Mendoza: la Justicia, en peligro
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LA NACION
El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, ha enviado un proyecto de ley a la Legislatura provincial para promover una reforma del funcionamiento de la Suprema Corte. La iniciativa, que podría ser tratada en las próximas horas, genera alarma y fundada preocupación tanto en sectores de la oposición como entre destacados juristas y ex miembros de ese tribunal.
En los últimos períodos, el del gobernador kirchnerista Francisco Pérez y los dos de los radicales Alfredo Cornejo y Suárez, se ha postulado a personas de clara filiación partidaria para integrar la Corte provincial. Estos últimos, incluso, nominaron a sus propios ministros de gobierno. El gobernador Cornejo buscó, además, ampliar la Corte de siete a nueve jueces, tentativa frustrada en la Legislatura. El resultado de las designaciones de estos últimos tres gobernadores es un tribunal donde los fallos son justificadamente sospechados de parcialidad facciosa.
Las suspicacias aumentan porque la integración de los organismos de control prescinde de personas independientes y evita la postulación de miembros de la oposición.
Como si esto fuera poco el gobernador intenta una reforma de la Constitución provincial que pretende introducir para la elección de la Legislatura un sistema mixto de representación cuyo resultado aseguraría mayorías hegemónicas al gobierno de turno, como sucede en las provincias donde imperan oligarquías autocráticas.
La Corte mendocina actúa en las controversias institucionales y, como tribunal de casación, en materia civil, comercial, penal y laboral; a tal efecto, está dividida en dos salas. En una predomina el oficialismo y en la otra, la oposición. Ese es el resultado de malas designaciones. La intención del gobierno es la eliminación de las salas para contar con una mayoría automática, según denuncian autorizadas voces que no pueden ser tildadas de filiación opositora.
La doctora Aída Kemelmajer, ex integrante de la Corte de Mendoza y jurista cuyo prestigio trasciende los límites de la provincia, ha afirmado que “el Poder Ejecutivo da la imagen de tener en la Corte jueces de su confianza con quienes consulta” y que el proyecto del gobernador “afecta la independencia de la Justicia”.
También se expresó contrario a la iniciativa el doctor Alejandro Pérez Hualde, ex presidente de la Corte provincial, quien recordó la pérdida paulatina de prestigio de la Corte por las designaciones de los últimos tres gobernadores. Señaló, además, que durante muchos años los fallos no respondían a filiaciones partidistas de los jueces ni había dudas sobre su independencia.
Pérez Hualde advirtió sobre la posible falta de transparencia de los sorteos de las causas judiciales, como sucedía en la Justicia Federal de Comodoro Py cuando todas las causas que le interesaban al Poder Ejecutivo nacional siempre recaían en el juzgado del tristemente recordado Norberto Oyarbide. Tambíén criticó la propuesta de crear un cargo de administrador general del Poder Judicial, sin acuerdo del Senado y sin obligación de ser abogado, con atribuciones que afectan las inherentes al Poder Judicial, y dándole además indebida injerencia al Ejecutivo.
Distintos voceros señalaron las contradicciones del radicalismo mendocino, que en el orden nacional se ha opuesto a los intentos del gobierno de Alberto Fernández de colonizar la Justicia, pero que en la provincia incurre en las mismas prácticas nefastas, impropias de una república democrática.
Mendoza ha sido un ejemplo para el país por su firme límite a las reelecciones y al nepotismo. A la restricción de la reelección inmediata del gobernador o sus familiares directos, vigente desde 1895, se sumó en el gobierno de Cornejo la limitación de los mandatos de los intendentes. Es de lamentar que con este proyecto, como con las designaciones en los organismos de control, se inicie un paulatino proceso de deterioro institucional promovido por una fuerza política que integra la coalición opositora a nivel nacional, que se dice preocupada por frenar los persistentes ataques a las instituciones y a la división de poderes que desde el gobierno nacional se promueven sin vergüenza y sin cesar.
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