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La trata de blancas en la Argentina
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No es, por cierto, una actividad delictiva reciente y desconocida. Por el contrario, la trata de blancas está afincada en la Argentina desde hace más de un siglo. Pero ahora comienza a tener características alarmantes y, por lo tanto, sería muy positivo que las autoridades se preocupasen por hacerle frente en medida proporcional a esa preocupante situación.
Por sus particulares características es un aberrante delito, tan antiguo como el mundo civilizado. Conceptualmente es definido como el tráfico de mujeres -de cualquier raza u origen- atraídas a centros de prostitución para explotarlas, generalmente con privación de su libertad. Es probable que esa denominación se remonte a los tiempos en que también existía el tráfico de esclavos y tuviese por objeto diferenciarlos.
Desde hace un tiempo a esta parte, en nuestro país se produjeron, en especial en el norte argentino, desapariciones de mujeres nativas y algunas turistas extranjeras. Es de sospechar que muchas han sido secuestradas y puestas a trabajar en condiciones infrahumanas. No en balde, después del de las drogas y las armas, el de blancas está tercero entre los tráficos ilegales más lucrativos.
Tan cruel realidad es conocida por los dolorosos relatos de mujeres que han logrado huir del confinamiento degradante en que se las mantenía. El representante de la Organización Internacional para las Migraciones estimó que el 30% de las muchachas paraguayas cautivas de ese vil comercio se encuentra atrapado en La Plata y su área de influencia.
También son conocidos los casos de peruanas, guatemaltecas y bolivianas que fueron atraídas y engañadas mediante la oferta de trabajo en nuestro país, para lo cual firmaron algún tipo de contrato de préstamo o similar, que documenta el dinero adelantado por el rufián que favorece el ingreso en la Argentina. Una vez consumado el traslado, las mujeres así engañadas son secuestradas y les sacan los documentos, aduciendo que tienen que trabajar prostituyéndose para pagar la deuda. En muchos de estos episodios, han sido encerradas en prostíbulos estrechamente vigilados, donde por cualquier nimiedad son sometidas a castigos violentos o a multas pecuniarias, se les descuenta la comida, etcétera, de modo que nunca llegan a pagar su deuda y siguen sometidas a perpetuidad o hasta que a sus carceleros se les antoja.
Se sabe que los traficantes no sólo "importan" mujeres provenientes del exterior sino que, además, las reclutan aquí para abastecer casas de lenocinio del exterior. Interpol, por ejemplo, descubrió una red dedicada a tan repugnante negocio y ello permitió rescatar en España a 25 mujeres, vendidas como ganado en pie, de las cuales 19 eran tucumanas.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer un documento según el cual la Argentina es un país de destino para la trata de hombres, mujeres y niños, con fines de explotación sexual y trabajo forzado. El mencionado informe nos coloca en una categoría que agrupa a aquellos países donde el problema existe, pero cuyos gobiernos se esfuerzan por revertirlo. El embajador estadounidense ha dicho que en nuestro país la trata de seres humanos no es un delito específico. Sin perjuicio de que ello no sería estrictamente así, pues el Código Penal Argentino establece: "El que promoviere o facilitare la entrada o salida del país, de una mujer o un menor de edad para que ejerzan la prostitución, será reprimido con prisión de 3 a 6 años", sería conveniente que nuestra legislación fuese actualizada según los tratados internacionales, incluyendo a todo tráfico humano forzado o engañado, cualquiera fuere su destino final.
Tampoco debe olvidarse que el "Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena", aprobado por la asamblea general de las Naciones Unidas, considera que el delito se comete aun si la persona objeto de la trata ha dado su consentimiento. Con ello se procura sancionar a quienes se aprovechan de las diferencias económicas con los países desarrollados, la falta de trabajo y la necesidad de supervivencia de muchos seres humanos.
Esta delicada cuestión exige la máxima colaboración entre los países, a niveles tales como los que en su época requirieron la lucha contra la esclavitud o la piratería, o, más recientemente, el terrorismo y el narcotráfico. Que existan y sean medianamente conocidos y ubicables burdeles convertidos en prisiones para sus ocupantes, es una ignominia que ningún Estado puede tolerar. Muchas veces, los políticos y la policía conocen estas detestables realidades y, por un motivo u otro -entre ellos, el enquistamiento de la corrupción-, hacen la vista gorda. En un caso reciente, ocurrido en José C. Paz, dos víctimas que lograron escapar de sus tenebrosos captores, tuvieron que recorrer tres comisarías antes de que les tomaran la denuncia.
Es imprescindible, pues, una campaña nacional, con extensión internacional, acerca de este lacerante problema. Esa intervención honda y decidida debería abarcar, todos sus aspectos económicos, sociales, éticos y jurídicos, y estar animada por la decisión política de llegar a una solución eficiente y duradera. No hay justificativo alguno para que en nuestro país siga existiendo un tráfico tan degradante como el que promueve y alimenta la explotación de la mujer con fines sexuales.
