La responsabilidad de la oposición
Tras la controversia por las elecciones porteñas, es necesario que los dirigentes de Juntos por el Cambio retomen el camino que les exige la sociedad
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LA NACION
Ningún sistema electoral es perfecto ni puede ser completamente inocente. Según las circunstancias de cada momento, puede beneficiar a ciertos partidos o candidatos y perjudicar a otros. Por eso resulta razonable no modificar las reglas de juego electorales durante el mismo año en que se llevarán a cabo comicios, siendo lo más recomendable que cualquier reforma de esa clase, una vez aprobada legalmente, no sea instrumentada hasta que pase un proceso eleccionario, a fin de evitar suspicacias.
En el caso que nos ocupa en estas horas, la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de realizar la elección de autoridades de la ciudad de Buenos Aires en la misma fecha que las nacionales, aunque mediante diferentes mecanismos es, al menos parcialmente, inobjetable.
La Legislatura porteña aprobó, por amplia mayoría de votos, en octubre de 2018, un Código Electoral para la ciudad, que determina la posibilidad de unificación de las fechas de los comicios locales con los nacionales y establece la boleta única en papel para la elección de los candidatos a cargos electivos, si bien deja abierta la alternativa de adoptar algún tipo de voto electrónico.
En una decisión que mereció fuertes cuestionamientos desde su propia fuerza política, el jefe de gobierno porteño anunció anteayer que las elecciones de nuevas autoridades de la ciudad se efectuarán en los mismos días que los comicios nacionales, aunque se adoptará la boleta única electrónica y no la boleta sábana que se empleará para elegir presidente, vicepresidente y diputados de la Nación.
Desde este espacio editorial, en reiteradas ocasiones, se ha impulsado el sistema de boleta única en papel en todos los niveles, para poner fin a la corrupción electoral derivada de la posibilidad de llevar a cabo distintas trampas que, habitualmente, pueden beneficiar a las fuerzas políticas numéricamente más poderosas.
Entre las ventajas de la boleta única en papel, pueden mencionarse una mayor equidad, puesto que todos los partidos competirán en igualdad de condiciones de visibilidad y presencia; un mayor resguardo del derecho ciudadano a elegir de manera sencilla y segura con boletas y listas de candidatos sin adulteraciones, por cuanto el Estado será el único responsable de su impresión; la erradicación de nefastas prácticas clientelistas, como el llamado “voto cadena”, y del robo de boletas en el cuarto oscuro, junto con un importante ahorro en impresión de papeletas electorales.
Resultaría positivo, por ende, que los votantes porteños puedan elegir a sus autoridades con prescindencia de lo que se decida en el orden nacional.
Juntos por el Cambio ha hecho incluso de la instrumentación de la boleta única una bandera en pos de la transparencia electoral en el resto del país. Lamentablemente, si bien el año pasado, el Congreso estuvo cerca de aprobar a nivel nacional una iniciativa legal en ese sentido, el oficialismo kirchnerista obstaculizó su sanción.
En este contexto y en función de lo expuesto, no se justifican muchas de las duras críticas que, desde su propio partido, se formularon a la decisión adoptada por Rodríguez Larreta. Por el contrario, sí puede objetársele su afán por la utilización de una boleta única electrónica en lugar de la boleta única en papel.
Como ha señalado la presidenta de Transparencia Internacional y especialista en sistemas electorales y financiamiento político, Delia Ferreira Rubio, el jefe de gobierno porteño puede decidir si usa o no boleta única, pero no el empleo de un sistema electrónico, por cuanto esto último no es una facultad suya, sino del Instituto de Gestión Electoral (IGE), creado por el nuevo Código Electoral. Se trata de un ente autárquico con independencia funcional, aunque la Legislatura aún no prestó su acuerdo para el nombramiento de su titular. Rodríguez Larreta propuso la designación de Ezio Emiliozzi para ese puesto en noviembre pasado, sin que hasta hoy haya sido aprobado por el cuerpo legislativo porteño.
Hecha esta salvedad, el desdoblamiento concurrente de las elecciones porteñas y las nacionales debe verse como un paso que debería robustecer el proceso democrático y la libertad de los ciudadanos a la hora de votar. Las rispideces producidas en el seno de Pro no se explican por tecnicismos, sino por una competencia –natural, si se quiere– por el liderazgo de una fuerza política donde, días atrás, su fundador, Mauricio Macri, dio un gesto ejemplar al renunciar a ser candidato presidencial. Este gesto debería ser un paso fundamental hacia el inicio de un nuevo ciclo político, sin dejar de profundizar los principios y valores que gran parte del electorado le reclaman a la principal coalición opositora, antes que cualquier conveniencia coyuntural. El expresidente de la Nación, como dijimos en oportunidad de su reciente renunciamiento, no debería malgastar ese loable gesto con imposiciones de candidaturas que puedan asociarlo con prácticas nepotistas.
En mayor o menor medida, distintos dirigentes de Juntos por el Cambio han modificado públicamente sus posiciones en función de las circunstancias y de conveniencias políticas de cortísimo plazo, dejando de lado los principios. Aún están a tiempo de retomar el camino que les exige una sociedad que espera que se ocupen de los graves problemas del país antes que de satisfacer sus apetencias personales y de desgastarse en peleas que pueden hacer peligrar la república.
Como puntualizamos en un editorial publicado el 19 de febrero último, con igual título que este, resulta imperioso que los dirigentes de la oposición actúen con la suficiente sensatez para abandonar los personalismos y privilegiar propuestas concretas y realizables.
Tipo de trabajo:
opinión
