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Hacia la pacificación nacional
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El debate sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida -tema sobre el cual deberá expedirse la Corte Suprema- sigue motivando pronunciamientos en un sentido o en otro.
Desde esta columna editorial hemos fijado muchas veces nuestra opinión. Anular esas leyes de amnistía con efecto retroactivo equivaldría a vulnerar un principio esencial del Derecho y, por otra parte, contribuiría a reabrir las heridas y los enconos ocasionados por el trágico y sangriento proceso que vivimos los argentinos hace más de un cuarto de siglo.
Se suele decir que la violenta represión ilegal lanzada desde las estructuras del Estado nacional contra los integrantes de las organizaciones guerrilleras revolucionarias comenzó en 1976 y fue una consecuencia del golpe militar que derribó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Las constancias y los documentos de la época demuestran que quienes formulan esa afirmación incurren en una imprecisión histórica.
La represión ilegal o "terrorismo de Estado" se inició, en rigor, durante las presidencias constitucionales que se sucedieron entre 1973 y 1976. Bastaría con recordar, en ese sentido, los múltiples hechos de violencia que produjeron la "Triple A" y otros grupos paraestatales durante los gobiernos de Héctor J. Cámpora, Juan Domingo Perón (tercera presidencia) y María Estela Martínez de Perón. Esos grupos, creados incuestionablemente al abrigo de las estructuras del Estado, persiguieron con saña feroz a los militantes de las organizaciones subversivas. El régimen militar que se instaló en marzo de 1976 continuó con esa aberrante metodología represiva mediante sus grupos de tarea, de tan triste memoria.
Debe recordarse que el máximo referente de la "Triple A", José López Rega, formó parte del gabinete ministerial de los tres presidentes democráticos mencionados. Nadie desconoce el papel decisivo que tuvo ese singular personaje, por ejemplo, durante la masacre de Ezeiza, consumada en 1973 con el apoyo directo de las estructuras del Estado.
Desde luego, nadie puede justificar los actos de barbarie e irracionalidad del gobierno de las Fuerzas Armadas. LA NACION ha condenado siempre todas las manifestaciones de violencia criminal que se sucedieron en las décadas del 60 y el 70. Desde estas columnas repudiamos invariablemente tanto las agresiones de los grupos subversivos revolucionarios como el terror promovido o auspiciado por el Estado antes y después de 1976. Pero creemos que no se ayuda a nadie - a ningún sector- cuando se renuncia a la precisión histórica y se esconde una parte de la verdad para que los hechos sean funcionales a determinadas corrientes ideológicas.
La historia de las naciones muestra -con una frecuencia que entristece- que cuando se desatan procesos sangrientos como los que hemos padecido en nuestro país no existen soluciones mágicas que permitan cerrar las heridas o clausurar las divisiones sociales causadas por la violencia. No hay una fórmula única que ayude a bajar el telón sobre los horrores del pasado.
Los métodos de represión ilegal aplicados masivamente por el gobierno militar dieron lugar en 1984 a un juicio a los responsables máximos de las Fuerzas Armadas, que fueron condenados a severas penas. En cambio, nunca fueron juzgados los responsables de las violaciones a los derechos humanos consumadas en 1974 y 1975, es decir, a los que impulsaron la violencia represiva en su primera etapa.
Es cierto que el propio gobierno que juzgó a los comandantes de las Fuerzas Armadas propuso luego al Congreso la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida, que impidieron que se procesara a los culpables de menor rango militar. Y es verdad también que hubo presiones y acciones de propaganda armada para provocar la sanción de esas leyes.No otra cosa fueron los sucesivos alzamientos "carapintadas". Pero es justo reconocer que también existieron en su momento presiones políticas y partidarias para que la represión ilegal lanzada desde el Estado en 1974 y 1975 no fuera juzgada.
Más allá de esas precisiones, creemos necesario insistir en que las naciones tienen el deber de recordar y actuar a partir de su historia, pero no pueden quedar prisioneras de ella ni deben hipotecar su futuro. Los pueblos no progresan ignorando o negando sus cicatrices, pero si las heridas son manoseadas permanentemente crece la probabilidad de que caigan en un retroceso que les impida avanzar hacia las necesarias metas de reconciliación y unión nacional.
