Lo mismo un burro que un gran profesor
Es necesario terminar con los aportes obligatorios que exigen las entidades sindicales y los consejos profesionales que coartan el ejercicio libre de quienes tienen título habilitante
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Durante el debate de la ley de modernización laboral, donde la CGT logró evitar la supresión de los “aportes solidarios” por los trabajadores no agremiados, se puso de manifiesto una triste similitud que opaca el prestigio que en la Argentina –otrora tierra de esfuerzo personal y movilidad social– han tenido las profesiones liberales, basadas en la labor intelectual y el conocimiento técnico. Pues, para defender aquel privilegio sindical, algunos dirigentes, como Norberto Godoy, secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), los comparó con las cajas profesionales que existen en provincias argentinas.
Su comparación fue una “mancha venenosa” pues Godoy tocó con picardía un aspecto de las profesiones que no suele estar expuesto al escrutinio público y, mucho menos, con la semejanza sugerida. Hay mil razones que diferencian los aportes sindicales de los profesionales, pero, en el fondo, tienen en común el uso del Estado para forzar pagos a entidades que prometen emplearlos en interés del conjunto. En los primeros, mediante la homologación de convenios colectivos; en los segundos, mediante leyes locales de orden público.
Sindicatos y gremios profesionales están expuestos a las mismas fallas que provoca el manejo de dinero ajeno por terceros, pues la naturaleza humana siempre mete su cola. Y es peor en un país de corrupción endémica y donde no existe condena social a quien se aprovecha de lo público. Muchos sindicatos, nunca auditados, son tentados por proveedores y contratistas -o a la inversa- para cobrar sobreprecios y devolver retornos. Y las entidades profesionales, aunque gestionadas por notables de cuello blanco, suelen amoldar sus principios a la generosa canilla de los aportes obligatorios, bien distinta a la austeridad de sus propios afiliados, que viven del sudor de su frente.
Los consejos y colegios expanden sus servicios en la misma medida que crecen sus ingresos, inventando prestaciones, cursos, viajes y coberturas que nadie les pidió y cuyos miembros preferirán canjear por menores aportes y más dinero en sus bolsillos. Suelen tener mejores oficinas y más personal que quienes las pagan de su peculio y con igual laxitud contratan a terceros. Las cajas más prósperas generan simbiosis con financieras que las gestionan en exclusiva, con reconocimientos non sanctos. Y con tales atractivos, la politización de sus cargos es inevitable.
Muchos sindicatos, nunca auditados, son tentados por proveedores y contratistas -o a la inversa- para cobrar sobreprecios y devolver retornos.
En la Argentina, normas locales han otorgado a colegios o consejos la facultad de regentar las matrículas profesionales, requisito obligatorio para ejercer en cada jurisdicción (con pago de membresía al día) y con afiliación ineludible a las cajas previsionales respectivas, cuando existen. Más allá de los densos articulados, hay disposiciones que nunca faltan: la creación de un colegio o consejo oficial, la obligación de asociarse (y de pagar la matrícula); los aranceles mínimos para evitar la competencia y la afiliación compulsiva a una caja, cuando la hay.
En la provincia de Buenos Aires existen colegios oficiales de asistentes sociales, bioquímicos, dietistas, farmacéuticos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, nutricionistas, obstétricas, odontólogos, profesionales en turismo, psicólogos, ópticos, sociólogos, técnicos y terapistas. Sin olvidar los tradicionales colegios de abogados, escribanos, ingenieros (en sus distintas especialidades), agrónomos, martilleros, médicos, traductores públicos y veterinarios. Además de consejos de agrimensura, arquitectura, química, seguridad e higiene y ciencias económicas, informáticas o naturales (geólogos, biólogos, zoólogos, botánicos, ecólogos, geoquímicos y paleontólogos).
De ese modo, el mundo de los servicios profesionales se encuentra parcelado en feudos medievales que impiden el ejercicio libre de quienes tienen títulos habilitantes, forzándolos a afiliarse a organismos corporativos con gravitación política y a no competir por honorarios, igualando así a todos sus integrantes.
En la Unión Europea (UE), los estados de tradición “continental” mantienen regulaciones al respecto, incluso colegiaciones obligatorias, pero para asegurar el buen servicio al público y no para crear coaliciones extractivas. Hace tiempo el Tribunal de Justicia de la UE declaró ilegal la fijación de honorarios mínimos por violar las reglas de competencia comunitaria. En los Estados Unidos, paradigma de sistema federal, también hay exigencias estatales respecto al ejercicio profesional de personas con títulos habilitantes de otros estados (licensing boards) y la obligación de colegiarse en un ente prestigioso (professional associations) pero con igual finalidad que en la UE. En ninguno existen cajas jubilatorias especiales, “adheridas” a los colegios o consejos, como peajes para ejercer profesiones. Solo sistemas optativos o complementarios al régimen general de retiros que no alteran la libertad de elección de aquellas.
Durante la presidencia de Carlos Menem, los decretos 2284/91 y 2293/92 eliminaron las agremiaciones compulsivas y los aranceles irrenunciables. Pero el decreto 240/99 reconoció más tarde que esa desregulación había fracasado pues requería la adhesión de las provincias, conforme a la Constitución Nacional. De todos modos, éstas eliminaron el cobro centralizado de honorarios y ese avance continúa hasta ahora.
La “motosierra” del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tampoco pudo derogarlos por la misma razón. Con los años, el federalismo ha sido distorsionado por presiones corporativas que imponen trabas a la iniciativa individual y el libre comercio. Además de esas rémoras asfixiantes, la superpoblación de empleados, la multitud de asesores, los cientos de consejeros municipales más los impuestos distorsivos y las tasas abusivas gravitan sobre el “costo argentino” al punto de destruir empresas en un contexto de apertura.
En las provincias existe un estrecho connubio entre quienes se dedican a la política y quienes dirigen los consejos profesionales, imposible de quebrar desde afuera pues suelen ser las mismas personas que se mueven en los mismos círculos. Sin embargo, la gente común le busca la vuelta, negocia y encuentra alternativas para soslayar esos regímenes. El único “bobo” es el Estado provincial, sus reparticiones y los municipios que pagan a pies juntillas los aranceles tabulados, aunque fuesen escandalosos.
Después del esfuerzo realizado por el gobierno nacional para reducir el gasto público, con un tremendo costo político, ha llegado el tiempo que lo hagan también las provincias. Además de bajar gastos, deben eliminar los obstáculos a la prosperidad colectiva, aunque deban enfrentar múltiples intereses creados.
En tiempos de tareas a distancia, exportación de servicios y de una reformulación de las profesiones liberales por impacto de la inteligencia artificial, no se justifican normas arcaicas que pretenden regular lo que ha mutado y lo que se encuentra en vías de desaparición. Si el sindicalista Godoy tomó esas cajas como modelo para justificar las propias, solo demostró que Discépolo sigue aún vigente en la Argentina.
Tipo de trabajo:
opinión
