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La remoción de jueces y fiscales
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LA NACION
Otras opiniones: El Día, de La Plata
LA PLATA.– Una vez más se habla de las presuntas presiones que ejercería el gobierno bonaerense para concretar el desplazamiento del actual procurador general de la Suprema Corte, Julio Conte Grand.
El gobernador Axel Kicillof habría insistido en su alejamiento y esa intención se la habría planteado a su antecesora María Eugenia Vidal, en el contexto de las reuniones que ambos mandatarios están manteniendo, en especial en lo que se refiere al tratamiento de la ley de presupuesto del año venidero. La versión coincidente es que, frente al planteo de Kicillof, Vidal habría manifestado su rechazo. Pero que el gobernador insistió: "No puede seguir en la Procuración alguien que formó parte de tu gobierno", le habría dicho, en alusión a que Conte Grand fue secretario legal y técnico del gobierno de Vidal.
Por encima de toda valoración de tipo personal, lo que corresponde señalar es que la integración del Poder Judicial no puede ni debe cambiar cada vez que cambia un gobierno.
Son la Constitución y las leyes las que fijan el procedimiento de remoción de los jueces y de los integrantes del Ministerio Público, que solo se puede instrumentar a través del mecanismo del juicio político por las causales de mal desempeño o mala conducta que se le puedan imputar.
Pero no es –no lo puede ser, de ninguna manera– el mero cambio político de gobierno una razón que justifique el relevo de ningún magistrado. Promover esa alternativa equivale a descalificar la división de poderes, uno de los principios más relevantes del sistema democrático y republicano que debe ser defendido a todo trance.
Fuente: El Día, de La Plata
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