Las evidencias contra Bailaque
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El Consejo de la Magistratura de la Nación se encamina a destituir al juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, luego de que la Comisión de Acusación de ese cuerpo elevara un dictamen con tres imputaciones sobre el mal desempeño del funcionario, que desde hace tiempo está bajo la lupa, en una ciudad que padeció durante una década y media la creciente violencia del narcotráfico.
Está sospechado de favorecer a uno de los principales capos narcos de Rosario: Esteban Alvarado. Corrupción también significa omisión y este juez, como se detectó en varias causas, tardó por lo menos tres años en investigar a un líder criminal que usó ese lapso para engrosar su fortuna con operaciones de tráfico de drogas y para asesinar a decenas de personas.
La violencia que golpeó a Rosario no solo se asienta en el accionar de grupos delictivos que se cobraron vidas humanas para sustentar un negocio criminal, sino también en la connivencia con el poder.
El 11 de este mes, el magistrado hizo un intento por no ser enjuiciado políticamente: presentó su renuncia tras ser acorralado por las investigaciones judiciales en su contra. Diversas ONG reclamaron al Presidente que la rechace. De aceptarla, Bailaque evitará el juicio político y cobrará jubilación de privilegio. Un despropósito.
En los alegatos del juicio contra Alvarado, los fiscales provinciales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery plantearon que ese narcotraficante había crecido y ganado poder con la protección del Estado, y decidieron enviar al Consejo de la Magistratura las audiencias en las que varios testigos declararon sobre las demoras en que incurrió Bailaque a la hora de investigarlo, tardanza que se constituyó en una manera sistemática de encubrimiento.
El proceso en el Consejo de la Magistratura se aceleró luego de que un grupo de fiscales federales de Rosario comenzó a investigarlo. El punto de partida fue una revelación publicada en LA NACION. Gabriel Mizzau, contador del Bailaque, también se encargaba de las cuentas personales y de empresas de Alvarado. Luego, se sumaron otras dos causas. Una de ellas fue por extorsión a un empresario, gestada en la casa de Bailaque, en 2019, según reveló el exjefe de ARCA Rosario, Carlos Vaudagna. En esa maniobra participó también el financista Fernando Whpei, que le pidió una coima de 200.000 dólares al empresario Claudio Iglesias, a cambio de que no avanzara en el juzgado de Bailaque una causa por lavado de dinero narco. Otra causa se vincula con el manejo de fondos millonarios de una cooperativa de estibadores, que estaba intervenida. Por decisión judicial, el dinero pasó a ser manejado por el Grupo Unión, una mutual que capitaneaba Whpei.
El juez federal tuvo el último round para defenderse el 17 de de este mes, cuando debió presentarse ante la Comisión de Acusación. No lo hizo. Prefirió enviar un extenso documento en el que expuso los argumentos de su supuesta inocencia.
A pesar de ese intento, Bailaque se encamina a ser destituido por el Consejo de la Magistratura, que terminó una etapa trascendental de su tarea al aprobar en el plenario el dictamen de la acusación presentada por los consejeros Álvaro González y Alberto Maques.
Las versiones sobre las tan oscuras como obscenas gestiones llevadas adelante en su juzgado datan desde hace varios años, muchas de ellas finalmente cristalizadas en las investigaciones a su cargo, que mostraban una bochornosa particularidad en medio de una guerra narco sangrienta en Rosario: la justicia federal condenaba a los grupos narcos después de que lo hacía el fuero provincial, donde, en su mayoría, los delitos que se juzgaban no eran tráfico de drogas, sino asociación ilícita y homicidios. Por ejemplo, la causa por lavado de dinero contra la banda narco Los Monos, que se tramitó en su juzgado, no sumó casi ningún elemento nuevo al expediente que terminó antes en la justicia provincial con las primeras condenas contra este grupo criminal, en 2018.
Bailaque asumió como juez federal en Rosario en 2008, tras haber comenzado su carrera en Santa Cruz, donde fue protagonista de la precuela del kirchnerismo, y entabló una buena relación con Carlos Zannini, cuando era ministro de la Corte provincial. Allí también aceitó conexiones con la dirigencia política que en 2003 llegó al poder nacional con Néstor Kirchner. Como insisten en la justicia federal de Rosario, a Bailaque también lo sostuvieron funcionarios de peso del propio Poder Judicial, que custodiaban una de las jurisdicciones más relevantes del país.
Tipo de trabajo:
opinión
