Lo peor de la Justicia al servicio de lo peor de la política
1 minuto de lectura'
LA NACION
En una alianza nefasta, representantes de dos poderes de la Nación no trepidan en demoler leyes y fraguar hechos para asegurar el triunfo de la impunidad
Hace poco más de cuatro años, una filmación confirmaba la vieja sospecha: en la oscuridad de la noche, un exsecretario de Obras Públicas de la Nación, armado con un fusil de asalto, dejaba en manos de monjas a las puertas de un convento casi nueve millones de dólares en unos bolsos.
El abominable espectáculo produjo la reacción de una Justicia aletargada. Un alud de causas todavía en trámite llevó al procesamiento, y en algunos casos a la encarcelación, de prominentes funcionarios del entonces gobierno kirchnerista, comprobadamente ligados a maniobras delictivas.
Producido su retorno al poder, en diciembre pasado, este se muestra signado por una obsesión: terminar con estas causas a como dé lugar, aunque para ello deba reformarse todo el Poder Judicial, incluso acabar con él. La impunidad es la prioridad, paradójica, de gobierno, cuando arrecian el hambre y la pandemia .
La absolución que persigue no alcanza para restituirle una supuesta dignidad, tan extraviada como su decencia. Tampoco para acallar el grito ético de millones de argentinos que hoy a duras penas sobreviven a la decadencia mientras sueñan con otro mañana. Se requiere entonces también denostar al contrincante, igualarlo en la impudicia, arrastrarlo al barro por la fuerza. Extinguir la reserva moral de nuestra sociedad y con ella, la esperanza que nutre a la disidencia en democracia.
Este es claramente el propósito de la denuncia presentada por los diputados Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade, tramitada a la carrera por un ahora exjuez de pésima reputación como Rodolfo Canicoba Corral. En ella se cuestiona a funcionarios del gobierno anterior por la renegociación de los contratos de concesión de las autopistas Panamericana y del Oeste en cabeza de Ausol SA y GCO SA, respectivamente.
No se trata de obras viales inexistentes por las que se hicieron pagos fastuosos, como las de la Patagonia. Son infraestructuras medulares de nuestra red logística de abastecimiento y comunicaciones, que conectan y atraviesan los puntos de mayor concentración demográfica del país.
La renegociación se había iniciado en 2002, cuando por normas de emergencia se puso fin al régimen de convertibilidad y se dispuso la pesificación de los precios y tarifas fijados en dólares, afectando con ello los contratos.
Durante 12 años, el gobierno kirchnerista negoció con las concesionarias. Cerró acuerdos parciales prometiendo restablecer el equilibrio económico del contrato y luego lo incumplió. Tras sucesivas postergaciones, como era dable esperar, las empresas iniciaron reclamos administrativos ante el gobierno de Cristina Kirchner. Por separado, Abertis SA, un referente global en la administración de autopistas y accionista principal de ambas compañías, inició tratativas con el mismo gobierno de cara a un reclamo arbitral internacional ante el Ciadi por violación del Tratado Bilateral de Inversiones entre la Argentina y España.
En 2016, el gobierno de Macri inició una política de normalización y reinserción de la Argentina en el mundo sobre la base del fortalecimiento de la seguridad jurídica y el respeto por las inversiones en el país. En ese contexto, emitió un decreto para concluir los dilatados procesos de renegociación incluyendo, entre varios otros, los de Ausol y GCO. Se decidía resolver viejos problemas de nuestro país.
El procedimiento dejaba la renegociación en manos del ministerio afín a la materia del contrato. Para dotarlo de mayor transparencia, se contempló la remisión de los acuerdos proyectados a la Sindicatura General de la Nación para su auditoría y a la Procuración del Tesoro de la Nación para opinar sobre su formulación jurídica. Luego, se preveía la firma conjunta del ministro competente junto a su par de Hacienda, ad referendum de la aprobación por decreto del Poder Ejecutivo Nacional.
Moreau y Tailhade, avalados luego por el hastiado Canicoba Corral, encontraron en esta renegociación un elemento por sí mismo intrascendente, pero de inconmensurable valor para sus fines políticos: Sideco Americana, una empresa relacionada con la familia del expresidente Macri, había sido accionista de una de las concesionarias. Sobre ese dato sembraron sus infundadas sospechas de corrupción.
Lo asombroso es que Sideco había vendido su escasa participación accionaria en Ausol, de apenas 7%, antes de que se iniciara el trámite de aprobación del acuerdo de renegociación y más de un año antes de que concluyera con el decreto firmado en julio de 2018.
Como tantas otras veces, los denunciantes partieron de una falacia. Adujeron disparatadamente que todo el aparato estatal se puso a disposición de un acuerdo para beneficiar a una familia sin participación accionaria alguna en la concesionaria.
Las graves acusaciones debieron conducir al exjuez Canicoba Corral al juicio político en lugar de llevarlo a gozar de una abultada jubilación
Con espectacularidad teatral y nulo rigor jurídico, Canicoba Corral sostuvo que Abertis había demandado artificialmente en el fuero internacional tres días antes de la asunción de Macri, especulando con el cambio de gobierno. Una escandalosa falsedad. Abertis había iniciado formalmente el camino hacia el arbitraje en junio de 2015, durante el gobierno de la actual vicepresidenta, antes incluso de las PASO de ese año, cuando un cambio de signo político en el Ejecutivo era todavía impensable.
En aquel consabido afán persecutorio, con su renuncia ya presentada, el juez procesó a unexministro de Hacienda de Macri que ni siquiera firmó el acuerdo. Hizo lo mismo con el procurador del Tesoro de entonces, quien no participó de la negociación y cuyo rol de asesor legal es extraño a cuestiones económicas o financieras. Nadie podrá esgrimir que asesorar pueda constituir delito, menos aún cuando esas opiniones no resultan vinculantes para quienes deben decidir. Para completar la faena, y en un conveniente tiro por elevación, procesó también al exdirector de Vialidad –testigo clave en el juicio por desmanejos en la obra pública que involucran a la actual vicepresidenta de la Nación– y al exministro de Transporte.
Apurado por su partida, en un trámite exprés de apenas una semana y con la excusa de la pandemia para evitar la exhibición de las pruebas de cargo, la animosidad despertó de su letargo al juez del caso AMIA. En carrera contra su jubilación, sacrificó el derecho de defensa en juicio que asiste a cualquier acusado para alcanzar sus objetivos.
El Gobierno acaba de presentar un proyecto para reformar la Justicia. Insiste en recalcar que estaría desprovisto de fines políticos. ¿Cómo creerle? La causa que nos ocupa es otro buen ejemplo del espíritu de venganza que guía a los propios cuando pisotean la verdad y construyen una Justicia a la medida de sus necesidades. De igual forma, en el otro extremo, la escandalosa impunidad del propio exjuez Canicoba Corral, de pésima reputación y con graves acusaciones que debieron conducirlo al juicio político en lugar de llevarlo a gozar de una abultada jubilación, confirma también que a los amigos, todo, y a los enemigos, ni justicia.
