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Los Moyano y el negocio de la basura
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La Capital Federal y el Gran Buenos Aires producen 12.000 toneladas de basura todos los días, pero la recolección y el destino final de este gigantesco e incesante flujo de desechos es, desde el punto de vista técnico, sólo una parte del problema que actualmente encaran el gobierno de la ciudad y las comunas del conurbano bonaerense. El otro problema consiste, en el caso de los partidos del Gran Buenos Aires, en una combinación de factores económicos, políticos y gremiales que tienen como común denominador al titular de la CGT, Hugo Moyano, y a su hijo Pablo, dirigente del gremio de los camioneros, de quienes existe la fundada sospecha de que estarían vinculados con Covelia, una empresa de camiones recolectores.
Buena parte de esas comunas que rodean la Capital Federal paga alrededor de 50 millones de pesos por año cada una por la recolección de la basura, cifra que representa entre un 20 y un 30 por ciento de sus presupuestos. Los intendentes de esos partidos, en su mayoría kirchneristas o muy cercanos al oficialismo, han expresado su preocupación por esos costos y, según dejaron trascender algunos de ellos, han sufrido presuntas presiones de los Moyano.
Cuando asumieron, muchos de esos intendentes se encontraron con los enormes gastos de la recolección de basura, casi equiparables, en algunos municipios, con los gastos en materia de salud. De ahí que comenzaran a evaluar la posibilidad de quitarles la concesión a las cinco o seis empresas privadas que se reparten el negocio en el conurbano -Covelia es una de ellas- para que la tarea vuelvan a realizarla las comunas a costos mucho más razonables, como sucedía hasta comienzos de la década de 1990.
Pero esta intención generalizada encontró la firme oposición de los Moyano porque, de concretarse, los choferes de los camiones, afiliados al poderoso sindicato de los camioneros, feudo de padre e hijo, podrían verse obligados a abandonar ese gremio para convertirse en empleados municipales.
Por ejemplo, el intendente de Quilmes, el kirchnerista Francisco Gutiérrez, quiso rescindir los contratos con dos empresas, Covelia y Cliba, que pese a cobrar 3.600.000 pesos por mes reclamarían un aumento del 67 por ciento. Fue entonces cuando Pablo Moyano anunció una movilización de protesta hacia la intendencia.
A poco de asumir en Esteban Echeverría, el intendente Fernando Gray afrontó un conflicto con los camioneros en enero último, cuando quiso discutir una deuda de 7.500.000 pesos que la gestión anterior habría contraído con Covelia. El sindicato de los camioneros respondió con un paro de más de diez días. En ese lapso, un camión de la municipalidad salió a efectuar la recolección de la basura, pero resultó incendiado. Tuvo que intervenir el gobernador Daniel Scioli, quien comprometió a la provincia en la renegociación de la deuda para que cesara el paro.
La única forma de poner fin a estas presiones que rayan en lo extorsivo es licitar el servicio de recolección de la manera más pública y transparente posible con veedores y observadores de ONG prestigiosas.
En este sentido, la comuna de Esteban Echeverría, como ya se señaló en esta columna, dio el ejemplo, al realizar una audiencia pública que proporcionó a los vecinos toda la información necesaria sobre el tema de la basura. De esa audiencia, participaron el intendente Gray y el presidente de Poder Ciudadano, Renato Meyer, además de representantes de más de 200 entidades de bien público. A su vez, Poder Ciudadano eligió a un ingeniero industrial y sanitario que actuará como "testigo social" para revisar el pliego de la licitación.
La publicidad y visibilidad de estos procesos desde el inicio hasta el fin podrían constituir un buen antídoto para intentar conjurar los manejos de quienes están acostumbrados a operar en las sombras y a usar a sus afiliados como tropas de choque.
