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Las promesas del 5G y las razones por las que se demoraría su desarrollo
La mejora en cuanto a productividad y eficiencia por el uso de la tecnología le generaría a la Argentina un aporte económico de US$8000 millones, o un 1,1% del PBI, para 2030; sin embargo para que se expanda se necesita estabilidad macro y una regulación que tenga consenso
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LA NACIONMaría Julieta Rumi
Desde hace unos años se habla de la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil, es decir, de 5G, como un factor que cambiará a las sociedades y su productividad. Es que el mayor ancho de banda y la menor latencia de las redes permitirá el desarrollo de servicios médicos a distancia, de la realidad virtual y aumentada, y de las comunicaciones masivas de máquina a máquina para la automatización de la industria, entre otras cosas.
Sin embargo, que el 5G llegue a la Argentina cuanto antes depende de muchos factores, como el marco regulatorio, la situación macroeconómica y las oportunidades de negocio. En cuanto al primero de los tres puntos, la novedad de los últimos días fue la publicación del pliego de la licitación del espectro, algo que generó cruces entre las operadoras y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
En América Latina ya concretaron licitaciones y están desplegando la tecnología Chile, Brasil, Uruguay y República Dominicana. También la ofrecen, sobre el espectro que ya estaba en uso, otros dos países: Perú y México. Además, Guatemala, El Salvador y Puerto Rico hicieron este año sus subastas.
En varios de estos países operan Claro y Movistar, dos de las tres empresas que están, junto con Telecom, en la Argentina. Esas compañías, que tienen experiencia en planes de desplegar 5G, dicen que en la Argentina aún no están dadas las condiciones. En primer lugar, las compañías señalan que se está pidiendo un precio base elevado por cada uno de los tres bloques de 100 MHz de la banda de 3,5 GHz. Esa base es de US$350 millones. En segundo lugar, apuntan que la asignación de 100 MHz a la empresa estatal Arsat a título gratuito “es un hecho de enorme inseguridad jurídica”.
Sobre ese tema, la directora por la oposición en el Enacom, Silvana Giudici, señaló que el otorgamiento a Arsat podría violar derechos constitucionales, como la defensa de la competencia, porque nada imposibilita que alquile o disponga del espectro contratando a terceros prestadores privados, sin un proceso de compulsa pública.
Por último, las compañías también sostienen que el Gobierno impone planes y regulaciones de precios, en una clara imitación del decreto de necesidad y urgencia 690, de 2020, “cuyos efectos fueron negativos, distorsivos y recesivos para el país”.
Desde el Enacom aseguran que el valor base del espectro está en línea con el de otros países de la región, como Chile o Uruguay, y que no imponen planes ni regulan precios. Y aclaran que únicamente se establece el compromiso de las compañías de ofrecer a los clientes de bajos recursos planes accesibles para garantizar la conectividad masiva con 5G, cuando la cobertura alcance una penetración mayor al 50% de los dispositivos móviles. Las fuentes del ente también afirman que la asignación dada a Arsat “no resulta anticompetitiva ni irregular”, porque brindará servicio de acuerdo con el Plan Estratégico de Conectividad Federal.
“Las empresas tienen sus razonamientos económicos, pero nosotros ponemos las condiciones y definimos los precios de referencia sobre la base de experiencias internacionales. Apelamos a la buena voluntad y a las ansias de progreso de las empresas, y a que haya puja y la famosa subasta para que esto arranque y estemos a la altura de la región”, afirmó el titular del Ente, Claudio Ambrosini.
Según estimaciones de la consultora GSMA Intelligence, el aumento en productividad y eficiencia derivado del 5G puede generar para la Argentina una contribución económica de US$8000 millones, o el equivalente a 1,1% del PBI para 2030.
Sin embargo, Enrique Carrier, especialista en la materia, señala que la facturación en pesos constantes de las compañías en la Argentina viene en caída libre. Según datos del Enacom, mientras que en 2013 facturaban en conjunto $1,7 billones, hoy estarían en $883.000 millones, según las cifras a valor constante (a pesos de diciembre de 2022).
“Es una industria que mueve menos dinero que antes y el 5G no va a generar un incentivo a pagar más, porque no le aporta un beneficio significativo a los usuarios: que a alguien el teléfono le transmita más rápidamente no le cambia nada. Lo único que, por el momento, representa una nueva unidad de negocio es el acceso fijo inalámbrico [un acceso a internet no móvil, en el cual la conexión no requiere de cables]. Después se piensa que va a haber usos en industrias o ciudades intelaligentes, pero eso es en el futuro. Hay cosas funcionando actualmente, pero hay mucho de primera generación”, dice Carrier.
Otra cuestión que destaca es que, para desplegar 5G, se necesitan dispositivos aptos y cambios en los procesos. “Si tomamos como ejemplo una compañía que ofrece gas, hoy hay un medidor, el lector y una persona que pasa y observa el consumo. Si eso se automatiza con 5G y el sensor transmite la información directamente, eso implica cambiar todos los sistemas de la empresa. Todas estas implementaciones llevan tiempo y el operador tiene que desembolsar ahora el dinero para el espectro y el despliegue, mientras que los retornos estarán en el futuro, en un plazo que dependerá de cuál sea el grado o la velocidad de adopción de las empresas. Además, habrá que invertir mucho en antenas, porque el 5G necesita muchas más que el 4G. Hay mucho dinero por poner y la incógnita es cuánto más se va a generar para amortizar la inversión. El 5G sí puede generar una mayor eficiencia que baje los costos, pero todo esto también demuestra por qué las empresas no están apuradas en que haya una licitación”, explica Carrier.
