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La lucha contra la corrupción y el papel de la prensa
Si detrás de cualquier nota periodística la Justicia buscase un metamensaje extorsivo, no solo el periodismo, sino también la República estarán en serio riesgo
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LA NACION
No habrá un combate eficaz contra la corrupción pública mientras exista la sensación de impunidad. Y para que haya sanciones ejemplares contra los corruptos se requiere, ante todo, la existencia de una Justicia independiente. El periodismo jamás deberá reemplazar la tarea de jueces y fiscales; sin embargo, la existencia de periodistas dispuestos a investigar al poder y a poner a disposición de los magistrados importantes elementos que puedan dar lugar a indicios o pruebas concretas puede constituir muchas veces una vital ayuda para el esclarecimiento de esa clase de casos. El avance de la causa de los cuadernos de las coimas, originada en una profunda investigación periodística de LA NACION, es un ejemplo.
Es indudable que así como la presencia de periodistas independientes, sensibles frente a los excesos o abusos del poder político, y metódicos y rigurosos a la hora de investigar para buscar la verdad es una garantía para combatir la impunidad, también las restricciones al trabajo de la prensa y a la libertad de expresión son el mejor aliado de los corruptos.
Por eso hemos expresado oportunamente nuestra preocupación por el procesamiento del periodista de investigación y editor de temas judiciales de Clarín Daniel Santoro por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Con argumentos más que endebles, este magistrado ha justificado su decisión al considerar a Santoro cómplice primario de brindar "una ayuda imprescindible" a Marcelo D'Alessio para que este pudiera extorsionar a un par de empresarios.
Más aún, en un hecho insólito, el juez le pidió a la Comisión Provincial por la Memoria, presidida por Adolfo Pérez Esquivel, que auditara las notas periodísticas publicadas por Santoro con el fin de que sus miembros dilucidaran si detrás de ellas se escondía alguna "operación de acción psicológica" que pudiera actuar sobre los empresarios a quienes D'Alessio está acusado de extorsionar.
Distintas entidades periodísticas han considerado que semejante decisión del juez Ramos Padilla representa una amenaza a la tarea informativa, al tiempo que imponer una suerte de auditoría sobre el trabajo de los periodistas vulnera la libertad de prensa consagrada por la propia Constitución nacional. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) ha expresado, en tal sentido, que aquella medida "además de chocar contra la jurisprudencia que reserva solo al Poder Judicial el análisis de eventuales daños causados por la prensa, busca el amedrentamiento y la autocensura de la labor periodística, debilitando su rol institucional en democracia".
En este contexto, no puede menos que causar una sensación dolorosa que el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, haya avalado esa peligrosa decisión del juez que no tiene precedente. El postulante kirchnerista, al ser consultado en una entrevista periodística por La Voz del Interior, de Córdoba, justificó la convocatoria a la Comisión Provincial por la Memoria en que "una cosa es hacer periodismo y otra es fingir que uno hace periodismo cuando en verdad lo que está haciendo es mandando mensajes extorsivos". Sugirió también que "las notas eran el mecanismo de extorsión" y "había metamensajes para los extorsionados".
Si bien Fernández aclaró que no cree que deba haber "un control periodístico del Estado" y se pronunció en favor de la preservación de las fuentes periodísticas, sus expresiones hicieron recordar la natural hostilidad que buena parte de los dirigentes kirchneristas, empezando por Néstor y Cristina Kirchner, han exhibido hacia la labor periodística.
Hemos sostenido que detrás de la causa por extorsión que sigue el juez Ramos Padilla y en la que está detenido D'Alessio hay derivaciones, como la acusación contra el fiscal Carlos Stornelli, que apuntan a deslegitimar la mayor causa de corrupción de la historia argentina, que es la de los cuadernos de las coimas, a cargo precisamente de Stornelli y del juez Claudio Bonadio.
Independientemente de las supuestas acciones de extorsión por parte de D'Alessio, la causa se ha orientado hacia una convergencia con el relato kirchnerista, según el cual los escándalos de corrupción que involucran a la expresidenta Cristina Kirchner y a exfuncionarios y empresarios contratistas del Estado son un "invento" detrás del cual estarían la embajada de los Estados Unidos, a través de D'Alessio; la Justicia de Comodoro Py, y un sector de la prensa, representado por Santoro.
No hay en el análisis efectuado por Ramos Padilla ni en el realizado por Alberto Fernández referencia alguna a posibles operaciones de inteligencia para entorpecer la causa de los cuadernos y sacar de la cancha al fiscal Stornelli, como las que se desprenden del llamado "operativo puf", conocido a través de un diálogo telefónico entre el dirigente justicialista Eduardo Valdés, embajador en el Vaticano en las postrimerías del gobierno de Cristina Kirchner, y Juan Pablo Schiavi, exsecretario de Transporte, hoy preso. Quizá la cercanía de Valdés a Fernández haya desatado las imprudentes declaraciones del candidato presidencial del Frente de Todos, que convalidan la pretensión de considerar a los periodistas posibles responsables de delitos en los cuales puedan estar involucradas algunas de sus fuentes informativas.
Si detrás de cualquier nota periodística la Justicia comienza a buscar un metamensaje extorsivo, no solo el periodismo, sino también la República estarán en serio peligro.
El periodismo de investigación ha permitido llevar a conocimiento de la sociedad y de la Justicia cuestiones de indudable interés público, al tiempo que su trabajo es y será fundamental para impedir que reine la impunidad. Algo que puede explicar por qué resulta tan molesto para algunos.
LA NACION
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