Fondos del Estado como premio a lealtades políticas

La dispendiosa y arbitraria distribución discrecional de fondos públicos por fuera de la coparticipación a distritos afines ideológicamente al gobierno nacional no ha cesado este año a pesar de la urgente necesidad de recortar gastos.

Ya no se trata solo de la nefasta costumbre de beneficiar con dineros públicos a distritos amigos, sino de empezar a cuidar las finanzas de todos los argentinos, en un contexto de altísima inflación, medio país en la pobreza y una notoria escasez de empleo formal. Todas estas cuestiones exigen concentrar los esfuerzos en intentar salir del pozo, en lugar de seguir dilapidando la plata de los por demás escasos aportantes al fisco.

Según un informe realizado por Politikon Chaco, las citadas transferencias para las provincias crecieron 4,7 puntos porcentuales reales internanuales en el primer cuatrimestre del corriente año. Se trata de giros que quedaron bajo observación del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el rubro de los gastos por reducir. El mayor aumento fue para Tierra del Fuego, con el 113,8%, seguida por la provincia de Buenos Aires, con el 41,9%, y, en tercer lugar, por Catamarca, con el 37,3%. No resulta curioso que esos tres distritos tengan gobernadores aliados al Gobierno: Gustavo Melella, Axel Kicillof y Raúl Jalil, respectivamente.

Del total de los 24 distritos del país, hubo 14 que vieron disminuir los aportes nacionales respecto de hace un año. La ciudad de Buenos Aires, en litigio con el gobierno nacional por fuertes recortes anteriores, registró un alza del 6,1% interanual, pero por efecto del fondo para seguridad. En tanto, las provincias que registraron mayores pérdidas fueron Chubut (57,4%), Córdoba (45,7%), San Juan (44,3%), Jujuy (41,3%) y Neuquén (40,2%).

Conforme la opinión de diversos analistas, las transferencias fuera de la coparticipación fueron impulsadas especialmente por las necesidades surgidas como producto de la emergencia sanitaria, pero ya deberían haber empezado a regularizarse, aunque los altísimos niveles de inflación podrían generar más reclamos económicos de los distritos.

En anteriores editoriales hemos puesto de relieve también la enorme discrecionalidad con que se ejecutan los envíos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. En el período comprendido entre las últimas PASO y las elecciones generales, por ejemplo, Santa Fe, La Pampa y Chubut fueron, por evidentes razones electorales, las que mayor cantidad de dinero recibieron en ese concepto. A ello se sumó una decisión administrativa que para aquella época preelectoral reforzó las arcas del gobierno bonaerense en 15.000 millones de pesos. En la otra punta del ranking de “insumos” económicos, recibieron menor cantidad de fondos distritos como Córdoba, alejado del kirchnerismo, y Mendoza, Jujuy, y Corrientes, todos ellos gobernados por la UCR. La Pampa, gobernada por el PJ, obtuvo más del doble de ATN que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en manos de Juntos por el Cambio.

Más allá de los envíos discrecionales de remesas, es una certeza que los distritos que más aportan no reciben acorde a ello. Un estudio de la consultora FMyA, que dirige el economista Fernando Marull, publicado por LA NACION en febrero último, revelaba que la jurisdicción más perjudicada en el reparto es la Capital Federal, que representa el 17% del PBI nacional y solo recibe el 2,4% de las transferencias automáticas totales. Era la época en que comenzaban a discutirse los subsidios con fondos públicos a los servicios de transporte urbano en la región del AMBA.

Lo cierto es que si los porcentajes de coparticipación no están actualizados es por la manifiesta demora en sancionar una nueva ley al respecto, tal cual ordenó la Constitución nacional, en su reforma de 1994. Transcurrieron ya casi 28 años y ninguno de los gobiernos que pasaron desde entonces –ni los nacionales ni los distritales mediante sus representantes en el Congreso– se avinieron a avanzar en una norma en ese sentido. La Nación siguió así girando fondos a los gobernadores sin criterios específicos y, lo que es aún más grave, sin equidad.

Hay una enorme hipocresía cuando buena parte de la dirigencia política se enfrasca en este tipo de pugnas distributivas mientras se mantiene al margen de la ley. Resulta absolutamente condenable el injusto reparto de fondos por afinidad política, pero también constituye una omisión inexcusable que no se haya avanzado en la ley que permitiría corregir las transferencias y ejecutar las remesas como corresponde.

Se trata de un tema árido que el común de los ciudadanos no maneja y al que se lo bombardea constantemente con chicanas políticas que solo sirven para intentar tapar desaguisados de gestión.

Es hora de respetar la Constitución, que no es otra cosa que empezar a respetar a todos los argentinos, vivan donde vivieren.

LA NACION

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