Jujuy: señales de alarma
El proyecto de intervención federal solo persigue la impunidad de condenados por haber sido parte de un sistema de corrupción sin precedente en el país
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LA NACION
La líder de la Coalición Cívica, la todavía diputada nacional Elisa Carrió, denunció que el kirchnerismo nada ha cambiado en relación con la gestión anterior en su visión del Estado: "Va por todo", dijo, y enumeró: presiones para liberar a los detenidos por corrupción en causas judiciales, cambios en el programa de protección de testigos, proyecto para limitar las prisiones preventivas de funcionarios y, como derivación más extrema, advirtió, "va incluso por el Presidente".
Mientras la diputada alertaba de esta manera a la sociedad, se conocían las primeras repercusiones sobre el proyecto del senador nacional por Jujuy Guillermo Snopek (Frente Justicialista) de intervención al Poder Judicial de su provincia. Por él se otorgan facultades tan amplias al interventor como para "suspender en sus funciones o remover a los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial y del Ministerio Público". En la extensa redacción de la iniciativa, Snopek no menciona ni una sola vez a Milagro Sala, la jefa de la organización Tupac Amaru, procesada y condenada en causas teñidas invariablemente por la corrupción y el ejercicio de la violencia que campearon en Jujuy cuando era una dilecta protegida política de los Kirchner.
Milagro Sala ha sido en Jujuy encarnación del régimen desafecto con elementales deberes republicanos que se extendió por tres períodos presidenciales. Personaje con el perfil soñado por quienes fomentan aún el plan de replicar en la Argentina los delirios más totalitarios del populismo, como el de la pobre Venezuela de Chávez y Maduro. Su nombre se pudo ocultar del texto intervencionista de Snopek, pero no la presencia de su espíritu ni la transparencia del objetivo real de la propuesta. Eso sería imposible, pues todas las evidencias concurren a establecer que se propende para el futuro inmediato de Jujuy una Justicia amañada por el poder central: se trata de que Sala deje de ser la "presa política" con la que los Zaffaroni y otros personajes del kirchnerismo más temerario buscan la impunidad de quienes han sido investigados por la Justicia a la luz de un sistema de corrupción sin precedente en la Argentina.
Milagro Sala se halla en prisión domiciliaria. Sobre ella pesa, en el caso más grave, una condena de 13 años, en la causa conocida como pibes villeros. Se la consideró jefa de una asociación ilícita destinada a cometer fraude a la administración pública y delito de extorsión. Esa condena fue confirmada por la Cámara de Casación Penal y por el Tribunal Superior de la provincia.
Sala ha sido sentenciada también a dos años de prisión en la causa por amenazas de volar una comisaría, que se encuentra a consideración de la Corte Suprema, y a cuatro años de prisión, confirmados por el tribunal oral y a estudio ahora de la Cámara de Casación, a raíz de lesiones graves a dirigentes sociales jujeños, causa conocida como caso Luca. En un cuarto expediente, ajeno a la Justicia provincial, ya que se tramitó en jurisdicción federal, fue condenada por el tribunal oral a tres años de prisión. Este último asunto concernió a las agresiones cometidas en un ámbito académico en ocasión de visitar Jujuy el hoy desaparecido hombre de bien y jurista radical Leandro Despouy.
El presidente del comité nacional de la UCR, diputado Alfredo Cornejo, denunció que el Frente de Todos busca impunidad para gobernar y que el proyecto de Snopek constituye una "obscena presión política". Mario Negri, jefe del bloque de diputados nacionales y correligionario como Cornejo del gobernador Gerardo Morales, anticipó que Cambiemos no permitirá el avasallamiento de la provincia.
Después de más de 70 días de gobierno, la cuestión de Jujuy amenaza con convertirse, por su sensibilidad, en la segunda cuestión en importancia del comienzo presidencial de Fernández. Nadie le ha imputado la idea originaria de la intervención a la Justicia de Jujuy, sino lo contrario, pero ha actuado en estos días de un modo en que le cabrá la responsabilidad institucional por lo que ocurra. Otro tanto puede decirse de la expresidenta en cuanto a los temas económicos, pues la naturaleza de los asuntos públicos, por más astucia que los políticos impriman a sus actos, no permite disociaciones violatorias de la lógica más elemental, sobre todo cuando alguien ha sido factor decisivo en la constitución de un nuevo gobierno.
El cuadro general del país es observado con incredulidad por quienes nos miran con la perspectiva serena de la distancia. Estamos sin crédito en el mundo y como incorregibles destructores de alternativas sensatas para el progreso de la sociedad. Según como al final se actúe en Jujuy, puede abrirse una nueva puerta hacia el vacío.
Por eso, las miradas se dirigen ahora, con más atención que nunca, a los elementos legislativos que han procurado definirse, aún sin cumplirlo cabalmente, como vías de morigeración en las principales controversias internas. ¿Cómo se alineará, por ejemplo, el exministro Lavagna en esta cuestión que afecta a un gobierno provincial del radicalismo, pero también a líneas notorias del peronismo provincial que han acompañado a Morales en su gestión?
No es solo la integridad política y judicial de Jujuy lo que se encuentra en juego; los focos de la atención pública están por igual puestos sobre el papel que desempeñará el Congreso de la Nación en un asunto que puede dañar aún más la débil estructura institucional de la República. Veremos quiénes se atreven a levantar el brazo para ese perverso cometido.
