La épica del banderazo
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LA NACION
Una vasta porción de la ciudadanía alzó su voz ante el peligro de que se pretenda amañar la Justicia para garantizar impunidad a los corruptos
Lo peor que podrían hacer las autoridades nacionales ante el multitudinario banderazo que se hizo sentir en todo el país es intentar relativizarlo o identificarlo tanto como una manifestación de grupos que están en contra de la cuarentena o como un simple acto partidario. Lo sucedido anteayer constituyó una marcha en defensa de la libertad y la calidad de las instituciones a cargo de una importante porción de la ciudadanía alerta ante posibles extravíos autoritarios similares a los que sufrió durante anteriores gestiones kirchneristas.
Se trató de una movilización para recordarles a nuestros gobernantes que la ciudadanía es mayor de edad, que puede cuidarse sola y que no está dispuesta a ser sometida a manipulaciones, como las de quienes buscan coartar el funcionamiento de las instituciones con el pretexto de la pandemia de coronavirus.
Fue, en definitiva, una forma de expresar angustias de tantas familias e individuos que no se limitan, como se ha querido hacerlo aparecer desde el oficialismo, al miedo a la muerte. Aunque algunos se empeñen en negarlo, la injusticia también provoca angustia en la población. La rebela el hecho de que se le pretenda imponer una multa a un solitario remero olímpico mientras se busca perdonar a un empresario amigo del poder por una escandalosa evasión impositiva. Del mismo modo que la indigna la posibilidad de una reforma judicial cuyo objetivo central es a todas luces la impunidad de la vicepresidenta de la Nación.
En menos tiempo del que duró la marcha popular de anteayer en Buenos Aires, un grupo de individuos, autoidentificados como periodistas, cometió el mayor número de necedades humanamente posibles. desde medios ligados al Gobierno.
La provocación hasta el cansancio a hombres, mujeres y familias que habían salido a expresarse contra la política gubernamental, puso al descubierto a quienes, desde canales de propaganda oficialista, procuraron convertirse en falsas víctimas y distraer así la atención sobre el fondo de un inmenso desfile popular por ciudades, pueblos y rutas del país. Cuánta torpeza hasta para dañar. en su incapacidad para respetar la disidencia.
Siempre, aun en la duda, las mejores tradiciones periodísticas han impelido a la defensa de los colegas incomodados mientras ejercían su tarea informativa. Ha sido tan indisimulada, sin embargo, la actitud de incitar a la reacción de gente pacífica por parte de empleados de medios afines al Gobierno que no cabe esta vez sino la condena por el cinismo con el cual se ha manoseado el oficio del periodismo, que incluyó también tan tendenciosos como mentirosos zócalos en las pantallas.
La corrupción y la inseguridad, tanto física como jurídica, de los argentinos están modulando en la ciudadanía un grito unido de rechazo plebiscitario
Lo ocurrido este 17 de agosto en espacios céntricos de la Capital ha sido un fenómeno sin antecedentes equiparables. Nunca como esa tarde se invocó con tanta reiteración la noble condición del periodismo con tan flagrante voluntad de desnaturalizar un intachable acto público.
Trajeron el recuerdo de otras conductas similares, abiertas y descaradas, que se fomentaron en anteriores gobiernos kirchneristas. La diferencia ha sido que en el pasado estaban confinadas a los sets desde los que se difundían, a costa del erario público, programas tan abominables como 6,7,8, concebidos con la pretensión de humillar a la oposición y denunciar, en clave de soplones policiales, al periodismo independiente de aquellos gobiernos.
Un seudoperiodismo ejercitado en el catálogo de hostigamientos a los adversarios propio de los núcleos más fanatizados del Gobierno, enalteció más, si cabe, el pronunciamiento popular del lunes. Fue un clamoroso rechazo en todo el país a la política de amañar la Justicia.
Validos eventualmente de mayorías circunstanciales en el Congreso, que hoy no lucen tan claras, podrán intentar destruir mañana al Poder Judicial, pero no podrán borrar de la sociedad la exigencia moral de que, tarde o temprano, los culpables paguen por sus actos. La comisión Beraldi podrá hacer propuestas que obstaculicen el camino para la República, a tono con el papel natural del defensor de la actual vicepresidenta, integrante de la comisión, pero no mucho más. La corrupción y la inseguridad, tanto física como jurídica, de los argentinos están modulando en la ciudadanía un grito unido de rechazo plebiscitario aun antes de la celebración de los comicios legislativos del año próximo.
Sería pedirle demasiado a aquella extraña "comisión de expertos" que no desoiga el clamor de una sociedad que comienza a saber, aun en medio de la desorientación en otros órdenes, lo que ciertamente desea expurgar de su seno.
LA NACION
