Las funciones del Senasa

Es persistente la preocupación respecto del estado sanitario de la producción agropecuaria y agroindustrial y acerca de la función que le cabe desempeñar al ente encargado de la administración nacional en la materia. Existe un proyecto de ley ingresado en la Cámara de Diputados de la Nación y que impulsa un sector de la bancada justicialista que procura modificar la estructura y competencias del Senasa, máxima autoridad reguladora y fiscalizadora.

Ese organismo es responsable de disponer las normas administrativas que conciernen a la sanidad de animales y vegetales en todo el territorio argentino. También lo es -en cometido que comparte con el Ministerio de Salud y también con provincias y municipios- del control de la sanidad de los alimentos. En lo que atañe al comercio exterior, tiene a su cargo los controles, certificaciones e intercambio de informaciones con los gobiernos extranjeros y con los organismos internacionales.

El mencionado proyecto de ley, propuesto al parecer para un debate urgente, no parece oportuno ni tampoco ha pasado la aconsejable ronda de consultas previas con los sectores interesados, como las entidades agropecuarias y las que representan los intereses vinculados con el comercio exterior, a más de los principales actores del quehacer agropecuarios y del sector industrial afín, que son, también, los más grandes contribuyentes a la financiación del organismo, en el que revistan 3000 agentes.

No parece oportuno porque existe consenso de la necesidad de someter al organismo a una profunda revisión de todas sus estructuras, dotándolas de los patrones funcionales adoptados ya por muchas naciones, especialmente las dedicadas a la exportación de alimentos en gran escala, que deben responder a crecientes exigencias de los consumidores, celosos de sus derechos.

Dos secretarios de Agricultura de reciente gestión se impusieron el propósito de programar esa reestructuración sobre la base de las nuevas pautas internacionales, naturalmente con la colaboración, pero sin la potencial interferencia de la propia institución por reconvertir. Sin embargo, lo corto del desempeño de ambos impidió llevar a la práctica su intención. Otorgar en estas condiciones autarquía a este organismo, como ocurriría de aprobarse la ley, no parece aconsejable.

Otro elemento trascendente surge de las reiteradas manifestaciones del actual ministro de Economía, que durante su gestión como embajador ante la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio, insistió en que el país no tendría futuro como exportador de alimentos sin una organización supervisora acorde con las exigencias vigentes en el ámbito mundial. Lo ocurrido a partir de julio de 2000, cuando reaparecieron casos de aftosa y la desgraciada gestión ulterior debe constituir, para la Argentina, un claro divisor de aguas a partir del cual se mejoren los sistemas de control y se cumpla con los estándares internacionales adecuados para restablecer la confianza perdida. Recientemente, la citricultura del Noroeste ha sido perjudicada por la difusión de la cancrosis, una enfermedad de los frutos que, por décadas, sólo existía en el Litoral y que provocará pérdidas de mercados cuya costosa conquista está en plena ejecución.

Estas dolorosas experiencias deben ser asumidas por el Estado y por los particulares, quienes comparten cuotas de responsabilidad. Ante todo, es necesario actualizar y depurar el organismo oficial y proveerlo de fondos suficientes. La relación con el mundo, su transparencia y la comunicación fluida de los hechos, tanto positivos como negativos, deben tener prioridad absoluta, cualesquiera sean las consecuencias. Nada es más valioso que la confianza y nada más deletéreo que la ocultación.

El proyecto de ley tendría que ser ampliamente consultado y revisado, en tanto que la reestructuración de la agencia oficial debería lograr los niveles de excelencia requeridos por nuestros consumidores. Recuérdese que del agro y las manufacturas derivadas proviene el 50% de nuestras exportaciones y que éstas constituyen uno de los pilares esenciales para encarar la reconstrucción del país.

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