Incaa: una película que se repite

Resulta llamativa la reiteración de sospechas sobre desvíos de fondos, aportes para films fantasma y conflictos de intereses de varias de las últimas gestiones

Dentro del mundo del cine, se ha convertido en un lugar común calificar de "silla eléctrica" el despacho del presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales(Incaa).De entre los últimos ocupantes sucesivos de ese cargo, al menos siete terminaron su gestión denunciados ante la Justicia. Cada uno fue investigado por hechos curiosamente repetidos a lo largo del tiempo: supuestos desvíos de fondos, presuntas asignaciones de subsidios a películas que no se hicieron o probables conflictos de intereses.

Es ahora el turno del actual titular del Incaa, el cineasta Luis Puenzo, quien ocupa ese lugar desde el comienzo de la actual administración de gobierno. El organismo se enfrenta a una delicada situación a partir de una orden del juez Sebastián Casanello. En una causa bajo secreto de sumario por presuntas irregularidades en el reparto de fondos del Estado, a pedido del fiscal Carlos Rívolo, el magistrado investiga subsidios otorgados a distintas productoras entre diciembre último y junio de este año.

La denuncia se apoya en la sospecha de que esos fondos podrían haber sido asignados a productoras vinculadas con el propio Puenzo y su segundo en el Incaa, Nicolás Batlle. Una vez más se aviva el temor ante un posible conflicto de intereses planteado en lo más alto de la gestión oficial de los asuntos del cine en la Argentina. Idéntico motivo, tras una denuncia periodística, había forzado el alejamiento del productor Alejandro Cacetta, primer titular del Incaa durante la presidencia de Mauricio Macri.

Tanto Cacetta como Puenzo, en administraciones de diferente color político, llegaron al máximo cargo del Incaa con el consenso de los principales protagonistas e instituciones del quehacer cinematográfico local. Ese acuerdo pareciera ser la única condición posible para el ejercicio de una función que exige dotes de equilibrista para quien la cumple, y lo expone, además, a un prematuro desgaste. Los intereses son múltiples y los cuantiosos fondos que el organismo maneja con la legítima finalidad de fomentar el cine argentino aparecen como una tentación irresistible para quienes creen que los recursos públicos son torrentes inagotables sobre los que nunca pesa el mandato de la debida rendición de cuentas.

Fue precisamente ese consenso el que motivó, en el caso de esta última denuncia, que buena parte de las organizaciones representativas de la industria del cine se abroquelaran en defensa de Puenzo y de su gestión. En tanto fuentes de la Justicia aseguraron que no hay impedimentos para que el Incaa continúe funcionando con normalidad mientras se instrumenta la investigación, el juzgado de Casanello comenzó a analizar 377 expedientes para determinar si se cometieron irregularidades.

Crímenes de familia, protagonizada por Cecilia Roth, planteó días atrás una situación inédita, ya que la productora Magoya, ligada a Batlle, la vendió a Netflix, que la promociona como propia, desconociendo el aporte del Estado argentino. Para no perder el segundo tramo del subsidio, debía cumplir con los derechos de exhibición local. Con las salas cerradas por la pandemia, debió estrenarse anticipadamente en Cine.ar, para lo cual debieron saltearse tres meses de películas en espera para satisfacer el pedido del vicepresidente del organismo y llegar al público el pasado 20 de agosto en simultáneo.

La Jefatura de Gabinete, a cargo de Santiago Cafiero, pidió explicaciones sobre los imprevistos cambios en la grilla. Pero la industria teme que el tiempo que se tomará el magistrado para estudiar cada expediente, sumado a la parálisis de los rodajes, al cierre de salas y al resto de las medidas impuestas por el coronavirus en un área tan sensible como la del espectáculo, provoque un colapso irreversible de la actividad. Lo que casi nadie reconoce es que buena parte de la explicación de esa crisis que hoy se quiere endilgar exclusivamente a la pandemia radica en los endémicos problemas de funcionamiento del instituto.

Aunque siempre en voz muy baja, son muchos los que admiten que el Incaa soporta desde hace demasiado tiempo las penurias de una estructura tan ineficiente como desmesurada. La maraña burocrática deja a la vista trámites de lentitud exasperante, procedimientos interminables y falta de transparencia, obstáculos que se convierten en el terreno más propicio para la aparición de todo tipo de irregularidades.

Otro foco de conflicto es el poder de veto de los sindicatos; también en este terreno uno de los frenos para cualquier reforma. Con el afán de evitar conflictos gremiales, las sucesivas conducciones fueron sumando personal propio y hoy se llega a una realidad que hace estéril cualquier intento de mejorar la calidad institucional del organismo. Un propósito imposible de cumplir cuando hay demasiadas personas asignadas a una misma función.

Esas sucesivas capas burocráticas responden exclusivamente a los sectores que las nombraron, lo cual ha creado una multiplicidad de conflictos internos y un estado deliberativo permanente que dificulta cualquier mínimo objetivo de eficiencia en las decisiones. Hasta hay quienes sugieren que detrás de las últimas denuncias contra la conducción encabezada por Puenzo aparecería algún "fuego amigo" que codicia ese sillón para alguna de las corrientes del oficialismo que se disputan espacios de poder en el Gobierno.

La lupa que una vez más pone la Justicia en el funcionamiento del Incaa deja de nuevo al desnudo, más allá de los hechos concretos que son objeto de la investigación actual, la dinámica verdaderamente autodestructiva e ineficiente que envuelve desde hace mucho tiempo el funcionamiento del organismo. Si el poder político no acompaña con la designación de quien personifique auténticamente una loable vocación, dispuesto a cortar con la sucesión de cuestionables conducciones para plantear salir de una buena vez de ese laberinto, el Incaa se alejará cada vez más de la valiosa misión que le fue encomendada: estimular en nuestro país la creación cinematográfica en todas sus formas.