IOMA: otro foco de escándalo y corrupción
Son condenables los despidos de quienes denunciaron irregularidades en la obra social, donde además habría funcionado un vacunatorio vip
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LA NACION
Las últimas noticias sobre el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) provocan una doble alarma e indignación. Primero surgieron las denuncias de irregularidades y, como consecuencia de estas, los despidos de aquellos que tuvieron la valentía de exponer las conductas erróneas o delictivas. Luego, se conoció que allí habría funcionado un vacunatorio vip en el que 39 altos funcionarios de la entidad consiguieron ser inyectados.
Entre los vacunados figura el propio presidente del IOMA, Homero Giles, de apenas 39 años, muy vinculado al kirchnerismo bonaerense, y otros militantes de La Cámpora. Estos datos los acercó a la Justicia Idelmar Seillant, extitular del gremio del instituto, que acaba de ser separado de su cargo por la gestión de Kicillof.
Las vacunas habrían sido aplicadas en el Hospital Gabriela Carriquiriborde, de Lomas de Zamora, que depende del IOMA. En su denuncia, Seillant afirma que en la provincia hay “un 44% de agentes de salud de alto riesgo sin vacunar, poniendo en riesgo a la población y a sus propias vidas”, a la vez que destaca que los funcionarios inoculados tienen puestos administrativos, por lo que no se exponen ante pacientes con Covid.
Este episodio remite a la vacunación de otro líder sindical, Hugo Moyano, quien alegó que recibió la vacuna por ser “el presidente de dos obras sociales”, y sumó a su esposa y a uno de sus hijos, con el pretexto de que ambos “trabajan en el sanatorio” Antártida. Anteponerse a los trabajadores, a quienes dicen defender, parece ser una costumbre entre ciertos líderes de sindicatos y obras sociales, que una vez más velan por su bienestar económico y de salud, sin mirar las condiciones reales de trabajo de sus afiliados y empleados.
A esto se suma que, recientemente, empleados del Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del IOMA (Supttioma), gremio vinculado a la Coordinación General de Trabajadores Estatales (Conagres), se movilizaron para acercarle al gobernador bonaerense un reclamo por la reincorporación de sus compañeros desvinculados, entre quienes está Seillant, luego de haber alertado sobre maniobras de corrupción en la conducción del instituto.
El supuesto motivo de las desvinculaciones, que no han contado con una justificación legal, es según afirman los damnificados, un castigo por haber revisado los gastos que se hicieron en IOMA durante 2020.
La psicóloga Silvia Gutiérrez, que estaba próxima a cumplir 25 años de labor en la institución y fue despedida a principios de año, aseguró que esto no es más que una represalia. “Hicimos un informe anual de gestión, y descubrimos que las compras y suministros en el IOMA, con la excusa de la pandemia, cargan sobreprecios de hasta un 400%, y se direccionaron a empresas amigas”, sostuvo.
En el informe, los despedidos habían indicado que esto ocurría sobre todo en materiales y medicamentos sensibles, como prótesis, remedios de alto costo y baja incidencia y drogas especiales. Incluso, se percibieron prestadores que facturaron al IOMA sin haber sido dados de alta.
Al igual que Gutiérrez, los otros cinco colaboradores desplazados estaban con contrato vigente y, según afirmaron, “ejerciendo regularmente la representación sindical”.
Es inevitable advertir el lazo que vincula estos despidos con los ya ocurridos en el PAMI –allí ya hay más de 400 empleados desvinculados–, y que tiene como responsable al kirchnerismo, que toma estas decisiones desde un plano político, sin responsabilidad, ni teniendo en cuenta el contexto de pandemia en el que estamos inmersos hace ya un año.
Actualmente, el IOMA tiene más de dos millones de afiliados y un presupuesto que roza el 8% del PBI bonaerense. Mientras Giles combina la gestión con vacunar a sus funcionarios allegados, también busca tapar los datos de la realidad acallando las voces de quienes él considera que están en su contra.
Sabemos que esta práctica no es inusual en el kirchnerismo, que, lejos de escuchar las críticas o señalamientos de mejora, siempre opta por apartar a los funcionarios o colaboradores que luchan por mejorar la estructura del Estado.
Es claramente preocupante, pues no solo queda de manifiesto el accionar de los militantes de La Cámpora cada vez que ocupan un cargo público, sino cómo ayudan a perpetuar las malas maniobras que socaban un sistema sanitario al borde de la quiebra o en busca de rescates económicos. Maniobras que luego se extienden a la esfera nacional cuando llegan a puestos de mayor jerarquía, tal como sucedió con el vacunatorio vip del Ministerio de Salud de la Nación.
Es preciso aclarar que no es esta la primera vez que se alerta sobre maniobras delictivas o fuera de los caminos adecuados en el IOMA. La entidad suma ya más de 50 denuncias y, claro está, no todas corresponden a la actual gestión.
Estos hechos no hacen más que incrementar la incertidumbre de los afiliados al IOMA, y también de los profesionales que son prestadores, pues temen que esto se convierta en un método para pauperizar la atención médica.
Los denunciados deberían responder brindando información para separar a los corruptos y no con despidos intempestivos. La salud del país atraviesa un momento de gran tensión como consecuencia del Covid-19, y lo que menos necesita es que se le sume más incertidumbre y temor. Mucho menos, corrupción.
Tipo de trabajo:
opinión
