Jubilaciones: reponer moratorias ahondará las inequidades
Años de demagogia, concediendo beneficios a quienes no reunían los requisitos de ley han hecho colapsar el sistema perjudicando a los cumplidores
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Cuatro de cada diez personas que trabajan en la Argentina lo hacen sin aportes al sistema previsional, según reveló un informe reciente del Indec basado en la Encuesta Permanente de Hogares. Los datos muestran también que la informalidad es mayor entre los cuentapropistas. Respecto de quienes sí tienen empleos debidamente registrados o contribuyen de manera autónoma, se estima que muchos llegarán a la edad jubilatoria sin tener cumplido el requisito, establecido por ley, de contar con al menos 30 años de contribuciones.
La alta informalidad no es novedosa ni se limita a las relaciones laborales, sino que abarca a la economía en general. En ese escenario, la política de moratorias previsionales resultó hasta aquí una respuesta de naturaleza transitoria de fuerte corte populista, frente a una realidad persistente que está en el corazón de los problemas sociales y económicos del país. Es decir, es una respuesta de por sí inadecuada, conclusión a la que puede arribarse incluso antes de considerar los efectos que generó en los últimos años en cuanto a situaciones de inequidad y a desincentivos a la formalización.
Se requiere con urgencia un debate serio y profundo para darle al régimen jubilatorio rasgos de previsibilidad y equidad en un escenario de envejecimiento poblacional que obliga a replanteos
La cuestión está en estos días en el eje de un debate en la Cámara de Diputados de la Nación. Un grupo de legisladores propone que vuelva a regir una moratoria, luego de la caída de vigencia de la que estuvo activa por dos años en virtud de la ley 27.705, y que fue la última versión de esta política de acceso a las prestaciones, protagonista desde 2005 del principal régimen jubilatorio del país.
Esa puja por reponer un sistema que no ha hecho más que empeorar las cosas para quienes han venido cumpliendo en tiempo y forma con sus obligaciones previsionales quedó cristalizado esta semana en un plenario de comisiones en la Cámara baja, del que surgió la firma de una decena de dictámenes que versaron sobre dos temáticas: la actualización por inflación del bono de 70.000 pesos, congelado desde principios de 2024 y la moratoria previsional, que el Gobierno dejó vencer en marzo último. Sobre este último punto, el kirchnerismo pretende prorrogarla por dos años más mientras que el resto de la oposición, con matices, propone reemplazarla por una prestación proporcional por la cantidad de años aportados sin que se exija tener una cantidad mínima de contribuciones. Así se busca dar respuesta a quienes acumulan, por ejemplo, 15 o 20 años de aportes, pero no llegan a 30. Será sin dudas un tema ríspido de llegar al recinto, pues lo que está en el fondo de la cuestión no es solo el reparto si no cómo se lo financiará teniendo en cuenta el colapso del sistema jubilatorio, producto en gran medida de la demagogia de gobiernos que se han dedicado a saquearlo, a usar el dinero de los jubilados para otros fines y a otorgar beneficios sin haber cumplido con todos los pasos que exige la ley.
Del total de jubilaciones y pensiones que actualmente paga la Anses, seis de cada diez fueron gestionadas a través de moratorias, volviendo insostenible el sistema
Otorgar una prestación proporcional a los años de aporte no es tenida hoy en cuenta ni por el sistema contributivo ni por el régimen de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que confiere un ingreso mensual a partir de los 65 años de edad, sin requisito alguno de aportes y siempre que se supere una evaluación socioeconómica (se revisan los datos patrimoniales y de ingresos de la persona solicitante).
Mejorar el diseño de esta prestación antes que reponer las cuestionadas moratorias es un objetivo recomendado por algunos expertos que, días atrás, expusieron ante los diputados de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda.
La estadística de la Subsecretaría de Seguridad Social de la Nación indica que, del total de jubilaciones y pensiones que actualmente paga la Anses, seis de cada diez fueron gestionadas a través de moratorias volviendo insostenible el sistema. Es decir, corresponden a personas o a derechohabientes de personas que no llegaron a cumplir con los requerimientos fijados por una ley que, por su parte, es muy rígida en algunos aspectos y quedó desacoplada de un escenario laboral con tantas fragilidades como el de nuestro país.
No debe perderse de vista que las moratorias sobrecargan pesadamente cualquier estructura de beneficios que no se sostiene por sí misma, sobre todo en un contexto en el que quienes más aportaron, más poder de compra de sus ingresos perdieron durante los últimos años. Por causa de la inflación, fueron quienes menores recomposiciones recibieron
Si se observa solo el universo de las jubilaciones, la incidencia de los casos con moratoria se eleva al 68,5%. Entre las mujeres jubiladas, la tasa trepa al 79,9%. Y los índices son incluso superiores entre quienes cobran prestaciones jubilatorias del sistema de la Anses y viven en determinadas provincias: en Formosa y en Chaco, la participación de los casos con moratoria es de 90,1% y de 86%, respectivamente, en tanto que en Misiones llega al 82,4% y en Corrientes, al 81,1%.
Las moratorias surgieron en 2005, fruto de una tardía reglamentación de la ley 24.476, de mediados de la década del 90. Con el tiempo, el mecanismo para jubilarse salteándose el requisito de 30 años de aportes (nunca revisado en los últimos 20 años) se fue adaptando con diferentes normativas. Y, más allá de la caída de vigencia de la última de ellas, el sistema de aquella ley de hace más de tres décadas sigue en pie, aunque es restrictivo en cuanto a quiénes pueden utilizarlo, ya que permite regularizar aportes solo por períodos previos a octubre de 1993.
Tanta permanencia en el tiempo parece hacer que se pierda de vista la incapacidad de las moratorias para ser un sistema adecuado, sobre todo en un contexto en el que quienes más aportaron, más poder de compra de sus ingresos perdieron en los últimos años a causa de la inflación, porque fueron quienes menores recomposiciones recibieron. Las moratorias son causa, por otra parte, de fuertes inequidades: los autónomos con esfuerzos contributivos por 30 años o más, de hecho, accederán a la misma prestación jubilatoria que quienes, por razones propias o muchas veces ajenas, no han tenido prácticamente aportes.
Esta última cuestión es una de las tantas que requiere de un debate de fondo, tendiente a darle al régimen jubilatorio rasgos de previsibilidad, equidad y sostenibilidad en un escenario de envejecimiento poblacional que obliga a replanteos.
