La política como negocio

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18 de noviembre de 2020  • 00:27

En pos de la transparencia electoral y del fortalecimiento de la democracia urge rever y corregir arcaicos mecanismos que arrastramos por décadas

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que es obligación del Estado financiar la confección de todas las listas de candidatos que compitan en las PASO, lo cual está derivando ya en una creciente cantidad de pedidos de inscripción de numerosas agrupaciones políticas, especialmente de las que coloquialmente se denominan "partidos pymes", o que, en muchos casos, se conocen también como "sellos de goma". Se trata, en su mayoría, de fuerzas muy pequeñas, que apuestan a conseguir financiamiento para seguir presentándose a elecciones por más que propongan muy pocos candidatos y obtengan porcentajes tan bajos de votos que no alcanzan el piso legal requerido del 1,5% para superar la instancia de las primarias.

De hecho, ya se registra un cúmulo importante de pedidos de inscripción de partidos en la provincia de Buenos Aires. Actualmente, ese distrito cuenta con 75 agrupaciones políticas reconocidas, y 26 más (un incremento del 34%) iniciaron el trámite para obtener ese aval en lo que va de 2020. Once de esas 26 lo comenzaron el mes pasado. En el país, esa cifra de nuevos pedidos trepa a 161.

Según la Cámara Nacional Electoral, al 31 de octubre último se encuentran vigentes 660 agrupaciones políticas, de las cuales 45 tienen representación nacional. El resto son distritales. De aceptarse esos nuevos trámites de inscripción, la cantidad de partidos llegaría a 821. Evidentemente, un número tan alto de agrupaciones no se relaciona con una verdadera diversidad de opciones ideológicas, sino con circunstancias que, en muchos casos, remiten a beneficios económicos que de otra manera no conseguirían especialmente las pequeñas fuerzas, cuya vida partidaria es casi nula fuera de los procesos electorales.

La citada sentencia del más alto tribunal del país reconoció como válido el reclamo realizado por el Frente Patriota Bandera Vecinal, que lidera Alejandro Biondini, una agrupación política que en los comicios de 2017 en la provincia de Buenos Aires se había presentado a competir en las PASO con un solo precandidato a diputado, el propio Biondini, y seis a senador. Los votos de todos ellos sumaron el 0,34%, es decir, bien lejos del 1,5%, por lo que fue inhabilitada para presentarse en los comicios generales de aquel año. No obstante, a los cinco millones de pesos que ya había recibido esa fuerza por la impresión de boletas partidarias de toda la agrupación en aquel entonces ahora el Estado debe sumar 14.080.000 pesos más, por cuanto la Corte sostuvo que el pago no es por agrupación, sino por las boletas correspondientes a cada una de las listas que se presentaron.

En rigor, la Corte no ha hecho otra cosa que seguir un criterio propio de 2015 -al menos en este caso no cambió su valoración, como sí lo hizo con la causa del traslado de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi-, cuando había decidido que era obligación del Estado financiar todas y cada una de las listas que se presentasen a comicios, lo que le había sido negado a Biondini en la instancia inferior de la tramitación de su reclamo judicial.

El Estado financia a cada agrupación la impresión del equivalente a un padrón y medio de boletas del distrito en el que se presenta. En el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, si en los próximos comicios de 2021 varias de las fuerzas tuviesen siete listas internas, como tuvo en 2017 el partido de Biondini, el Estado debería financiarle 126 millones de papeletas a cada una, gasto que se hace incontrolable, por cuanto se aceptan como documentos de esas erogaciones partidarias las facturas válidas de las imprentas. De más está decir que resulta materialmente imposible poder fiscalizar in situ el momento en que se imprimen, de modo de poder corroborar que ese número se corresponde con lo declarado.

No es casual entonces que muchos observadores de las cuestiones electorales consideren este enorme y creciente interés por participar en comicios un verdadero negocio económico por demás alejado de una cuestión político-vocacional.

Hay quienes también afirman que parte de esa estrategia, mal vista en muchas otras naciones, en nuestros pagos responde a la necesidad de algunos dirigentes de probarse electoralmente para llamar la atención de fuerzas más grandes que la suya, donde poder ir a recalar llegado el caso. Fundamenta esa apreciación la llamativa cantidad de "saltimbanquis" de la política: los abruptos cambios de partidos -y a veces hasta mutaciones de ideologías- con los que suelen asombrarnos no pocos dirigentes locales, aun los recién asumidos en un cargo electivo.

La Red Ser Fiscal, entre otras entidades, lleva años denunciando los problemas y gastos que suscita la multiplicidad de boletas partidarias. Hoy promueve una petición (https://www.change.org/p/que-boleta-%C3%BAnica-papel-sea-ley-para-que-en-2021-ganen-la-transparencia-y-la-democracia) para que las arcaicas papeletas electorales sean reemplazadas por una boleta única de papel. Se estima que con ello el Estado podría ahorrar unos 3000 millones de pesos en cada elección. Una sola boleta garantiza así toda la oferta electoral, terminando también con los consabidos robos, la costosa logística e impresiones, con tanto daño para el ambiente. En Santa Fe y en Córdoba este sistema ya se aplica exitosamente. En favor de la transparencia, los ciudadanos debemos apoyar la iniciativa denominada "ficha limpia" en pos de una ética y el proyecto sobre boleta única de papel, que ya está en el Congreso, en favor de la transparencia.

Urge repensar todas estas situaciones y encontrar mecanismos que tiendan a prevenir este tipo de aprovechamientos y abusos que se realizan en nombre de la institucionalidad, sacando provecho precisamente del derecho de los ciudadanos a elegir y del propio a ser elegido. Adecuar los sistemas para facilitar los controles y promover la austeridad del gasto garantizará una efectiva rendición de cuentas, un paso clave en el proceso de consolidación de la transparencia electoral, que sostiene a la propia democracia.

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