La impunidad sostiene al narcotráfico
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en sus manos la resolución de un caso que podría constituir una bisagra en la provincia de Santa Fe
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LA NACION
El poder del narcotráfico no solo se hace visible en Rosario con las balas y con el terror, sino también con las relaciones cada vez más aceitadas que mantienen sectores vinculados al crimen organizado con los resortes de poder, que dan las garantías para que esa actividad criminal funcione sin mayores problemas. El sociólogo e investigador Matías Dewey señala que esa “protección” está basada en la “suspensión de la ley”. En resumen, se sospecha que los narcos pagan sumas importantes y financian campañas políticas para obtener una mercancía muy valiosa: la impunidad. Sin ella sería imposible que los líderes criminales no solo se enriquezcan con la venta de drogas, sino que además puedan invertir su renta cada vez más elevada.
Esa búsqueda de impunidad atraviesa las instituciones y los partidos políticos, y termina siendo la base para que una violencia cruel provoque que Rosario tenga una tasa de homicidios cuatro veces superior a la del total de la Argentina, con 288 asesinatos que se produjeron el año pasado.
El caso del senador provincial del Partido Justicialista Armando Traferri sirve como síntesis para ver cómo penetró ese fenómeno criminal en lo más profundo. Este dirigente de San Lorenzo, una ciudad próspera a nivel económico, donde están asentadas gran parte de las terminales portuarias, nunca pudo ser imputado por asociación ilícita por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que terminaron denunciados por el propio legislador. Estos dos funcionarios judiciales buscaron develar una trama en la cual conviven la corrupción política y judicial, y la influencia de grupos narcos como Los Monos.
A Traferri lo acusan de recibir un pago de 250.000 dólares de un “empresario” que manejaba los casinos ilegales en Rosario, asociado a la fuerza con el clan Cantero. Ese pago estuvo destinado, según declaró en su condición de arrepentido Leonardo Peiti, a financiar la campaña electoral de 2019 del peronismo, que llevó a Omar Perotti a la gobernación. El mandatario santafesino negó haber recibido dinero sucio.
Se sospecha que los narcos pagan sumas importantes y financian campañas políticas para obtener impunidad
Peiti confesó haber financiado esa campaña para tratar de pasar a la legalidad con su emprendimiento, es decir, manejar el juego online de Santa Fe, algo que nunca ocurrió. Pero para que esa misión prosperara debía evitar tener problemas judiciales. Para ello también utilizaba los servicios de Traferri, que –según la declaración del fiscal Gustavo Ponce Asahad– pagaba al jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, una cuota de 5000 dólares a cambio de que no prosperaran denuncias por juego ilegal. En esa red de connivencia también figuraban jefes policiales como el exjefe de la Policía de Investigaciones de Santa Fe Daniel Corbelini.
En medio surgió un imprevisto. El empresario empezó a ser extorsionado por la banda de Los Monos, por lo que se hizo socio de ellos, al entregarles el control de pequeños casinos ilegales desparramados por Rosario, de los cuales la policía también cobraba sobornos. Los Monos pasaron a tener la misma cobertura judicial que su socio, cuyo operador en la Justicia era Traferri.
Los fiscales Schiappa Pietra y Edery investigaron a fondo, pero nunca lograron imputar a Traferri. Primero, el Senado de Santa Fe les cerró la puerta al rechazar el pedido para retirar los fueros legislativos al senador de San Lorenzo. Se unieron los dos partidos mayoritarios, radicales y peronistas, para resguardar corporativamente al senador. Luego crearon una comisión para investigar a los fiscales que querían investigar al poder. La Corte Suprema de Santa Fe hizo lo propio cuando los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación recurrieron a esa instancia, tras agotar la vía judicial. Con cinco votos contra uno, el máximo tribunal rechazó el pedido de inconstitucionalidad de las normas que regulan los fueros, que habían presentado los fiscales en total soledad.
Ante un panorama incierto, el único camino que les quedó a los fiscales fue acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En esa instancia, el procurador Eduardo Casal avaló el pedido de los fiscales y, en un dictamen, describió las incongruencias en el máximo tribunal de Santa Fe a la hora de votar sobre este caso.
El dictamen afirma que el fallo de la Corte santafesina “no exhibe una coincidencia mayoritaria sustancial en los fundamentos”. Esa mirada tiene que ver con que cinco de los seis ministros de la Corte provincial votaron de la misma manera, pero con fundamentos diferentes. Por lo tanto, hubo mayoría de votos, pero no de fundamentos. Con ese argumento, Casal señaló que “las decisiones de los tribunales colegiados no pueden concebirse como una colección o sumatoria de opiniones individuales y aisladas de sus integrantes, sino como el producto de un intercambio racional de ideas”. Los ministros de la Corte Suprema de la Nación tienen en sus manos ahora un caso que podría ser una bisagra en Santa Fe, porque marcará si hay poderes indemnes a la Justicia. Es la primera vez que dos fiscales logran romper esa espesa constelación en la política que ofrece las garantías para que el narcotráfico tenga impunidad.
Tipo de trabajo:
opinión
