Maltrato a Jeanine Áñez, en Bolivia
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El gobierno de Bolivia, liderado por Luis Arce, quien acaba de cumplir un año de mandato envuelto en protestas callejeras que ya provocaron una muerte, mantiene encarcelada desde marzo último, en la prisión de Miraflores, situada en el centro de la ciudad de La Paz, a la expresidenta Jeanine Áñez, acusada de ser responsable de un supuesto golpe de Estado que habría derivado en la caída de Evo Morales.
Hija de maestros rurales, esta abogada que alcanzó una senaduría y ejerció un gobierno de transición aceptado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y por la Unión Europea (UE), atraviesa hoy un calvario falsamente acusada por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.
En agosto pasado, un juez prolongó la “detención preventiva” de Áñez por seis meses, contrariamente a lo que establece la ley boliviana. Según los defensores de la exmandataria eso fue posible porque el proceso que se le sigue fue dividido irregularmente en dos partes.
Haber establecido dos instancias judiciales –se le ha agregado la supuesta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de los deberes– fue fundamentada por los denunciantes en que la asunción de Áñez como jefa del Estado tras la renuncia al cargo del propio Morales ocurrió sin haber sido designada por la Asamblea Legislativa.
En cambio, los defensores de la dirigente sostienen que mal podría haberse reunido la Asamblea cuando el vicepresidente de la Nación y los jefes de ambas cámaras habían renunciado. Áñez, en su carácter de vicepresidenta segunda del Senado, seguía en la línea de sucesión y el país no podía quedar sin gobierno.
El ensañamiento que viene padeciendo la expresidenta la ha llevado a reiterados intentos de suicidio, lo cual motivó el llamado a la intervención en el caso de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de conocerse una declaración sobre su situación humanitaria, firmada por una veintena de exjefes de Estado y de gobierno nucleados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas.
La salud de Áñez es en extremo delicada. Su hija denunció torturas psicológicas y emocionales que han transformado el encierro en una amenaza concreta contra su vida. Un eventual desenlace trágico, en el contexto de un proceso con claros móviles políticos, además de una aberración humanitaria, complicaría no solo a Bolivia, sino a toda la región.
El respeto a los derechos humanos, así como el acceso a tratamiento médico adecuado en condiciones dignas de detención deben estar por encima de cualquier espíritu revanchista.
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