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Juego y política: una combinación peligrosa
El Estado no debería favorecer el negocio de los juegos de azar; mucho menos, en tiempos de ajustes en que la economía aprieta más a quienes menos tienen
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LA NACION
Sería inminente la designación oficial por el gobierno bonaerense de las nuevas autoridades del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (Iplyc), que, junto con el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, es una de las codiciadas fuentes de recaudación fiscal. Se trata de lugares que, al igual que el Banco Provincia, son descriptos inapropiadamente como cajas políticas,
Por lo pronto, el gobernador había nombrado interventor en el Iplyc a su jefe de Gabinete, Carlos Bianco, una medida transitoria para evitar la acefalía administrativa tras la renuncia de Matías Lanusse a la presidencia, el pasado 10 de diciembre. Se alimentó así una creciente tensión entre Axel Kicillof y los intendentes del Frente de Todos, que le reclaman espacios en su gobierno. La pulseada política parece a punto de definirse. Todo indica que estaría confirmada la designación de Omar Galdurralde en el Iplyc, un sitial en el que muchos quieren ubicar a los propios, no solo desde las intendencias, sino también desde La Cámpora y desde el propio negocio del juego.
Galdurralde, hombre del riñón del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, ya integró el directorio del IOMA durante el gobierno de Daniel Scioli. Un mes antes de las elecciones generales, ese jefe comunal había sido uno de los primeros del conurbano en hacer público su respaldo a la candidatura de Kicillof, un crédito que evidentemente pretendería cobrarse y que se suma a los compromisos surgidos también de los acuerdos celebrados en campaña con Máximo Kirchner. De profesión contador, Galdurralde no tiene experiencia en el rubro y su elección desnuda las limitaciones de Insaurralde para conjugar entre sus colaboradores lealtad política y capacidad técnica.
Cuando todo hacía suponer que Carlos Gallo acompañaría como vice la designación de Galdurralde, esa posibilidad pareciera haberse esfumado. Gallo es alguien bien posicionado dentro de la mal llamada industria del juego gracias a su paso por Lotería Nacional durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Allí se habría ganado la confianza de otros empresarios del rubro, como Cristóbal López y Federico Achával, padre e hijo, este último recientemente elegido intendente de Pilar.
La idea de hacer rodar el nombre de Gallo habría sido una argucia de los competidores de López y de Achával padre, inquietos por la cercanía que su hijo tiene con Kicillof. Insaurralde es uno de ellos. El ardid habría servido además para allanar el camino al cargo de María Laura "Laly" García, una dirigente cercana a Sergio Massa, con algún antecedente en el Sindicato de Empleados Inmobiliarios de Tordillo, distrito bonaerense de tres mil habitantes.
La mayor expectativa de los dueños de bingos se centra en saber qué actitud asumirá Insaurralde, a través de Galdurralde, frente a la renovación de algunas licencias. Se destaca una que hizo caducar María Eugenia Vidal, que estuvo en manos de los clubes Los Andes y Temperley, y que se pretendía trasladar desde un local en el centro de Temperley a las adyacencias de Puente La Noria. Hasta ahora, Kicillof había desafiado el statu quo del sector con la intervención de Bianco. Pero si finalmente Lotería fuese a manos de alguien cercano a Insaurralde, el viejo orden podría volver a imperar.
A ese efecto, la empresa Codere, propietaria de muchos de los bingos del conurbano, había constituido una unión transitoria de empresas (UTE) con Daniel Mautone para la explotación de la licencia en manos de las referidas entidades deportivas. Mautone es socio de Daniel Angelici y mantiene estrecha relación tanto con Alberto Fernández como con Insaurralde.
La UTE pretendía instalar el bingo en el área comercial de un centro de transferencias de transporte público entre la ciudad y la zona sur del Gran Buenos Aires, al lado de Puente La Noria, una alternativa a la que se habían resistido tanto Scioli como Vidal.
Debe destacarse que iglesias de distintos credos suman un rechazo prácticamente generalizado al exponencial crecimiento y desarrollo del juego en los últimos años, al igual que vastos sectores de la población que expresan también altos índices de desaprobación. Lomas de Zamora es un buen ejemplo, con representación de la DAIA y una fuerte presencia de cultos mahometanos. Monseñor Jorge Lugones, presidente de la Pastoral Social Nacional y obispo de Lomas de Zamora, cercano al papa Francisco, fue uno de los que censuraron enérgicamente la iniciativa de reapertura del bingo en La Noria.
Las relaciones entre Insaurralde y monseñor Lugones no son las mejores, situación que se remonta a 2016, cuando una ola de asaltos a parroquias no encontró eco en la intendencia. Por otra parte, la poca simpatía de Lugones para con María Eugenia Vidal habría tenido que ver con la inclusión de los pentecostales en la distribución de asistencia que antes monopolizaba la Iglesia.
Los activos pastores evangélicos son percibidos como una amenaza no solo por la Iglesia Católica, sino también por las organizaciones políticas con presencia en la periferia más desprotegida. Tal el caso del Movimiento Evita, que lidera Fernando "Chino" Navarro, secretario de relaciones políticas y parlamentarias cercano a Lugones. Los evangélicos promueven un combate contra las adicciones que luce más eficaz que el de otros cultos. Por otra parte, son más proclives a promover el emprendedorismo y no comparten con los piqueteros ni con algunos sectores de la Iglesia los beneficios que se pretende atribuir al asistencialismo como instrumento para acceder a condiciones de vida dignas.
Otro aspecto inquietante de esta complicada trama es el que dejó al desnudo el feroz ataque a balazos al Casino de Rosario que se cobró la vida de un apostador y cuya autoría es atribuida a la temida banda narco Los Monos. De acuerdo con las escuchas telefónicas que obran en la investigación, el objetivo habría sido amedrentar a los propietarios del casino forzándolos a contratar la protección de Los Monos.
Mientras tanto, la adjudicación de licencias para el juego online que debió resolverse en noviembre aguarda aún la inminente apertura de otra peligrosa compuerta. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) estaría trabajando en el lanzamiento de un renovado Prode con la promesa de asignar lo recaudado a ayuda social. El Casino Central de Mar del Plata funciona por primera vez durante las 24 horas y sus autoridades sostienen que solo pretenden fomentar el entretenimiento, sin comprender que se alienta también la adicción al juego, que hace estragos en vastas franjas de la población, especialmente las más pobres.
En tiempos de ajustes, cuando la economía aprieta mucho más a quienes menos tienen, el Estado no debería favorecer el juego escudándose en la necesidad de recursos. El circuito es perverso y desemboca en conductas incontrolables y patológicas, capaces de destruir personas y familias, en todos los estratos, pero golpeando más entre los más desprotegidos.
Los ciudadanos deberíamos exigir a los gobernantes que limiten y reduzcan a su mínima expresión una oferta tan perniciosa como la del juego, que propone incumplibles quimeras para alimentar espurios intereses privados íntimamente vinculados con lo peor de la política.
Ojalá se dedicaran similares esfuerzos a promover la educación y el trabajo, en cuyo caso la ayuda social que el juego apunta a sostener sería menos necesaria.
LA NACION
