La corrupción, el peor de los males

Es de destacar el acuerdo suscripto entre actores sociales para promover la lucha contra los aspectos estructurales que facilitan el robo a las arcas públicas
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23 de octubre de 2019  

Cuando, el domingo pasado, se realizó el segundo de los debates obligatorios entre candidatos a presidente de la Nación, volvió al primer plano de la escena electoral un tema que venía siendo relegado, cuando no ignorado, durante la campaña por buena parte de los postulantes a cargos electivos.

La profundización de la crisis económica contribuyó al desplazamiento del debate sobre corrupción en la agenda política y ciudadana, lo que, a todas luces, constituye un tremendo error.

No huelga decir que a quienes más conviene el silencio sobre este asunto es a los corruptos, a quienes se han servido, se sirven y aspiran a seguir sirviéndose del Estado en su propio beneficio. ¿Pero qué es lo que lleva a los demás a consentir ese silencio? No hay una única explicación. En nuestro país, ha sido siempre deficitario el abordaje sobre este tema. Se dan pasos aislados que suelen fracasar por falta de coordinación, por superposición de esfuerzos que no conducen a un objetivo claro y que muchas veces hasta terminan conspirando contra la búsqueda de la verdad y la debida sanción a los culpables de los delitos.

Hace poco más de un año, empezó a instruirse la causa judicial sobre "los cuadernos de las coimas", un aceitado mecanismo de corrupción que incluye a numerosos funcionarios y empresarios. Ese voluminoso expediente desnuda una cadena de delitos siempre admitida en conversaciones informales con la prensa, pero nunca juzgada en semejante proporción, con tantísima evidencia de los delitos que llevaron a una verdadera "cartelización de la obra pública" en el país.

Decenas de arrepentidos dieron por cierto ante la Justicia lo que se sospechaba. El juez de la causa, Claudio Bonadio, avanzó con la comprobación de los testimonios de esos arrepentidos, confirmándolos uno por uno. A tal punto que la Cámara Federal porteña volvió a respaldarlo anteayer, al rechazar la apelación de los acusados en el expediente. Ese tribunal dio por sentada la "verosimilitud" de las confesiones de los imputados colaboradores.

No es un dato menor cuando, ante la proximidad de las elecciones generales, empiezan a conocerse algunas decisiones judiciales basadas más en el clima político que sobre los dictados de los códigos Penal y Procesal.

Como suele suceder cada vez que la dirigencia demora una solución al problema de la corrupción, es la sociedad civil la que se moviliza en busca de acuerdos. Un ejemplo destacable de ese impulso ha quedado reflejado en el reciente documento suscripto por varias ONG, representantes de sectores académicos y especialistas de diversas procedencias. Bajo el título "Acuerdo social anticorrupción" ( acuerdoanticorrupcion.org), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), Poder Ciudadano y Directorio Legislativo acordaron una serie de propuestas de reformas normativas y de políticas públicas para comprometer a la dirigencia política a encararlas como parte de la estrategia de lucha contra la corrupción.

Una nueva ley de ética pública, con organismos de aplicación efectivamente autónomos; la regulación de conflictos de intereses; la obligatoriedad y ampliación de información de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios; la armonización de los delitos de corrupción de manera coherente y proporcional al resto de las figuras tipificadas en el Código Penal; rever la prescripción de algunos de ellos; la sanción de un régimen de extinción de dominio; el refuerzo del programa de protección de testigos; controles sobre el sistema de escuchas telefónicas y de la corrupción en el sector privado; transparencia de los mercados financieros; la sanción de un Código de Ética Judicial, y la reforma del sistema de inteligencia nacional son algunos de los ejes del citado documento.

No hay dudas de que la corrupción afecta de manera directa la calidad de la democracia, que impacta en forma negativa en la sociedad en su conjunto y destruye la confianza en las instituciones públicas.

La corrupción no puede ni debe ser naturalizada. No hay ningún tipo de beneficio emergente del "roban, pero hacen".

Como bien ha dicho el titular del Episcopado, Oscar Ojea, la corrupción "es el peor de los males, es una plaga".

La dirigencia con responsabilidades actuales y futuras en los tres poderes del Estado no desconoce el daño que produce la corrupción. Es necesario avanzar hacia políticas de Estado tendientes a atacarla de manera sistémica, produciendo cambios significativos en los aspectos estructurales que la facilitan.

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