Indulto: Biden deshonró su palabra
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A poco de finalizar su mandato, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rompió su promesa de no intervenir en el caso de su hijo Hunter, de 54 años. Hizo uso de una facultad extraordinaria para indultarlo, tras haber sido sentenciado en dos casos penales relacionados con armas y evasión fiscal. El beneficio, de alcance amplio, cubre ambas condenas así como cualquier otro delito que haya cometido o en el que haya participado entre el 1° de enero de 2014 y el 1° de diciembre de 2024 en su país.
El único hijo varón vivo del presidente fue hallado culpable de tenencia ilícita de armas por un tribunal del Estado de Delaware y se declaró culpable de fraude fiscal en California, con lo que evitó someterse a otro juicio. Los cargos por evasión fiscal conllevan una pena de hasta 17 años en prisión, mientras que en el otro juicio enfrentaba una sentencia de hasta 25 años de cárcel.
En reiteradas oportunidades el presidente Biden había asegurado que no indultaría a su hijo. Incluso la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, había afirmado el pasado 8 de noviembre que el mandatario no le otorgaría dicho beneficio. La abrupta decisión marcó un giro inesperado contrario a las promesas de restaurar las normas y el respeto por el Estado de Derecho.
Biden, al igual que Donald Trump, afirmó que la política ha infectado a la Justicia norteamericana, uno de los pilares institucionales de la primera potencia global. Quienes lo procesaron fueron miembros del Departamento de Justicia de la misma administración demócrata, a quienes el presidente acusa ahora de parcialidad contra su familia. Su proceder complicará notablemente a los democrátas a la hora de defender la imparcialidad del Departamento de Justicia, legitimando las tesis extremistas sobre el “lawfare”, que sostienen que los poderes judiciales están al servicio de oscuros intereses, tal como pregona Trump. Los inquietantes planes del presidente electo de usarlo con fines políticos incluyen nombrar como próximo director del FBI a Kash Patel, un asesor que ha jurado ir contra los enemigos del presidente electo.
Al otorgar el perdón presidencial, Biden no solo ha faltado a su palabra, sino que ha puesto el interés personal por delante del deber, erosionando aún más la confianza de los estadounidenses en el sistema de justicia y echando por tierra el principio que defendió durante toda su carrera política, según el cual en los Estados Unidos nadie está por encima de la ley. La egoísta decisión del presidente constituye una decepción para buena parte de la sociedad y un pésimo precedente del que podrían abusar los próximos mandatarios.