Según los cálculos de uno de los operadores locales, el costo del despliegue de 5G sería de US$390 millones (equipos, antenas, etcétera), a lo que habría que sumar los US$350 millones de precio base por el espectro. “No hay un fundamento que indique cómo se llega al precio de US$350 millones”, opina José Otero, director para América Latina & Caribe de 5G Americas, una asociación continental de operadores móviles y proveedores de tecnología. “En la subasta de Brasil se pagó entre US$125 y US$130 millones por bloques de 100 MHz en la banda de 3,5 GHz. Estamos hablando de que el precio en la Argentina se multiplica prácticamente por tres. El mercado potencial para un operador móvil en Brasil es mucho más amplio que el local, la población es mayor y no tienen los problemas económicos que tiene nuestro país”, suma.
Según un estudio de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), el valor máximo estimado de una licencia de 20 años extrapolado para un bloque de 100 MHz de espectro en la banda de 3,5 GHz en la Argentina tendría que ser de entre US$55 millones y US$110 millones. Para Otero, la única razón por la cual el Gobierno pediría US$350 millones por bloque es por la experiencia de la subasta de 4G en 2014 en la que se levantaron un total de US$2200 millones. “Se olvidan de que el país en ese momento tenía la red totalmente congestionada, porque la última asignación de espectro había sido en 1999. Había una escasez urgente de espectro para hacer una migración. No es el caso ahora”.
Realidades distintas
Según Otero, en América Latina hay unos 30 operadores que ofrecen 5G. La mitad provee servicios inalámbricos fijos y muchos otros están con estrategias de ir incrementando el despliegue de la tecnología por fases en centros urbanos, sobre todo de alto poder adquisitivo. “Estamos hablando de ciertas zonas de Brasil y, aun así, ese país no llega al 10% de la base de suscriptores con 5G. Chile está en alrededor del 15%, Puerto Rico ha superado el 50% y otro país donde se ve ese crecimiento es República Dominicana, donde hay un poder adquisitivo superior al de otras naciones de la región. Los demás todavía están en una fase incipiente, tanto de cobertura como de cantidad de usuarios que utilizan la tecnología. Esto debería estar cambiando ya para 2024, cuando se incremente el ecosistema de dispositivos que pueden utilizarse con esta tecnología y empiecen a llegar teléfonos más baratos a la región”, analiza.
Maryleana Mendez, secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, Asiet, considera que el 5G es una tecnología para hacer una “transformación digital productiva”, es decir que no es solo para dar un servicio al público a través de dispositivos con más velocidad, como lo fueron el 4G y las versiones previas.
“Esto es diferente. Se busca entrar en sectores claves de las economías de cada país y hacer una transformación productiva. Aquí podríamos hablar del sector minero, del energético, de la agroindustria y de la industria del conocimiento. Es efectivamente el Internet de las cosas masivo, que permite transformar toda la cadena productiva. Y ahí es donde está la clave. Eso no es sencillo de hacer. Se fueron creando casos de negocio con 5G en diferentes países, sobre todo a nivel de la automatización de la gestión de los puertos y del manejo de contenedores, pero en Estados Unidos, que fue uno de los primeros que desplegó 5G en América, el principal uso todavía son los enlaces fijos inalámbricos. Todavía no se ve una transformación productiva”, analiza la experta.
En esta línea, Mendez dice que en la Argentina preocupa precisamente que hay que buscar cuáles son esas anclas de demanda de transformación productiva y que “para nadie es un secreto que la incertidumbre económica y los problemas con el tipo de cambio hacen que los que están directamente interesados en el espectro estén muy preocupados”. Y opina: “Hay una serie de variables que están inestables, hay un descenso de los ingresos reales, cosas que en otros países no pasan. No es que todos estén exentos de problemas, pero sí hay una mayor previsibilidad sobre estas variables”.
El ARPU (promedio de ingresos por usuario) hoy es de US$5 al tipo de cambio oficial, cuando Chile está en US$10,6; Uruguay en US$9,13, y los países desarrollados, en US$30 o más. Y están los problemas de la importación de equipos por la falta de dólares, las dificultades financieras por la macroeconomía y el bajo poder adquisitivo de los clientes, que complica rentabilizar la inversión.
Otra ventaja de otros países, según Lucas Gallito, head para América Latina de GSMA, es que hay mayor diálogo. Allí residiría, según él, el éxito de la licitación de Brasil, que, a poco más de un año de la asignación del espectro tiene una cobertura de 5G que supera el 45%, y velocidades con muy buenas calificaciones. “La subasta de Brasil no fue pensada como un hecho aislado. Si bien fue el primer paso formal hacia el 5G, coronó un proceso largo que incluyó la Ley de Telecomunicaciones de 2019, la revisión de la estructura de mercado, una nueva ley de antenas y años de diálogo entre el sector público y el privado con la meta de conectar a más brasileños. El diálogo y el trabajo conjunto son determinantes en una industria de capital intensivo”, cierra.
Al cierre de esta edición Movistar había realizado una impugnación administrativa al pliego, que el Enacom iba a rechazar. El siguiente paso sería un reclamo vía judicial.
