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Los ataques a la Corte Suprema de Justicia
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LA NACION
Resulta tan lamentable como condenable que se persista en arremeter contra la independencia judicial y se pongan en riesgo las instituciones de la república
La dura, absurda y claramente interesada embestida del kirchnerismo contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación habla más de quien ataca que de quien es atacado.
La brutal arremetida, artera y sin fundamentos, contra quien preside el máximo tribunal es un ataque a todo el cuerpo.Dice mucho de quienes propician el agravio: solo los mueve el profundo temor que sienten frente a la natural independencia de los poderes del Estado, acostumbrados como están a querer cambiar las reglas de juego, a dañar el sistema republicano y a cooptar jueces manipulables para que fallen a su favor en las numerosas causas que se les siguen por delitos gravísimos contra la administración pública.
Es más que evidente que hay sectores del oficialismo muy incómodos frente a magistrados que bregan por todo lo contrario de lo que aquellos buscan: son los grupos que prefieren jueces que no se atengan a la buena práctica del derecho para resolver las cuestiones importantes de la vida en democracia.
No ha sido la aceptación por parte de la Corte del per saltum que decidirá el destino de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, desplazados a instancias de Cristina Kirchner en el Senado, lo que ha movido al kirchnerismo a arremeter ahora contra los miembros del más alto tribunal. Al menos no ha sido solo eso. Hace ya tiempo que el juez Carlos Rosenkrantz es acosado públicamente. "Soy blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades. Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza. Así, por ejemplo, me han imputado ante el Juzgado Federal 4 tener nada menos que 71 cuentas en el exterior, todas a mi nombre, para cobrar sobornos en numerosos paraísos fiscales. La imputación no solo es falsa, tal como lo manifesté en una presentación que hice en marzo de este año en ese tribunal, sino completamente disparatada", sostuvo el titular de la Corte Suprema.
Hace pocos días, la diputada del Frente de Todos e integrante del Consejo de la Magistratura Vanesa Siley presentó un pedido de juicio político contra este juez por presunto mal desempeño de sus funciones.
Las críticas no tardaron en hacerse escuchar. El director de las Américas para Human Rights Watch,José Miguel Vivanco, opinó que la presentación de la legisladora camporista "no tiene fundamento" y que "atenta contra la independencia judicial". Y el constitucionalista Daniel Sabsay sostuvo que "es ridículo y contrario a derecho iniciarle un proceso por mal desempeño a un juez a raíz del contenido de sus fallos". A esas voces se sumaron las de numerosos hombres y mujeres del derecho, de la política y del común de los ciudadanos, en repudio por esta arremetida del oficialismo.
Alertado por el profundo malestar que causó el pedido de juicio político, el gobierno nacional intentó tomar distancia del proyecto de Siley. Tal vez un poco tarde, ya que el presidente de la Nación también había cargado contra Rosenkrantz poco tiempo antes y, en su persona, contra el resto de los miembros del tribunal. "¿Qué es lo que está buscando el presidente de la Corte? Me lo pregunto porque cualquiera que haya estudiado derecho sabe que esto es un escándalo jurídico", había dicho Alberto Fernández cuando ese cuerpo tenía en estudio si aceptaba o no el pedido de per saltum presentado por los magistrados a quienes el kirchnerismo en el Senado les revocó sus traslados.
El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, se despachó con otras irresponsables críticas a la Corte después de que esta admitiera el mencionado per saltum. Dijo que el máximo tribunal "ha perdido el prestigio académico y jurídico" y que sus integrantes "se están dedicando más a tratar de fijar una agenda política por sobre lo jurídico". No hace falta mucha perspicacia para advertir que es Mena quien busca politizar la Justicia para garantizar el plan de impunidad de su jefa política.
Durante la presentación de un programa para asistir a víctimas de violencia de género, el Presidente también se había mostrado molesto porque, supuestamente, la Corte no capacitaba a funcionarios judiciales en temas de género: "Le pedimos al presidente de la Corte que se ocupe y solo recibimos silencio. Es importante, porque son ellos los que van a terminar juzgando a los victimarios. Entonces estamos en un problema", había dicho Fernández. Sin embargo, la Corte viene ocupándose del tema desde hace ya muchos años, como bien le recordó la jueza Elena Highton de Nolasco, pionera en desarrollar un protocolo de capacitación en género para el Poder Judicial, que incluso fue adoptado por la Cumbre Judicial Iberoamericana para toda la región.
A todos esos ataques se sumó, en las últimas horas, el del impresentable diputado kirchnerista Leopoldo Moreau, quien afirmó que "la Corte está agotada", haciéndose eco de quienes buscan ampliar su número de miembros para cubrir esos puestos con jueces adictos que garanticen a los imputados del mayor latrocinio de la historia la posibilidad cierta de resultar impunes.
Resulta lamentable y muy preocupante que se insista en querer imponer la mentira, en fabricar a cada paso un relato, en dañar la intachable reputación de tantas personas por el hecho de que no fallan como a parte de la dirigencia política le gustaría que lo hiciesen.
Urge retomar el camino del respeto por la división de poderes, de la verdad, de predicar con el ejemplo y de acatar la ley de manera irrestricta con vistas a proteger las instituciones de la república.
