecimiento ilícito, pago de sobreprecios en representación del Estado, extorsión, incumplimiento de los deberes de funcionario público o negociaciones incompatibles con la función estatal, por citar solo algunos.
En la mayoría de esos casos, desde el kirchnerismo, se ha esgrimido con falaces argumentos que se trataría de “perseguidos políticos”, ante la imposibilidad de refutar las innumerables pruebas en su contra. Paralelamente, sus voceros han recurrido a la teoría del lawfare, según la cual los líderes políticos son objeto de persecuciones políticas, judiciales y mediáticas supuestamente en represalia por haber enfrentado a los “poderes económicos”. Asimismo, no han vacilado en imputarles disparatadamente a los periodistas que han investigado aquellos hechos ilícitos una pertenencia a “grupos de tareas”, una descalificación que bastardea el pasado trágico de la Argentina en su pretensión por exhibir un falso progresismo que es empleado como manto para cubrirse de impunidad.
El caso de Boudou es quizás el más elocuente, ya que fue uno de los presos K que mayores beneficios obtuvo: además de permitírsele injustificadamente cumplir un arresto domiciliario en una propiedad cinco estrellas, logró reducir su condena solo por hacer cursos de electricidad, filosofía y organización de eventos, lo cual le permitió salir hace unos días en libertad condicional.
Sin embargo, el despropósito no termina allí. El funcionario condenado por corrupción en la causa Ciccone, con sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia, acaba de anunciar con desparpajo que pretende ser rehabilitado para volver a ocupar cargos en la función pública.
Al obsceno beneficio concedido a Boudou, hay que sumar los tratamientos judiciales que recibieron las causas que involucran a numerosos personajes asociados a hechos ilícitos ocurridos en la era kirchnerista
No obstante, los beneficios que recibió Boudou no fueron los únicos destinados a los presos K. En la actualidad, muchos de ellos transcurren sus días en barrios cerrados con todas las comodidades y un trato inimaginable para los cientos de miles de personas detenidas. En esa lista aparecen Lázaro Báez, Jorge Castillo, Alberto Samid y Julio De Vido, entre otros.
En el caso de Samid, el autoproclamado “rey de la carne” condenado a cuatro años de prisión efectiva por asociación ilícita, fue encontrado semanas atrás en un restaurante, violando un arresto domiciliario que debería haberse monitoreado a través de una tobillera electrónica. Otro “rey”, Jorge Castillo, mentor de la feria La Salada, cumple el suyo con tobillera electrónica, en una mansión situada en un country club de Luján.
Con una sobrepoblación carcelaria del 7,8%, que se agrava en las unidades dependientes de servicios penitenciarios provinciales, donde alcanza el 25%, el trato diferencial hacia los citados presos vip contrasta con las cifras oficiales, que muestran que el 46% de los internos en cárceles federales aún aguardan condena.
Otro escandaloso fallo judicial fue el sobreseimiento por “ausencia de delito” de todos los imputados en la causa del Plan Qunita, por presuntas irregularidades y sobreprecios en la compra de kits para recién nacidos. En la lista de acusados figuraban, entre otros, el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández; el actual gobernador de Tucumán y exministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, y el actual ministro de Salud bonaerense y precandidato a diputado nacional, Daniel Gollán.
Engrosando la lista de vergonzosas resoluciones judiciales, no puede faltar el reciente archivo de la causa del llamado vacunatorio vip a manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien encontró que no existió delito penal alguno y que el problema fue la carga emocional con que los hechos fueron percibidos.
Con los fallos comentados, lo que parece quedar demostrado en la Argentina de hoy es que aquella venda que cubre los ojos de la dama de la Justicia solo serviría para ocultar los delitos de los amigos del poder, que el fiel de la balanza está claramente inclinado hacia un lado y que una muy desafilada espada no alcanza para hacer cumplir la ley.
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opinión
