Formación docente: eje de un necesario plan integral

Poco tiempo atrás, el Ministerio de Educación presentó una serie de proyectos de ley, entre los que se destacan uno sobre formación docente y otro de tecnología educativa. Se trata de iniciativas ponderables ante la necesidad de enfrentar la grave crisis que en esta materia sufre nuestro país desde hace más de dos décadas.

Estudios internacionales han señalado hasta el cansancio que la calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes. El Informe McKenzie, de 2007, que analizó 25 sistemas educativos –entre ellos los de mejores resultados de aprendizaje–, investigó “cómo hicieron los sistemas educativos con mejor desempeño del mundo para alcanzar sus objetivos”. Sus conclusiones fueron contundentes: el papel clave que tiene la buena formación docente en cualquier plan que pretenda mejorar la calidad educativa de un país es crítico.

“Hace diez años” –dice el informe– una importante investigación basada en datos de Tennessee demostró que si dos alumnos promedio de ocho años fueran asignados a distintos docentes –uno con alto desempeño y el otro con bajo desempeño –, sus resultados diferirían en más de 50 puntos porcentuales en tres años”. Esto viene a confirmar que la calidad educativa y la equidad que esta supone dependen en gran medida de la buena formación docente, tanto inicial como continua, que constituye el eje central de su desempeño.

Los desafíos que enfrentan la formación y la capacitación docentes, más allá de verse profundizados por la pandemia y las necesidades que esta impuso, son retos cuyo origen no es nuevo. Podría decirse que se han debido, entre otras causas, a la grave situación de incremento de la pobreza en la Argentina, a la falta de atractivo para los mejores alumnos de la carrera docente, a la dificultad de adaptación a la innovación por parte del sistema educativo provincial y nacional, a la falta de inversión eficiente y a las disputas sindicales, todas cuestiones que deben atenderse sin demora si se pretende dar un paso firme en su mejora.

En nuestro país existe una amplia heterogeneidad de instituciones formadoras de docentes. En todos los casos se trata de educación superior, pero esta puede ser universitaria o no universitaria, en instituciones de gestión estatal o privada, con dependencia nacional o provincial. Más allá de la buena iniciativa de 2006, que creó el Instituto Nacional de Formación Docente (Infod) no se ha logrado superar el sobredimensionamiento del sistema que tiene hoy más de 1300 institutos formadores frente a los 32 que tiene Francia, por ejemplo, con 67 millones de habitantes. Incluso, la cantidad de institutos superiores continuó creciendo en los últimos años, dificultando su gobierno y la definición de estándares, lo que requiere de una alta capacidad política de concertación e innovación que cualquier proyecto deberá abordar.

Es también importante reparar en que la educación del país no es solo la sumatoria de las capacidades de cada educador, sino que cualquier iniciativa debe incluir el fortalecimiento de los directivos de escuela y su rol de gestores líderes en un momento tan complejo como el actual y de los funcionarios de los ministerios de Educación de las 24 jurisdicciones del país, así como contemplar los mecanismos y recursos necesarios con vistas a un plan integral.

En cualquier proyecto que hoy pretenda mejorar la formación de los maestros argentinos se deben tener presente la experiencia y los desafíos que la pandemia supuso.

Según la evaluación nacional del proceso de continuidad pedagógica, realizada en 2020 por el Ministerio de Educación de la Nación, en la Argentina, el 90% de los docentes encuestados manifestó que, en el contexto de aislamiento social, el caudal de sus tareas aumentó de forma notoria y que estuvieron sobrepasados. Educar 2050, como parte de su Red Federal de Docentes Argentinos (Redfed), realizó, en febrero último una encuesta a docentes para conocer cuáles eran los principales retos que habían enfrentado. Entre ellos, detectaron los siguientes: 1) dificultades para garantizar la inclusión de todos los estudiantes, 2) problemas en el acceso a infraestructura tecnológica y competencias digitales, 3) débil acompañamiento de las familias para apoyar el aprendizaje en el hogar, 4) incremento de actividades que debieron absorber, 5) dificultades en el proceso de evaluación, y 6) la necesidad de garantizar el bienestar emocional de los estudiantes.

Parte de estos desafíos se vinculan con el desarrollo de competencias de los docentes para el uso de tecnologías. En América Latina y el Caribe, “menos del 60% de los educadores cuentan con habilidades técnicas y pedagógicas para integrar dispositivos digitales en la instrucción”, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2020.

Por otra parte, la pandemia puso de relieve la importancia en el trabajo docente de fomentar el autoaprendizaje, estimular la motivación y desarrollar habilidades en el uso del tiempo para fomentar el aprendizaje desde el hogar. Es por ello que surge la inminente necesidad de que los docentes sean formados para embarcarse en un nuevo modelo educativo, que desarrolle las capacidades conocidas como “habilidades del siglo XXI” que los estudiantes reclaman en búsqueda de un mayor sentido para su educación obligatoria. Estas contemplan el desarrollo socioemocional, las técnicas de negociación y resolución de problemas reales que enfrentan y quieren enfrentar, la habilidad de trabajar en equipo, el uso del arte y el reclamo de nuevos entornos de aprendizaje, mecanismos que los docentes deben conocer para una mejor instrucción.

El catastrófico impacto de la pandemia a la calidad y equidad educativa y el enorme esfuerzo de docentes de todo el país, amerita tener en cuenta todas las voces y mirar en detalle el contexto de un plan integral que contemple lo descripto. De otra forma, no será más que un nuevo y fallido intento que, en las actuales circunstancias, no podemos enfrentar sin condenarnos a un irreversible futuro.