Madres: un escándalo para tapar otro escándalo
La estatización de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo constituiría un nuevo salvataje para seguir ocultando la corrupción
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El proyecto de estatización de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo , que obtuvo ya la aprobación del Senado y que ahora deberá debatirse en la Cámara de Diputados para convertirse en ley, viene a ratificar una vez más las oscuras estrategias de poder del oficialismo: a los amigos como Hebe de Bonafini no se los abandona nunca, siempre y cuando convenga, y especialmente mientras se los pueda ayudar con fondos públicos que salen incesantemente del bolsillo de todos los contribuyentes y de los que casi nunca se rinden adecuadas cuentas.
Así como en el caso de la empresa Ciccone se acudió a un salvataje estatal sobre la hora con la velada intención de ocultar un caso de corrupción, con el proyectado rescate al instituto de formación privada que preside Bonafini se buscaría tapar las irregularidades de la organización, al tiempo que todos los argentinos deberemos hacernos cargo de una descomunal deuda acerca de la cual probablemente nadie brindará explicaciones.
Inaugurado en 2000, el instituto educativo, que no tiene entidad académica de universidad en realidad, se halla en un estado financiero crítico , con una deuda con la AFIP calculada en más de 200 millones de pesos, que se suman a las serias sospechas de corrupción que pesan sobre la Fundación Madres de Plaza de Mayo a partir de las graves irregularidades detectadas en la construcción de viviendas populares del programa Sueños Compartidos.
Sin embargo, nada de esto ha obstado para que, anteanoche, el kirchnerismo impusiera su mayoría en el Senado: con el apoyo del Movimiento Popular Neuquino y de los peronistas disidentes Liliana Negre de Alonso y Adolfo Rodríguez Saá -curiosamente, minutos antes, en la misma sesión se había aprobado la creación de una universidad nacional en Merlo, San Luis-, la estatización fue aprobada por 39 votos a favor y 23 en contra.
Si el proyecto se convierte en ley, el instituto ni siquiera estará dentro de la órbita del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y dejará de depender administrativa y económicamente de la fundación presidida por Hebe de Bonafini, aunque permanecerán las actuales autoridades académicas y el cuerpo de profesores. Como ya se señaló desde estas columnas, ahora la entidad, cuyo objetivo es ser una "universidad de lucha y resistencia", según se autodefine en la presentación, podrá continuar con este absurdo propósito revolucionario y de prédica explícita de la violencia, pero será financiado por todos los contribuyentes.
Nada en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo ha sido hecho, entonces, en nombre de la educación, y mucho menos de la educación de calidad. Allí se dictan las carreras de Derecho, profesorado en Historia y Trabajo Social, una oferta que se encuentra fácilmente en instituciones superiores, tanto públicas como privadas, pero que en este caso preciso estará, sin duda, al servicio de un proyecto de adoctrinamiento y difusión de contenidos fuertemente ideologizados.
De acuerdo con datos aportados en la sesión por la senadora macrista Gabriela Michetti, un informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) deja constancia de "la falta de acciones e instrumentos que permitan distinguir a la universidad de la fundación"; de "la imposibilidad de obtener información rigurosa y certificada de la evolución económica" y de la baja matrícula del instituto. A partir del informe, es fácil deducir que no hay una necesidad real de proteger a esta entidad con la estatización ni de que ésta se encuentre al servicio de la promoción de la educación superior. Incluso, hasta ha perdido parte de su cuerpo docente, ya que recientemente un grupo de profesores renunciaron a sus cargos por la falta de coherencia en las políticas de derechos humanos de las Madres al apoyar al general César Milani y su designación al frente del Ejército.
Esa falta de coherencia tiene larga data y encuentra uno de sus más penosos antecedentes en la celebración efectuada por Hebe de Bonafini del atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, que la muestra como una abanderada del odio. También aparece en distintas declaraciones de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, como en una emitida en 2007 en la cual se descalificó a Jorge Bergoglio, a quien se tildó de "basura" y representante de "la dictadura", y en falsas imputaciones hechas contra el actual Papa, como la realizada por la rectora de la Universidad, Inés Vázquez, quien afirmó que "a Bergoglio le faltó bendición para proteger a sus sacerdotes jesuitas en la época de la dictadura".
Si en Diputados se aprueba el proyecto y, finalmente, la actual Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo pasa a depender del Estado, éste debería destinarle un edificio, pagar con recursos de todos los argentinos los sueldos adeudados a los profesores y las deudas con proveedores, y regularizar los títulos que actualmente deben ser homologados por universidades nacionales. Se tratará en definitiva de un "renacimiento" jurídico, un verdadero borrón y cuenta nueva. Es decir, un escándalo para tapar otro escándalo.
