Las extrañas contrataciones en Tecnópolis

Tecnópolis ha reabierto sus puertas. La tercera versión de la megamuestra de ciencia, tecnología y arte la encuentra renovada: más stands, atracciones, shows y empresas participantes. Quien la visite no dejará de sorprenderse, porque es un gran parque, grande en muchos sentidos: de tamaño, de infraestructura, de presupuesto, de propuesta populista. Sorprende además por la cantidad de entes públicos involucrados, casi todos obligados "a participar" y a solventar los gastos: casi todos los ministerios, entes autárquicos, empresas del Estado, secretarías de Estado, etcétera, con pabellones gigantes y presupuestos abultados.

Una visión rápida imagina tres diferentes ángulos. Para el convencido, es una muestra más del poder del cambio; para el ingenuo, puede representar un día de paseo gratis, y para los que no creen, es la cumbre del relato y una fuente más de sospechas. Porque Tecnópolis tiene también una causa abierta por el juez federal Ariel Lijo para investigar presuntos delitos en las contrataciones de los stands que la Subsecretaría de Vivienda montó en 2011 y 2012.

El juez ya pidió las pruebas a la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Planificación, y la investigación fue iniciada a pedido precisamente de la cartera de Julio De Vido, tras una publicación de este diario, en la que se denunciaba que una pareja de funcionarios había autorizado presupuestos para montar los stands en la feria y que luego se había apropiado de parte de esos mismos fondos con su empresa de eventos, Multideas SRL.

Efectivamente, gracias a la investigación que realizó LA NACION se reveló que la pareja de funcionarios integrada por Ariel Santamaría, asesor del cuestionado secretario de Obras Públicas José Francisco López, y su mujer, Claudia Risolía, que fue directora de ceremonial de la Subsecretaría de Vivienda y titular de la empresa de eventos mencionada, desde su cargo en el ministerio, habían adjudicado presupuestos superiores a los 27 millones de pesos para los puestos de Tecnópolis y, desde su lugar de dueños de la empresa Multideas SRL, habían recibido parte de esos fondos para realizar un pabellón en la megamuestra del Gobierno.

Entre otros datos, también se reveló que Vivienda había contratado a una segunda empresa, SAI Servicio Asesoramiento Iluminación SRL, firma que, como figura en el Boletín Oficial del 30 de agosto de 2012, había recibido $ 13.450.922 millones para hacer el stand de la Subsecretaría en la muestra. El hecho casi pintoresco, si no fuera de una enorme gravedad, es que la firma que recibió ese contrato millonario tenía una dirección falsa: según los registros oficiales, y corroborado por este medio, semanas después de la denuncia, la sociedad fue puesta a nombre de "Georgina", de 22 años, que, junto con sus tres hijos, vive en una villa de Lomas de Zamora.

Hasta ahora, además de la investigación en marcha en manos del juez Lijo, la única decisión gubernamental importante estuvo a cargo del ministro De Vido, quien a fines de junio pasado echó al funcionario investigado Ariel Santamaría.

También el fiscal de la causa, Carlos Stornelli, pidió investigar un "posible desvío de fondos" del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, que debían destinarse a "proyectos de infraestructura", pero que fueron afectados para la instalación de un stand publicitario en Tecnópolis.

Finalmente, el domingo 30 de junio, la investigación de este diario fue retomada por el periodista Jorge Lanata en su programa Periodismo para todos ( PPT ) con un informe que apuntaba también a lo que fue el armado de la empresa Multideas SRL.

A esto se agrega que, a menos de una semana de su reinauguración, se conocieron aumentos nuevos en los importes destinados a la megamuestra. La decisión de invertir cinco millones más -en una obra que ya había sido aprobada con un presupuesto de 30 millones- fue publicada ayer en el Boletín Oficial. La empresa a la que serán destinados los fondos es Miller Building Internacional SA, encargada de la construcción del auditorio "Estructura de nave principal", donde se harán las modificaciones que, según el Gobierno, fundamentan el desembolso inicial.

No es la primera vez que en el seno del gobierno nacional se genera una situación sospechosa alrededor de un hecho que es presentado como una gran hazaña. Podemos recordar la creación de la tarjeta SUBE, de la cual nunca se aclararon debidamente todos los pasos seguidos por los funcionarios actuantes en ese momento (también, gracias a una investigación exclusiva de LA NACION). Ahora, estas denuncias sobre presuntos delitos en el armado de los stands de Tecnópolis -el juez Lijo investiga a la mencionada pareja de ex funcionarios precisamente por el delito de "fraude en perjuicio de la administración pública"- arrojan sombras sobre un encuentro que, a su condición de libre y gratuito, agrega la cualidad docente con el lema "El desafío del conocimiento".

Es una lástima porque, de perpetuarse en el tiempo, y libre por fin de ideologismos, Tecnópolis podría llegar a ser un evento cultural de un nivel local e internacional como el de la Feria del Libro de Buenos Aires.