La telefonía móvil, ante otra amenaza intervencionista

Se han conocido nuevos proyectos parlamentarios tendientes a declarar la telefonía móvil como servicio público . Logrado ese marco jurídico, se intentará acentuar las regulaciones y controles que ya se aplican sobre la actividad. Tal iniciativa, en la que coinciden tanto los senadores radicales Gerardo Morales y Eugenio Artaza como los diputados del Frente para la Victoria Adriana Puiggrós y Herman Avoscan, debería ser motivo de un muy serio análisis. Más allá de que no existe un único concepto sobre las implicancias de la definición como servicio público, la telefonía móvil se halla en la actualidad fuertemente regulada y controlada, a excepción del precio del servicio, que las empresas prestadoras pueden establecer libremente, como sucede habitualmente en todo el mundo en sectores que se desenvuelven en competencia.

La calificación como servicio público, entonces, sólo tendría como efecto que las tarifas pasasen a ser reguladas por el Estado.

En los citados proyectos legislativos, se propicia la constitución de entes reguladores con amplias atribuciones de control y autorización previa. Los regímenes tarifarios requerirían la aprobación de estos entes y ser sometidos a audiencias públicas antes de su aplicación. Se establecería como criterio que las tarifas cubran los costos con una adecuada rentabilidad, lo cual implicaría necesariamente que el ente regulador controle esos costos. No se prevé en las iniciativas ajustes automáticos de tarifas en correspondencia con la inflación ni con la devaluación de la moneda.

El decreto 764/2000, del gobierno de Fernando de la Rúa, estableció reglas para el sistema de telecomunicaciones, incluyendo la telefonía móvil. Este marco legal, aún vigente, tuvo la virtud de avanzar en regulaciones tarifarias sólo cuando no se dieran condiciones de competencia. Se consideraba que ésta quedaba demostrada por la existencia de otro prestador en el mismo mercado que superase el 20% de la facturación del conjunto. Este requisito se ha cumplido. En los 13 años de vigencia de este decreto las tarifas de telefonía celular se fijaron libremente, pero aun así han bajado en términos reales.

Según un relevamiento realizado por la firma Signal Consulting sobre 32 operadores móviles en América latina, la Argentina tiene la menor tarifa incluyendo Internet. Es del 51% de la media regional. En nuestro país la cantidad de líneas ya ha superado holgadamente el número de habitantes, exponiendo así la más alta cobertura.

Según el citado decreto, la telefonía móvil no está declarada como servicio público. No era necesario hacerlo. Sin llegar a ese avance intervencionista, se pudieron reglamentar los mecanismos de interconexión, el régimen de otorgamiento de licencias, la portabilidad del número telefónico, el servicio universal y todas las disposiciones requeridas para el ordenamiento de los servicios.

Así ha operado y se ha desarrollado la telefonía móvil sin que la insuficiencia de regulación haya sido la causa de los problemas que padecen los usuarios del servicio. Las dificultades en esta actividad, hoy evidentes, tienen otro motivo. Han sido generadas principalmente por el impedimento a las empresas prestadoras para acceder a una mayor franja del espectro radioeléctrico, en tanto se multiplicó el número de usuarios y se incorporaron muy diversos servicios además de la simple telefonía. Esta limitación fue impuesta por el propio Gobierno, que administra el uso del espectro y dispone la adjudicación de frecuencias. Sólo recientemente se ha dispuesto conceder mayores franjas de ese espectro, lo que permitirá normalizar y mejorar la calidad del servicio móvil y acceder a tecnología 4G, prevista para 2015.

La declaración de servicio público implica la titularidad pública de la actividad. A partir de allí el Estado puede desarrollarla por cuenta propia o a través de concesiones o licencias. Esa declaración abre un espacio mayor para las iniciativas intervencionistas y estatistas, como la creación de una empresa estatal de telefonía móvil. Este intento y la vocación por hacerlo ya tuvo materialización en 2012, cuando se creó la operadora estatal Libre.ar para prestar servicios de telefonía móvil, al tiempo que el Gobierno suspendió una licitación para asignar espectro para telefonía 3G.

La errática senda oficial fue confirmada recientemente, cuando las autoridades nacionales descartaron el proyecto de la operadora estatal y anunciaron la licitación de frecuencias para servicios 3G y 4G, hecho que habría movilizado a los empresarios Matías Garfunkel y Sergio Szpolski, socios en el multimedio Veintitrés -uno de los mayores favorecidos por la publicidad oficial- a desembarcar en el negocio de la telefonía móvil.

La declaración de servicio público también abriría un espacio para poner bajo directa responsabilidad gubernamental las tarifas del servicio. No es difícil imaginar el alto grado de incertidumbre y riesgo que deberán enfrentar las empresas prestadoras si con una inflación del 40% anual deben someter los ajustes de tarifas a la aprobación oficial, previa discusión en audiencia pública. El estatismo y el intervencionismo son la peor receta para aplicar en una actividad que necesita adaptarse continuamente a cambios tecnológicos que requieren inversiones de riesgo y que opera en mercados esencialmente competitivos. En todo caso es este último atributo el que debe procurarse, integrado en un marco de plena seguridad jurídica.

Basta con ver de qué manera funcionan los servicios vinculados con la energía y el transporte tras muchos años de estatizaciones y fijación de tarifas que no guardan relación con el nivel de inversión que cabe exigir a los prestadores. Al parecer, no nos han bastado las tragedias y los apagones para aprender la lección.