Hidrovía: otro lado oscuro
Crece la amenaza de que esta importante vía fluvial se consolide, por su falta de controles, como una ruta para la acción de narcotraficantes
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LA NACION
Ese cargamento de cocaína, camuflado en latas de pintura, configuró una de las incautaciones más grandes de la historia de Europa. Navegó por 1400 kilómetros sin ser sometido a una sola inspección por parte de las fuerzas de seguridad. Se sospecha que la logística de ese lote de contrabando de cocaína fue coordinada por el Primer Comando Capital, la organización criminal brasileña que más creció en los últimos años, con un pie en Paraguay, donde controla gran parte de las 12 prisiones guaraníes.
En la última reunión, realizada en La Paz en enero pasado, los miembros de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) advirtieron sobre los peligros de que la hidrovía Paraná-Paraguay se transforme “en una nueva vía para el tráfico de drogas”. El organismo internacional alertó sobre la “rearticulación” del tráfico de cocaína en Sudamérica a través de la Hidrovía durante la pandemia, e indicó que Paraguay se convirtió en una zona de acopio de la droga producida en Perú y Bolivia, para darle salida hacia África y Europa desde los puertos guaraníes.
En la Argentina no tomamos conciencia de la dimensión de este nuevo modelo de logística narco. Comenzó a ponerse en funcionamiento con una plataforma sólida en Paraguay, país que históricamente fue productor de marihuana, pero al que la inserción del crimen organizado internacional transformó en uno de los nodos de salida al exterior, a través del río.
Una muestra de este esquema de tráfico de drogas a través del río Paraná se hizo palpable en una causa judicial que se inició en septiembre de 2019, cuando la Prefectura Naval secuestró unos 291 kilos de marihuana. Proveniente de Asunción, el barco tanquero Don Juan amarró en una boya del lado entrerriano, cerca de La Paz. En lanchas rápidas, una banda de narcos paraguayos llevó el cargamento a Santa Rosa de Calchines, Santa Fe, donde existía un centro de acopio de los estupefacientes.
La organización asentada en Santa Fe estaba conformada por ciudadanos paraguayos y santafesinos que tenían contactos con la provincia de Buenos Aires. Los investigadores presumen que la caída de Itatí como centro de acopio de marihuana, en marzo de 2017, obligó a los narcos paraguayos, que son los mayores productores de cannabis, a buscar otros canales más sofisticados que aquel enclave en Corrientes para la llegada de la droga a la Argentina.
La falta de controles para combatir el narcotráfico en la Hidrovía está en discusión desde hace más de una década, pero no se avanzó en medidas concretas tendientes a cambiar esta situación de extrema vulnerabilidad. La exdiputada Elisa Carrió fue una de las que levantaron esa bandera. En 2018 presentó una denuncia en la Justicia Federal de Rosario para que se investigaran los puntos oscuros de ese tramo fluvial. “La Hidrovía es una especie de zona liberada que da lugar al tránsito ilegal de todo tipo”, dijo, con razón, en ese momento. La denuncia no tuvo avances.
Diputados de Juntos por el Cambio presentaron el informe “La hidrovía verde y blanca”, que el legislador y presidente de la Comisión de Defensa, Carlos Fernández, entregó a su bloque. Denunciaron el avance del narcotráfico y señalaron que los controles actuales en esa vía “no parecen ser suficientes”.
El tema de fondo es que ni la Argentina ni los países que integran la Hidrovía –Paraguay, Bolivia y Brasil– logran avanzar en un nuevo marco normativo para realizar operativos conjuntos que permitan ejercer un control efectivo sobre la referida vía fluvial. Actualmente se prioriza que los controles no corten el flujo de tráfico de la navegación, pero la situación en la región abre nuevas exigencias, ante el claro avance del crimen organizado en la Hidrovía. No hay tiempo que perder.
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