La mano del Gobierno sobre los precios

La Argentina ha conocido muchas y diversas experiencias de intervencionismo que irremediablemente terminaron en fracasos
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16 de abril de 2019  

El fuerte impacto social de una inflación que escaló a niveles más elevados ha generado un extendido reclamo dirigido al gobierno nacional. Las voces que se han elevado exigiendo soluciones pueden quedar representadas por el pedido a viva voz realizado por un trabajador al presidente Macri durante una visita a su lugar de trabajo: "Haga algo usted ahora". Estas palabras expresan un sentir y también una interpretación predominante de las causas tanto de la recesión como de la inflación. La expresión "hacer algo", dirigida a un presidente, se refiere a su atribución de emitir órdenes y decretos. Lo que es difícil de comprender es que las causas de la inflación no se pueden eliminar por mera voluntad de un presidente. Si así fuera, no habría país que la sufriera.

El problema es de fondo y las soluciones son complejas y se enraizan en toda la sociedad y sus instituciones. Además, las medidas que debieran aplicarse son contraintuitivas. Es decir que colisionan con la interpretación del grueso de la sociedad sobre las causas de la inflación.

La mayor parte de la población cree que la inflación es ocasionada por empresarios y comerciantes que remarcan caprichosamente los precios. Se requiere alguna formación económica para saber que en términos estadísticos esa no es una causa, sino una consecuencia. No son distintos nuestros comerciantes y productores de aquellos de otros países sin inflación en cuanto a su voluntad de incrementar sus ganancias. Tampoco son diferentes de aquellos que durante los diez años de la convertibilidad no remarcaban sus precios teniendo plena libertad para hacerlo. Sin negar que esos comportamientos pueden generar una inercia y que sin ninguna competencia podrían impulsar localmente algún incremento diferencial de precios, se perderá tiempo en atacar la inflación mediante controles gubernamentales, sin corregir el origen del problema. No obstante, se espera para mañana un anuncio presidencial en ese sentido.

La historia muestra que por propia ignorancia o por satisfacer reclamos populares, en muchas ocasiones los gobiernos impusieron controles de precios. También la historia demuestra que siempre fracasaron. En el año 301 d. C., el emperador romano Diocleciano emitió un edicto sobre precios máximos que comprendía alrededor de mil productos de consumo. La pena por incumplir un precio máximo era la muerte. El resultado fue la desaparición de los productos controlados y su negociación informal, aun con riesgo de vida. La inflación en el imperio tenía su origen en los excesos del gasto militar y otros dispendios que obligaban a acuñar más moneda, disminuyendo su ley en metales preciosos. Cuando se retiró Diocleciano del poder, su código ya estaba en realidad casi olvidado

La Argentina conoció muchas y diversas experiencias de intervención sobre los precios. El fenómeno de la inflación emergió a fines de los años cuarenta, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Su reacción fue disponer el congelamiento de los precios de productos de consumo, que se extendió también a alquileres, arrendamientos y cambios. El envío a la cárcel de comerciantes acusados de "agiotistas" y su escarmiento público no fueron suficientes para evitar un gradual aumento de la inflación, que llegó en 1951 al 50,2%. Fue entonces cuando, con la conducción de Alfredo Gómez Morales, se aplicó un programa de ajuste ortodoxo que en 1953 permitió recuperar la estabilidad. Esta línea fue abandonada cuando el desequilibrio fiscal se hizo crónico. Las décadas siguientes conocieron muy diversos ensayos de control de precios, varias veces bajo denominaciones eufemísticas como "acuerdo", "concertación", "precios cuidados", y otras creaciones lingüísticas. Los ensayos populistas fueron los más profundos y más dañinos a la vez. Se recuerda la "inflación cero" intentada por el ministro José Ber Gelbard en 1973, que, además de fracasar en su propósito, culminó en la explosión del Rodrigazo como la única forma de recomponer el sistema de precios y la situación fiscal. Las tarifas de las empresas estatales habían sido las únicas que respetaron aquel congelamiento.

En las últimas décadas hubo otros controles de precios de mayor o menor intensidad. Sus alcances fueron, en general, en proporción inversa al nivel de la inflación que pretendían corregir. En junio de 1985 se lanzó el Plan Austral, con un cambio de moneda y el compromiso de no emitir para financiar al gobierno. Simultáneamente se dispuso el congelamiento de los precios, tarifas y salarios. Los deslizamientos y las distorsiones llevaron a insistir en 1988 con el Plan Primavera, en un variado menú de controles de precios y cambios. El desequilibrio fiscal y la huida del dinero llevaron a la hiperinflación. La llegada del presidente Carlos Menem mejoró las expectativas, aunque una semana luego de arribar a la Casa Rosada anunció el congelamiento de los precios de 300 empresas líderes durante 90 días. Se publicó una lista orientativa de precios máximos de 30 productos. Terminó en un nuevo fracaso y en el segundo pico hiperinflacionario. Un año después se abandonó el control de precios con la llegada de la convertibilidad.

La anunciada decisión del Gobierno de instrumentar un nuevo acuerdo de precios de productos de primera necesidad durante un determinado período no contribuirá a mejorar la confianza de analistas económicos y de quienes deciden inversiones. En los ámbitos especializados del mundo de las finanzas se verá este hecho como una medida política propia de una situación de emergencia. La fijación de los precios de alimentos y otros productos de primera necesidad no podrá comprender las materias primas para elaborarlos, que usualmente cotizan en mercados competitivos. Tarde o temprano se producirán quebrantos y la carencia de los productos controlados.

El apoyo material e institucional del directorio del Fondo Monetario Internacional seguramente continuará. En todo caso, si el cuadro de estrategias electorales ha hecho imprescindible una medida de este tipo, debería acompañarse con otras de carácter estructural que dieran comienzo genuino a la corrección de los desequilibrios que realmente causan la inflación.

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