La deuda con quienes sostienen la seguridad y la defensa nacional
No habrá seguridad posible si quienes deben garantizarla viven en medio de la incertidumbre económica y sanitaria
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Hablar de salarios bajos en la Argentina se ha vuelto casi un lugar común. Sin embargo, hay sectores donde esta realidad no solo es injusta, sino también peligrosa, como el de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Quienes tienen la responsabilidad de proteger la soberanía nacional, garantizar el orden público y poner el cuerpo en situaciones de riesgo cotidiano, perciben ingresos que, en muchos casos, no alcanzan para cubrir necesidades básicas.
Los números son elocuentes. Desde comienzos de 2026, un soldado voluntario percibe entre 610.000 y 660.000 pesos mensuales, mientras que un cabo apenas supera los 730.000 pesos. Incluso dentro de la estructura profesional, un suboficial ronda entre 990.000 y 1.270.000 pesos, y un oficial —como un teniente o capitán— se ubica en una franja similar. Solo en los rangos más altos aparecen sueldos que superan los dos millones de pesos: un coronel ronda los 2.040.000 pesos y un general, cerca de 2.866.000 pesos.
Existe, además, un desfase entre lo que cobra un suboficial u oficial de las Fuerzas Armadas y lo que perciben a mismo rango un suboficial u oficial de una fuerza de seguridad. Esta situación ha sido motivo de reclamos históricos y promesas de igualación nunca cumplidas. De cualquier modo, en ambos casos los niveles están entre los más bajos históricos y vuelve a haber un desfase muy pronunciado cuando se los comparan inclusive con lo que perciben miembros de las policías provinciales o de las fuerzas armadas de la región. La conclusión es clara: la base del sistema, que sostiene la operatividad diaria, se mueve en niveles salariales que no resisten el impacto del costo de vida.
La precarización salarial en estos ámbitos no es un fenómeno nuevo, pero sí persistente. A lo largo de los años, distintos gobiernos han postergado una discusión de fondo sobre la jerarquización del servicio. Se aplican parches, bonos extraordinarios o aumentos que rápidamente quedan licuados por la inflación, pero no se aborda el problema estructural: el desfase entre la responsabilidad del rol y la retribución económica. De hecho, durante 2025 los salarios militares perdieron entre un 10% y un 12% de su poder adquisitivo real, aun con incrementos nominales.
A esta situación se suma un factor que agrava aún más el cuadro: la crisis de la obra social Iosfa, que provee el sistema de salud para la familia militar y de la Gendarmería y la Prefectura. Lejos de ser un respaldo sólido, en los últimos años se ha visto envuelta en problemas financieros, demoras en prestaciones, dificultades para acceder a turnos y una creciente insatisfacción entre afiliados. Para muchos efectivos y sus familias, la cobertura médica —que debería ser un pilar de tranquilidad— se ha convertido en una fuente adicional de incertidumbre o, lisa y llanamente, en una pesadilla.
La Argentina tiene una deuda con quienes la cuidan. Saldarla no debería ser una opción sujeta a coyunturas, sino una prioridad permanente
Este escenario genera múltiples consecuencias. En primer lugar, impacta directamente en la calidad de vida del personal. Muchos efectivos deben recurrir a trabajos adicionales o endeudarse para llegar a fin de mes, a la vez que enfrentan un sistema de salud que no responde a sus necesidades. En segundo lugar, deteriora la moral institucional. Es difícil sostener vocaciones cuando el reconocimiento material es claramente insuficiente y, además, los servicios básicos asociados a la carrera presentan falencias.
Pero hay un aspecto aún más delicado: la seguridad misma. Un sistema que paga mal a quienes lo sostienen —y que tampoco garantiza adecuadamente su cobertura sanitaria— es un sistema vulnerable. La falta de incentivos adecuados no solo afecta la profesionalización, sino que también complica la retención de personal y el ingreso de nuevos aspirantes. En los últimos años se ha vuelto cada vez más evidente la dificultad para atraer y sostener cuadros, en un contexto donde el sector privado —e incluso otras áreas del Estado— ofrece mejores condiciones relativas.
Existe una contradicción evidente en el discurso público. Se exalta el valor, el sacrificio y la entrega de estos hombres y mujeres en momentos críticos, pero ese reconocimiento simbólico no se traduce en políticas salariales ni en sistemas de bienestar acordes. El aplauso no paga el alquiler, ni cubre la canasta básica, ni garantiza acceso a la salud.
Revertir esta situación requiere más que anuncios aislados. Implica una política sostenida que contemple recomposición salarial real, actualización periódica automática y un esquema transparente que evite distorsiones entre rangos y fuerzas. Pero también exige una intervención seria sobre el sistema de salud de las fuerzas, para devolverle previsibilidad, eficiencia y confianza.
La Argentina tiene una deuda con quienes la cuidan. Saldarla no debería ser una opción sujeta a coyunturas, sino una prioridad permanente. Porque no hay seguridad posible ni defensa efectiva cuando quienes deben garantizarlas viven en la incertidumbre económica y sanitaria.
Tipo de trabajo:
opinión
