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La nueva interventora del Servicio Penitenciario Federal
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LA NACION
Con la designación de la fundadora de Justicia Legítima, sigue consolidándose el avance de Cristina Kirchner en el área de Justicia del gobierno nacional
Pocas dudas quedan del avance de la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre las decisiones en materia judicial del gobierno de Alberto Fernández. A tal punto que la mayoría de los altos cargos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos han recaído en personas de estrecha confianza de la exjefa del Estado, con la inocultable finalidad de garantizarle impunidad.
La última incorporación es la de María Laura Garrigós de Rébori como subsecretaria de Asuntos Penitenciarios e interventora del Servicio Penitenciario Federal. La nueva funcionaria se jubiló dos años atrás como jueza de Casación Penal de la ciudad de Buenos Aires, y, entre sus antecedentes, se destaca haber sido fundadora y presidenta de la facciosa agrupación Justicia Legítima, nacida en 2013 en medio de los debates sobre el proyecto de "democratización de la Justicia" impulsado por el gobierno de Cristina Kirchner, que constituía un intento de avasallamiento de la independencia judicial. Es, además, integrante del Instituto Patria, orientado por la expresidenta, donde coordina la Comisión de Administración de Justicia.
No parece casual que la flamante funcionaria haya expresado pocos días atrás duros conceptos sobre el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Sus declaraciones se produjeron en momentos en que la vicepresidenta de la Nación dejó en claro que tenía en la mira al máximo tribunal y en que avanza en el Gobierno la idea de crear un consejo consultivo para proponer modificaciones en la Corte, y que se evalúa la integración de Carlos Beraldi, abogado de la expresidenta, a aquel órgano asesor.
Paralelamente, Cristina Kirchner hizo público en las redes sociales un video en el que se manifiesta decepcionada de la actual Corte Suprema porque no intervino para impedir la difusión en los medios de comunicación de algunas de sus conversaciones privadas con Oscar Parrilli.
Los ataques contra el máximo tribunal desde el kirchnerismo se explican por el hecho de que sus magistrados deben resolver próximamente sobre distintos recursos que presentó la defensa de Cristina Kirchner con el propósito de hacer caer o retrasar el único juicio oral y público en marcha contra la exmandataria, referido a las millonarias concesiones de obra pública a Lázaro Báez.
No menos malestar provocaron las declaraciones de la doctora Garrigós de Rébori sobre el estado de las cárceles y los niveles de delincuencia. Sostuvo que "no hay ingresos al Servicio Penitenciario Federal porque bajó el delito por la cuarentena" y que "cuando termine la cuarentena, los guarismos van a volver a lo habitual".
Estas últimas apreciaciones se registraron poco después de que, con el pretexto de la pandemia de coronavirus, se les concedió la detención domiciliaria a numerosos presos alojados en unidades penitenciarias, entre los que se encontraban peligrosos delincuentes.
Los cuestionamientos de esas medidas se asociaron con cierto carácter general que buscó justificar el beneficio de la prisión domiciliaria, basado en un sentimentalismo ideologizado.
Es cierto que, ateniéndonos a la Constitución Nacional, las cárceles no deben ser fuente de más castigo o tormento que el que la necesaria privación de libertad les impone. Pero, lamentablemente, funcionarios como el propio secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, parecieron más preocupados por dejar fuera de la cárcel a exfuncionarios kirchneristas y amigos del poder, al tiempo que jueces como Víctor Violini soltaron a presos de alta peligrosidad –no pocos de los cuales reincidieron en el delito– sin apelar a criterios razonables. La más elemental lógica invita a pensar que la solución no es "soltar a los presos", sino acondicionar las cárceles adecuadamente.
La nueva interventora del Servicios Penitenciario tendrá a su cargo una difícil tarea en ese sentido, para la cual, antes que en concepciones asociadas al abolicionismo penal, debería imaginar soluciones al hacinamiento en las unidades carcelarias, que incluyan la construcción de nuevos y modernos establecimientos penitenciarios. Del mismo modo, deberá proponer soluciones transitorias frente a la actual pandemia, tales como habilitar barracas en establecimientos militares y construir espacios provisorios, pero suficientemente seguros y limpios, donde la salud de los reclusos esté bajo control.
Todo vale y sirve en esta línea menos olvidarse de las víctimas y optar por la "salida fácil" de libertades que pueden derivar en conductas de difícil pronóstico.
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