La politización de la Justicia fueguina
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LA NACION
En los próximos días se concretará la ampliación del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, mediante un sistema de selección basado en la arbitrariedad. Entre otras razones, porque se ha utilizado un método exprés para ampliarlo en pleno aislamiento sanitario y se ha recurrido a un acuerdo político cuyo fin más evidente ha sido copar su funcionamiento luego de años de estabilidad en manos de la misma integración, que no ha recibido mayores objeciones.
La utilización de la figura de un concurso de selección que no guarda ningún parámetro constitucional ha sido otra de las arbitrariedades manifiestas en este proceso. Tampoco se han evaluado los antecedentes ni las entrevistas, y los escritos técnicos que formulan los candidatos no obtienen calificación alguna.
También recibió fuertes reproches la integración del organismo de selección y remoción de jueces. La totalidad de sus consejeros y del cuerpo de asesores son hombres. La única mujer que integra el Consejo está a cargo de la Secretaría Administrativa, sin ningún tipo de función técnica con relación a las decisiones que toma el organismo.
Tales condiciones generan falta de estímulo por parte de candidatos con criterios independientes, ya que se conocen con sobrado plazo de antelación los nombres de quienes serán designados antes incluso de que se inicien los llamados a concurso. Del mismo modo, abogados con amplia formación y sólidos antecedentes desisten de sus candidaturas en pleno proceso de selección cuando advierten que el concurso es solamente una mera excusa para ocupar puestos políticamente digitados.
Igualmente grave resulta el funcionamiento del sistema de remoción de magistrados a cargo del Consejo de la Magistratura provincial.
Los principios de independencia judicial e idoneidad ética y profesional de los magistrados son requisitos fundamentales para el sostenimiento y profundización de los valores republicanos.
Situaciones como las que suceden en Tierra del Fuego desalientan el fortalecimiento institucional y llevan a un grave retroceso de la calidad en la administración de Justicia.
Reiteradamente desde estas columnas hemos advertido sobre los riesgos de la partidización de los poderes judiciales. La cooptación de una de las principales instituciones de la república por sectores de la política viola tanto preceptos de la Constitucional nacional como de tratados internacionales en favor del desarrollo, la no discriminación y la lucha contra la corrupción.
Resulta esencial que los jueces tengan por único fin administrar justicia con imparcialidad, sosteniendo la necesaria independencia frente a los embates del poder político.
Un Poder Judicial que convierte los procesos de selección de magistrados en una pantomima de validación y una Justicia que es rápida para seleccionar jueces vinculados al sistema político y lenta para desvincular jueces amigos, lejos de actuar como el contrapeso del poder político, se convierte en una garantía de impunidad.
El cuestionado sistema de selección de jueces fueguino consolida la intromisión política en el Poder Judicial y atenta contra la división de poderes.
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